BUENOS AIRES. El gobierno de Alberto Fernández le cerró la puerta a la posibilidad de un indulto o una ley de amnistía para ex funcionarios kirchneristas implicados en causas por corrupción, porque en el Frente de Todos dan por descontado que esa decisión los perjudicaría en las elecciones legislativas de Octubre.

“El kirchnerismo silvestre, alejado del poder, puede plantear lo que se le ocurra. Pero los sectores más políticos del kirchnerismo saben que no hay chances de ganar las elecciones si el Gobierno indulta o amnistía a los acusados de corrupción”, dijo a A24.com un funcionario legislativo del kirchnerismo duro.

Según publica este portal, al “kirchnerismo silvestre” lo componen el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex vicepresidente Amado Boudou, el ex juez de la Corte Suprema Raúl Eugenio Zaffaroni, el ex piquetero Luis D’Elía y la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini. Todos ellos, de manera diversa, plantearon que los ex funcionarios condenados por corrupción, son “presos políticos”. Y que el gobierno de Alberto debería asegurar su liberación.

Los reclamos del kirchnerismo duro

De hecho, Zaffaroni y Bonafini habían propuesto la amnistía para Boudou, condenado por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles por quedarse con la calcográfica Ciccone a través de testaferros. Pero también solicitaron un indulto para la dirigente jujeña Milagro Sala, de la agrupación Tupac Amaru, presa por el millonario desvío de fondos para viviendas sociales.

Sin embargo, el presidente Alberto Fernández y luego el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, descartaron beneficiar con un perdón a los condenados que se consideran “presos políticos” y víctimas del “lawfare”, una supuesta persecución judicial y mediática.

Ante esa discrepancia, De Vido y D’Elía atacaron con severidad en diversos tuits a Massa. “El Gobierno y el kirchnerismo más político sabe que si hay ruptura con Massa, y más por este tema, perdemos las elecciones. Por eso Cristina y Máximo Kirchner cuidan esa relación como propia”, señalan en el kirchnerismo según A24.com.

En este sentido, la preocupación de la ex presidenta Cristina Kirchner es extrema. Es que afrontará en 2021, en plena campaña electoral, dos juicios orales por las causas de posible lavado de dinero en los hoteles Los Sauces y Hotesur y por encubrimiento al atentado a la AMIA. El empresario ultra K Lázaro Báez tendrá su juicio oral en la causa de lavado en “La Rosadita”, más conocida como “La ruta de dinero K”.

Sin chances de imponer la Reforma Judicial

Asimismo, el año electoral dificultará también la sanción de leyes de control del Poder Judicial, que habían ideado en el Instituto Patria para aliviar la situación de la vicepresidenta en los tribunales. Por ejemplo, en el Parlamento aseguran que casi será imposible sancionar la Reforma Judicial que crearía más tribunales federales, jueces y fiscales, para así licuar el poder de los magistrados federales de Comodoro Py.

También dan por caída la ley de Ministerio Público para reformar el sistema de designación del Procurador General de la Nación. El Presidente nunca estuvo de acuerdo con modificar ese sistema: su intención es lograr que Daniel Rafecas sea designado como Procurador con los dos tercios de los votos del Senado. Y no con una simple mayoría absoluta como dispone ese proyecto para facilitar el trámite. Sin los dos tercios, el Procurador nacería debilitado políticamente.

“Esas leyes no llegaron a la Cámara de Diputados por falta de número para aprobarlas. Es casi imposible que ahora lo tengan en pleno año electoral”, señaló un operador K.

Proyecto para crear un tribunal intermedio por debajo de la Corte

En cambio, Alberto Fernández impulsará un proyecto de ley para crear un tribunal intermedio paralelo a la Corte Suprema de Justicia para aliviar la carga de expedientes del máximo tribunal. Ese tribunal podría buscar el control de la última instancia judicial, y así tener mayor injerencia en el avance o no de las causas.

Ese proyecto podría trasponer el Congreso, aunque no es seguro. Pero una ley de amnistía para los ex funcionarios procesados o condenados sería imposible. “Esto nos rompe el bloque en dos porque la mayoría de nuestros propios diputados no la votarían, porque pierden en sus provincias”, señalan en la bancada del Frente de Todos. Y el Presidente tampoco podría hacer uso de su facultad constitucional de indultar a los condenados como Julio De Vido o Milagro Sala. Perdería toda legitimidad política. Por lo tanto, esa salida está totalmente descartada.

La pérdida del voto de los sectores moderados

Varias encuestas que maneja la Casa Rosada, muestran que el Frente de Todos está perdiendo el voto de los sectores medios que lo apoyaron en las presidenciales de 2019. Alberto Fernández y Massa representaban a esos sectores medios a los que Cristina Kirchner fue a buscar para ganarle a Juntos por el Cambio con el voto moderado.

“Un indulto de Alberto o una ley de amnistía sancionada por Massa en Diputados sería una cachetada a esos sectores medios que se terminarían de ir. Esos sectores votaron al Frente de Todos porque estaban Massa, Alberto y los gobernadores que expresaban independencia del kirchnerismo y las denuncias de corrupción. Perderíamos en las urnas”, señaló un kirchnerista puro.

Y hoy la necesidad perentoria consiste en ganar las elecciones legislativas de octubre. Al contrario, sin un triunfo electoral, no se consolidaría la gobernabilidad. Y las causas judiciales de todos, Cristina y sus ex funcionarios, se complicarían aceleradamente. En el gobierno sospechan que los jueces apuran sus procesamientos o condenas ante la debilidad política de los acusados.