Según voceros judiciales, el Tribunal Oral Federal 3, integrado por los jueces Andrés Basso, Fernando Machado Pelloni y Javier Ríos, fijó el inicio del debate para las 9.30 en el edificio de Comodoro Py 2002 de Retiro y se estima que habrá audiencias todos los miércoles subsiguientes en el mismo horario, para lo cual ya fueron citados 114 testigos.

Por ese motivo, se estima que el debate oral podría extenderse alrededor de un año.

Un grupo de imputados profundizaba las tratativas con el fiscal de juicio Juan García Elorrio para acordar penas a cambio de confesar en un juicio abreviado, informaron las fuentes.

Se trata de Teodoro López, Juan Vicente Galeano, Sergio Alfonzo, Alejandro Piris, Mario Molina, Eduardo Correa, Franco Rodríguez, Federico Marín y Jorge “Chaquito” Espinosa.

Los 26 imputados formarán parte de este primer juicio oral, en tanto que posteriormente serán enjuiciados otros implicados que también se hallan detenidos o involucrados en causas conexas.

Todos están acusados de “asociación ilícita en concurso real con el delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes -en la modalidad de comercio-, agravado por haberse servido de menores de 18 años y por la intervención de funcionarios públicos”.

La investigación comenzó en 2014 y el “Operativo Sapucay”, en el que intervinieron unos 600 gendarmes, se realizó en 2017 por orden del juez federal Sergio Torres.

El magistrado buscaba saber cómo se abastecían las bandas de narcomenudeo de la ciudad de Buenos Aires y de ahí llegó a la localidad de Itatí, de sólo 8000 habitantes, donde operaban tres organizaciones que trasladaban toneladas de marihuana desde distintos puntos del país.

Además de Terán y el viceintendente, Fabio Aquino, serán juzgados efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA), jefes policiales y agentes, miembros de la Policía Federal Argentina (PFA) y el segundo comandante de la seccional local de Gendarmería Nacional, entre otros.

Cuando la causa fue elevada a juicio, se dio por probado que Terán y su vice “se encargarían de coordinar parte de las maniobras destinadas a la movilización de los narcóticos y de oficiar a favor de los miembros de la asociación para lograr su impunidad” y también se dedicarían a “movilizar el dinero obtenido como consecuencia del accionar delictivo para mantener su vigencia”.

Las maniobras comenzaron en mayo de 2014 y se determinó que la marihuana provenía en “panes” o “ladrillos” por vía fluvial desde Paraguay, para luego ser distribuida en la Capital Federal y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero y Mendoza.

Durante la investigación se estableció que la droga era comprada en la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero, de allí trasladada a Itá Cora y se cruzaba a Itatí en balsas por el río Paraná.

Una vez del lado argentino, la banda usaba a chicos en edad escolar para descargar las lanchas, luego colocaba la droga en autos y las llevaba a los compradores.

La organización estaba dividida en tres células y los cabecillas de cada una de ellas eran Carlos Bareiro, preso en Chaco desde antes por otra causa; Federico Marín y Luis Alberto Saucedo, alias “El Gordo”; por quien el Ministerio de Seguridad ofrece una recompensa de 1.500.000 pesos.

El dinero obtenido de comercialzar la droga era “lavado” mediante la compra de viviendas y vehículos, que eran puestos a nombre de terceros con cédulas verde que autorizaban el manejo por parte de sus reales propietarios.