GINEBRA, SUIZA. Este miércoles fue presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el nuevo informe de la Alta Comisionada Michelle Bachelet, que denuncia la falta de independencia judicial en Venezuela y los crímenes que cometen grupos armados en la zona minera de ese país, llamada el Arco Minero del Orinoco. 

En el diálogo interactivo de países, la delegación de Argentina expresó “profunda preocupación” por la situación de los derechos humanos en Venezuela y por la grave crisis política, económica y humanitaria que padece el país.

“Sólo el orden constitucional, la democracia y el estado de derecho harán posible garantizar el pleno respeto y ejercicio de todos los derechos humanos en Venezuela. En este sentido, nos hacemos eco del reciente llamado de la Alta Comisionada en favor de una negociación política inclusiva, basada en los derechos humanos y en la restitución de los derechos políticos”, dijo el representante de Argentina.

El diplomático dijo que la región está llamada “a incrementar los esfuerzos para encontrar una salida pacífica, política y negociada a esta grave crisis multidimensional, liderada por los propios venezolanos a través de elecciones inclusivas, transparentes y creíbles”.

Además, instó al régimen de Nicolás Maduro a cooperar plenamente con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y sus mecanismos, y a implementar las recomendaciones hechas por la Alta Comisionada en su informe.

En la sesión también participaron representantes de Uruguay, España, Portugal, Australia, Francia, Japón, la Unión Europea, Perú, Brasil, Croacia, Colombia, República Checa, Luxemburgo, Dinamarca, Países Bajos, Austria, Ecuador, Suiza, Eslovenia, Alemania, Reino Unido y Georgia, entre otros, quienes condenaron los abusos del régimen de Nicolás Maduro y su pretensión de realizar elecciones parlamentarias fraudulentas con un Consejo Nacional Electoral impuesto inconstitucionalmente.

Torturas y tratos crueles

El documento de la Alta Comisionada de la ONU detalla que su oficina documentó 16 casos de tortura o malos tratos cometidos entre junio de 2019 y mayo de 2020. “El número real podría ser significativamente más elevado en vista de los patrones de desapariciones forzadas por un breve periodo de tiempo, detenciones arbitrarias y prisión incomunicada, los cuales suelen aumentar el riesgo de tortura y malos tratos”, señala.

Uno de los casos de tortura reseñados es el del Capitán Rafael Acosta Arévalo, quien murió el 29 de junio de 2019 mientras se encontraba en custodia de las fuerzas de seguridad. “La autopsia reveló que había sufrido múltiples golpes. Tenía hematomas, heridas y quemaduras en varias partes del cuerpo, así como 15 costillas rotas y fracturas en la nariz y el pie derecho”, detalla el informe. 

Bachelet también expresó su preocupación por el uso de la justicia militar en contra de civiles en Venezuela, y por la instalación de tribunales contra el terrorismo para juzgar casos de relevancia política.

Además, denunció la falta de independencia judicial, socavada por la inseguridad en la titularidad de los jueces, la inexistencia de un proceso transparente para su designación, la presión política que se ejerce sobre ellos con amenazas de despidos, la precariedad de sus condiciones de trabajo y las restricciones a su libertad sindical.

El caso del Arco Minero del Orinoco

La expresidenta de Chile acusó al régimen de haber designado como magistrados del Tribunal Supremo a personas que militan en el partido de gobierno y que no cumplen con los requisitos mínimos establecidos en la Constitución; y la imposición de un Fiscal General mediante procedimientos irregulares.

Respecto al Arco Minero del Orinoco, una superficie de 111.844 kilómetros cuadrados equivalente al 12% del territorio venezolano, que ha sido declarada como zona estratégica por el régimen de Nicolás Maduro; la Alta Comisionada de la ONU denunció el control que ejercen grupos delictivos organizados o elementos armados que imponen el terror en la zona.

“Estos elementos armados usan la violencia para ejercer control sobre las zonas mineras. Las personas entrevistadas indicaron que quienes no acatan las reglas impuestas por estas bandas y grupos son objeto de castigos corporales. Entre los ejemplos recolectados para el período 2018-2020 se incluyen los siguientes: un minero fue golpeado en público por robar un cilindro de gas; a un joven le dispararon en ambas manos por robar un gramo de oro; una mujer fue apaleada por robar un teléfono a un miembro del sindicato, y a un minero le cortaron una mano por no declarar una pepita de oro”, reseña el informe.