La ONG internacional emitió un comunicado este jueves en el que destaca el pedido de información a la Jefatura de Gabinete de la Nación, al Ministerio del Interior y a la Cancillería, también la solicitud de una reunión con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y con el ministro de Interior Eduardo “Wado” de Pedro para “dialogar y brindar aportes desde una perspectiva de derechos humanos”.

“Desde el inicio de la pandemia, Amnistía Internacional documenta las iniciativas implementadas para frenar la propagación del virus, con el objetivo de garantizar que se ajusten a los estándares internacionales de derechos humanos. En la actualidad, la organización está relevando los casos de diferentes personas varadas en el extranjero para conocer el impacto en sus derechos y remitirá esa información a las autoridades”, señala el comunicado.

Y agrega que “el derecho internacional prevé excepciones a la libertad de circulación para proteger la salud pública en situaciones extraordinarias”, pero cualquier medida de este tipo debe ser “proporcionada, estrictamente limitada y necesaria, y no debe perpetuarse indefinidamente en el tiempo”.

El pasado 26 de junio, el Gobierno dispuso un cupo de 600 plazas diarias para el reingreso al país de argentinos y residentes que se encuentren en el exterior, a través de vuelos de pasajeros, para prevenir el ingreso de nuevos casos de la variante Delta de la Covid-19, mientras avanza la campaña de vacunación.

En su pedido de información, Amnistía pidió conocer “cuáles son los criterios sanitarios para la disposición del cupo de seiscientas plazas diarias”, también la “cantidad de personas que fueron afectadas por la imposibilidad de regreso al país” y las medidas dispuestas por las autoridades, tales como asistencia económica, vuelos de repatriación, entre otros.

Según la información oficial, al menos 10.000 personas salieron del país la semana previa a la implementación de la medida.