El fallo de la magistrada Yamile Bernan recayó sobre el oficial inspector Esteban Ramírez (42), quien seguirá imputado del “homicidio perterintencional” de Jorge Martín Gómez (41), delito que prevé una pena de entre tres y seis años de cárcel.
Fuentes judiciales informaron a Télam que en la misma resolución la jueza le trabó al acusado un embargo de dos millones de pesos sobre sus bienes.
Al sostener la calificación legal, la magistrada consideró que no hubo un “exceso en el cumplimiento de un deber” de parte del policía Ramírez, sino una conducta irresponsable que terminó con la muerte de Gómez.
Sin embargo, para la jueza el efectivo sí se “excedió” respecto de lo que marca el protocolo de la fuerza para reducir a un sospechoso, incluso armado con un cuchillo, como en este caso.
Según las fuentes, Bernan sostuvo que, si bien aun no se cuentan con los resultados de los peritajes toxicológicos para determinar si Gómez se encontraba al momento del hecho alcoholizado o bajo los efectos de drogas, se recolectaron evidencias de que la víctima padecía un estado alterado de la conducta.
Y en ese sentido señaló que dicha circunstancia lo hacía aún más vulnerable al acto de violencia que fue la patada en el pecho que le aplicó el policía.
Por su parte, el oficial inspector Ramírez permanece en libertad ya que el 21 de agosto pasado la misma jueza Bernan le otorgó la excarcelación bajo caución juratorio por entender que no existían riesgos procesales de fuga ni de entorpecimiento de la investigación.
Pero esta decisión fue apelada al día siguiente por la fiscal en lo Criminal y Correccional 32, Ana Yacobucci, quien consideró que esa resolución “era prematura” en esa instancia del proceso judicial y porque el imputado, al ser policía, podía “entorpecer la investigación”.
Ahora será la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional la que deberá resolver si mantiene la excarcelación dispuesta por la magistrada o la revoca.
Tras la difusión pública de lo ocurrido, Amnistía Internacional condenó el episodio y llamó “a las autoridades a adoptar las medidas necesarias para investigar los hechos y en base a ello determinar las responsabilidades en el caso”.
En tanto, Legislatura porteña se aprobó un pedido de informes para que el Gobierno de la Ciudad responda en qué dirección presta servicios Ramírez, en qué circunstancias actuó, cuál es el protocolo de actuación de la fuerza policial y qué medidas se van a adoptar ante el suceso.
El hecho ocurrió el 20 de agosto último, alrededor de las 7.20, en Carlos Calvo al 2600, casi esquina Saavedra, donde Gómez interrumpía el tránsito.
La situación fue denunciada primero por la pasajera de un colectivo, quien llamó al 911 para alertar que un hombre “drogado y con un cuchillo” no dejaba proseguir la marcha del transporte y golpeaba la carrocería.
Luego, el chofer de la unidad advirtió a una oficial de la Policía de la Ciudad lo que sucedía, por lo que ésta se aproximó al lugar donde el hombre interrumpía el tránsito y amenazaba a automovilistas.
La policía le dio la voz de alto, aunque el sospechoso con un arma blanca en la mano avanzó hacia ella, por lo que de inmediato pidió apoyo.
Según se ve en las imágenes de una cámara de seguridad, poco después llegaron al lugar dos policías en motocicleta, quienes se acercaron a Gómez cuando ocultaba sus manos en la espalda.
Al ver que no deponía la actitud, uno de los efectivos se le acercó y le lanzó una patada en el pecho, a raíz de la cual el sospechoso cayó desvanecido boca arriba sobre el asfalto.
El herido fue trasladado al hospital Ramos Mejía, donde murió poco después, mientras que el policía quedó inicialmente detenido.
Por su parte, los peritos del Cuerpo Médico Forense determinaron que la víctima murió como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico que sufrió al caer de espaldas sobre el asfalto.
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