POSADAS. El caso por la muerte de Mario Maidana (30), ocurrido en el barrio “La Favelita” (Chacra 159), sumó otra arista en las últimas horas con la presentación de la ONG Pensamiento Penal, que sostiene que para que no sufran más daños los hijos de la imputada Norma B. (29) –pareja de la víctima-, ella debería cumplir con la prisión preventiva en su vivienda. Hace 20 días que Norma está detenida por orden del juez Ricardo Balor y no le permiten amamantar a su bebé.

Según explicó Gabriela Stefani, de la citada ONG, el pedido es una sugerencia basada en las Reglas de Bangkok de 2011, que se centran en la situación de madres lactantes y madres criminalizadas, reglas de Bangkok. También se tiene en cuenta los derechos de los niños, puesto que los hijos de Norma están sufriendo de alienación parental mientras continúa la investigación penal. La mujer está imputada de “homicidio agravado por el vínculo”.  

“Como comisionada y representante de un organismo de defensa de los derechos humanos, no entro a analizar cuestiones de la causa”, aclaró Stefani, quien insistió en que “el contexto covid también se suma y hace cobrar importancia” al pedido de la prisión domiciliaria. “El comité nacional de prevención de la tortura hizo una recomendación para que se tomen medidas alternativas en casos de madres (criminalizadas) con niños. Esto no implica que la persona no cumpla con su condena, pero de una forma alternativa”, detalló.

La visibilización de los niños de la acusada

Según Stefani, la presentación de Pensamiento Penal “tiene que ver con el resguardo de los derechos de ambas partes (de la madre y los niños). Como es un hecho grave, de un supuesto homicidio, puede haber una negativa”, agregó Stefani. “Si bien están los tratados y convenciones internacionales, no hay una ley provincial que diga que la situación del niño tiene que estar resuelta antes de que la madre vaya presa. De esta manera se visibiliza el niño, que tiene que tener contacto con su madre, más allá de la suerte (penal) de ella”, puntualizó.

De acuerdo con Stefani, los casos de “mujeres que amamantan y están privadas de su libertad” son “muy aislados”. “Y pedí que esa madre pueda amamantar, bajo los cuidados correspondientes”, subrayó la integrante de la ONG Pensamiento Penal.

Para Stefani, tras charlas con diversas especialistas, sería interesante modificar el Código Procesal Penal de la provincia y adecuarlo a Tratados como el de Bangkok y los referidos a los Derechos de los Niños, que tienen rango constitucional desde 1994. La idea es que el Código “brinde una protección a los niños al momento de la detención de los padres, sea padre o madre. Y que haya una obligación (sobre la situación de los hijos/as) al momento de plantear la detención”, sostuvo.