BUENOS AIRES. En un debate con fuertes cruces a tan solo cinco días de las PASO, Cambiemos logró avanzar, en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, con el proyecto de ley de “ficha limpia”, que impide ser candidatos a quienes carguen con una condena ratificada en doble instancia por delitos de corrupción.
La iniciativa obtuvo dictamen de mayoría en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, donde algunos integrantes del oficialismo firmaron en disidencia. La discusión quedó abierta y el texto podría sufrir cambios en el recinto, según adelantó el conductor del debate, Pablo Tonelli (Pro).
Durante el plenario, la oposición se descargó contra Cambiemos por la oportunidad del debate a escaso tiempo de las primarias. Graciela Camaño (Consenso Federal), Emilia Soria (Frente para la Victoria-PJ) y Pablo Kosiner (Justicialista) levantaron quejas y exigieron debatir proyectos vinculados a la agenda económica y social.
Las críticas no impidieron al interbloque oficialista avanzar con el dictamen, aunque en la previa tuvo que echar mano a una maniobra ya extendida en la Cámara y cambió a tres de los integrantes de las comisiones para garantizar la asistencia perfecta. Así, Marcelo Monfort ingresó por Mario Negri; Albor “Niky” Cantard por Miguel Nanni; y Jorge Enriquez por Lucas Incicco.
El debate en Comisión
El debate giró en torno al grado de la sentencia que impediría a una persona ser candidata. El oficialismo respetó lo acordado en un borrador previo y estableció que la prohibición “se extenderá desde que exista sentencia condenatoria confirmada en segunda instancia del proceso hasta su eventual revocación posterior o bien hasta el cumplimiento de la pena correspondiente”.
Sin embargo, tanto Silvia Lospennato (Pro) como Brenda Austin (UCR) propusieron que el impedimento comience a regir con una condena en primera instancia, tal como se había consensuado en un dictamen que se firmó en 2017, pero que no llegó al recinto y perdió estado parlamentario. En cambio, Camaño y Kosiner avalaron el doble conforme.
El otro de los ejes de la discusión fue los delitos que estarán contemplados. El dictamen incluyó solo los delitos contra la administración pública, incorporando un inciso al artículo 33 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos (23.298).
Según Parlamentario, de esta forma, quedaron contemplados los delitos de cohecho y tráfico de influencias; malversación de caudales públicos; negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública; exacciones ilegales; enriquecimiento ilícito; encubrimiento; fraude en perjuicio de la administración pública; traición y delitos que comprometan la paz y dignidad de la Nación.
Los planteos del oficialismo
Esto también despertó diferencias. El salteño Kosiner, que firmó su propio dictamen, propuso incorporar los delitos de lavado de dinero y contra el orden constitucional. En tanto, la kirchnerista Soria planteó los delitos del Código Aduanero, los delitos contra el orden económico y financiero y los previstos en el Régimen Penal Tributario. Sugirió, por último, que los tenedores de dinero en sociedades offshore tampoco pueden ser candidatos.
Al abrir el debate, Tonelli aclaró que la ley regiría a partir de 2021 y citó antecedentes para fundamentarla, entre ellos el del expresidente Carlos Menem, cuando en 2017 la Cámara Nacional Electoral lo inhabilitó para competir como senador nacional por la condena en la causa por contrabando de armas, pero la Corte Suprema revocó esa decisión, “por razones procesales más que por razones de fondo”.
Lospennato, por su parte, se adelantó ante un posible planteo de inconstitucionalidad de la ley y recordó que Horacio Rosatti, actual ministro de la Corte y exconvencional constituyente en 1994, defendió en esa oportunidad el nuevo artículo 36 de la Carta Magna, que con este proyecto se busca reglamentar, justo cuando se cumplen 25 años de la reforma.
La radical Austin añadió otro argumento en defensa de la ley: precisó que la Ley de Empleo Público prohíbe ocupar cargos a personas con un proceso penal abierto por delitos contra la administración, y en contraposición “sus jefes condenados pueden ser candidatos”. “Esto es una violación de la igualdad ante la ley”, consideró.
