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Allegados al alcalde Max ¿implicados en presunta defraudación?

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Familiares y allegados al alcalde de Mártires, aparecen como “damnificados” de un grupo de maleantes dedicado a estafas con autos en depósito judicial. Pagaron más de $150 mil por vehículos de alta gama pero no está claro de dónde sacaron el dinero.

Allegados al alcalde Max ¿implicados en presunta defraudación?

MÁRTIRES. Un escándalo político y policial de ribetes dantescos explotó esta semana en la pequeña comuna conducida por el alcalde renovador Clemente Max, dejando al desnudo la escasa calidad institucional de un pueblo renovador en el que, como ocurre con otras pequeñas comunas, la suma del poder público está concentrada en un puñado de familias y/o caudillos.

El pasado 19 de junio cayó la “banda del fiscal federal”, un sujeto que armó una cadena de defraudaciones con la venta de autos de remate judicial. Entre los estafados estarían el tesorero de Mártires, dos concejales y tres empleados cercanos al alcalde Max. Se sospecha que utilizaron fondos públicos para pagar los autos de alta gama y los camiones que nunca llegaron.

Las investigaciones judiciales que lleva a cabo el juzgado de Instrucción Dos de Posadas, avanzaron en la detención de varios estafadores –uno de los cuales se hacía pasar por “fiscal de la Nación”-, de una organización criminal que decía conseguir “autos en depósito en judicial” a precios irrisorios. Luciano Méndez, sería quien se hacía pasar por el “fiscal Méndez”, para así defraudar a compradores “de buena fe” de autos de alta gama, a una décima de su precio de mercado.

Los damnificados y el misterio del dinero para comprar autos

Uno de sus principales contactos en la intendencia de Mártires, es el también detenido, Ángel del Rosario Candia, más conocido como “Chaio”. Resulta de este hombre es el hermano del tesorero municipal, Rafael Candia, la mano derecha del intendente Max.

Este “fiscal” Méndez, Candia y otro tercer sujeto fueron detenidos en Posadas acusados de orquestar maniobras de estafa en la venta de automóviles, ardid mediante el cual habrían alcanzado a damnificar a una decena de compradores de Mártires.

El caso se mantenía bajo siete candados en la mesa chica del mandamás del pueblo, en Mártires, cuando el propio Max descubrió la impaciencia de varios de sus “colaboradores” que se habían prestado a ser parte de una compra masiva de coches a un sospechoso precio. Por ejemplo, el “Fiscal Méndez” cobró por lo menos, $150 mil por tres vehículos de alta gama.

Sin embargo, el “fiscal” nunca apareció con los vehículos. Ello tras haber recibido pagos de varios funcionarios y empleados de confianza del Intendente Max. Muchos de los cuales están con sueldos que no llegan al salario mínimo vital y móvil.

Las sospechas sobre algunos de los implicados

Hay muchos detalles que generan dudas en las autoridades judiciales. Entre los presuntos damnificados aparecen el propio intendente Max con la compra de tres vehículos de alta gama; su hermano Rogelio Max –uno de los denunciantes-, y esposo de la edil Benítez, con el pago de un importante adelanto por un camión con acoplado; otros dos concejales del oficialismo; el tesorero Candia y tres empleadas de confianza del alcalde de Mártires. Por lo pronto, Candia sigue en su cargo, mientras que su hermano el presunto estafador, está tras las rejas.

Pero la cuestión no quedó allí, y pronto adoptó ribetes dantescos. Es que un grupo de vecinos del pueblo decidieron presionar al Concejo Deliberante para que pida explicaciones sobre el origen del dinero con los que funcionarios y empleados con sueldo mínimo, pagaron por vehículos de alta gama en depósito judicial.

¿Destitución por pedir informes al Ejecutivo Municipal?

Así, el viernes 26 de Junio, un nutrido grupo de vecinos fue hasta el Concejo pedir “explicaciones” sobre el uso del dinero público en la cadena de estafas. En este contexto, el cuestionado concejal del Pro, Hugo Amílcar Cabrera, tristemente célebre por sacarse una foto semidesnudo con dinero en efectivo -y a pesar de ello, fue reelecto-, elevó un pedido de informe al Intendente Max sobre las sospechas del caso.

Como respuesta a ese pedido, Cabrera, quien solía ser el “operador de las sombras” de los asuntos clientelares del alcalde renovador, recibió la suspensión en el cargo por 30 días. Seguramente avanzará el proceso para su destitución en el cargo. Es que el Concejo tomó una vieja denuncia contra Cabrera por manejo espurio de planes sociales, para avanzar en la suspensión que muchos sospechan fue una represalia a su pedido de informes.

De hecho, el mismo Concejo había desestimado las denuncias que ahora aceptaron para suspender y, a posteriori, destituir al edil. Justamente cuando Cabrera se hace eco de un pedido de los vecinos para transparentar el manejo de las arcas públicas.

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