POSADAS. Conocido el anuncio del presidente Alberto Fernández, respecto del envío de un proyecto de legalización del aborto al Congreso de la Nación, la referente del Polo Obrero (oficialista), Virginia Villanueva, advirtió sobre los nexos del gobierno K con la Iglesia y las posibles deformaciones del proyecto de IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo), que “es producto de la conquista de las mujeres en la calle”.

El gobierno “mantiene lazos estrechos con la Iglesia para la contención social, para la resignación y para que la gente no vaya a la calle”, lanzó Villanueva, quien aseguró que conoce esto porque milita en una organización para el reconocimiento de los derechos de los desocupados.

“Desconocemos el proyecto que está armando el gobierno, pero defendemos el proyecto de la campaña (nacional por el aborto legal seguro y gratuito). Que (el aborto) sea (legal) hasta las 14 semanas”, puntualizó Villanueva, al tiempo que pidió que “se termine con la judicialización” de los casos de aborto no punible.

“Tenemos que reforzar más la lucha. Desde que llega un proyecto al congreso, hasta que podamos ir al hospital público, van a pasar muchas cosas. Hoy no hay antipiréticos en las guardias médicas, no entregan medicamentos en consultorios externos, y se trata de derechos que no están cuestionados”, puntualizó la dirigente trotskista.

El problema de la objeción de conciencia institucional

Por otra parte, Villanueva alertó sobre el derecho a la objeción de conciencia, como una maniobra de la Iglesia para conculcar el derecho a la IVE. “En todas las guardias no hay un solo médico que no sea objetor. ¿Qué va a pasar en los pueblos donde hay un solo médico? La objeción de conciencia no puede ser institucional y se tiene que garantizar que haya un profesional que esté de acuerdo (con la IVE)”, pidió la dirigente del PO (oficialista).

“La objeción de conciencia es una avanzada de la Iglesia que fue a escrachar a médicos que hacían abortos. No queremos injerencia de la Iglesia en los consejos de ética de hospitales públicos y en las universidades”, expresó la dirigente, al tiempo que añadió que también las obras sociales deberían garantizar el acceso al aborto. “Se tiene que garantizar en los hospitales, pero que también esté en el nomenclador en las obras sociales”, remató.

Villanueva llamó a las movilizaciones de mujeres previstas para el 8 y 9 de marzo, para conseguir que el proyecto que se apruebe, sea el consensuado en el marco de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito.