[vc_row][vc_column][vc_column_text]En el 2015, el presidente de la asociación que nuclea a los institutos privados de educación, Luis Bogado, denunció al Soeme (sin presencia en la provincia) en el Ministerio de Trabajo de la Nación por iniciar “juicios contra decenas de escuelas de gestión privada” y por valerse de “documentación falsa”.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”153465″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]El diario La Nación reveló este sábado que Marcelo Balcedo desde hace al menos dos años, comenzó a emplazar con cartas documento del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme) a escuelas privadas de Misiones, Córdoba y Entre Ríos.

Según señaló el diario metropolitano, el Soeme basaba sus envíos en una resolución de la AFIP que determina índices medios de trabajo para las actividades no docentes que se desarrollan en las escuelas privadas; es decir que estima cuántos trabajadores destinados a tareas de limpieza, maestranza y administración deberían tener esas entidades en función de la cantidad de alumnos.

El informe destaca que en Misiones, a mediados de 2015, el presidente de la asociación que nuclea a los institutos privados de educación, Luis Bogado, denunció al Soeme (sin presencia en la provincia) en el Ministerio de Trabajo de la Nación por iniciar “juicios contra decenas de escuelas de gestión privada” y por valerse de “documentación falsa”.

A varias instituciones les embargaron las cuentas por lo que Bogado presumió que “actuaban con la complicidad de un juez”. El “acoso” fue tal que las entidades elaboraron un anteproyecto de ley para un régimen laboral específico para el personal no docente de escuelas de gestión privada.

En Córdoba

En la provincia mediterránea se conocieron dos casos de presunta extorsión. Silvia Cantón, dueña de un jardín de infantes en la capital cordobesa, recibió una carta documento en 2015 reclamándole $45.000. Interpretó que se trataba de un error porque no tenía ningún vínculo con el sindicato y tampoco personal de maestranza o portero que pudiera estar afiliado. Al tiempo llegó otra carta en la que se la acusaba de no dejar ingresar una inspección.

“La supuesta inspección había sido el 5 de marzo de 2015 y estoy segura de que nadie intentó hacerla porque era el comienzo de clases y estamos muy atentos a los movimientos. A la carta la firmaba un tal Cabral, sin datos de matrícula ni nada. Tampoco el nombre del jardín, sólo mi CUIL. Pedían datos como, por ejemplo, la nómina de los alumnos. Una locura”, relató Cantón a La Nación.

El segundo caso se trata de la escuela de educación especial Fray Mamerto Esquiú, que está ubicada en la localidad de Oncativo, que trabaja con 50 chicos con capacidades especiales y 30 adultos en un taller.

El apoderado de la Asociación de Padres, Rubén Capodaqua, señaló al medio cordobés Cadena 3 que desde el año 2014 recibían una extorsión de parte del sindicalista.

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Deuda que no existía

“En 2014 se plantea la obligación que nosotros paguemos a un gremio, que era Soeme, un porcentaje por tener portero y personal de servicio, y no tenemos ni portero ni personal de maestranza y servicio en la asociación”, afirmó.

En este sentido, agregó: “Lo hacen en parte los padres y en parte nosotros como podemos, o contratamos a quien nos limpie y ordene, porque aparte de tener discapacidad, trabajamos con gente carenciada”.

“A partir del momento en que no nos presentamos al juicio por distintos factores, estos accionaron. Se llevó adelante sin nuestra presencia y nos notificaron que nos embargaron la cuenta a sueldo”, sostuvo.

Asimismo, Capodaqua remarcó que no son los únicos a los que les ocurrió algo parecido. “Es algo que no tenemos que pagar porque nunca tuvimos portero, ni personal de maestranza y servicio”, aseveró el entrevistado por el portal cordobés.[/vc_column_text][vc_column_text]

En Entre Ríos

Según publicó La Nación, en esa provincia, donde tampoco está radicado el Soeme, se repitió la modalidad: escuelas privadas y academias de inglés recibieron las cartas documentos reclamando deudas. El monto, extrañamente, era siempre el mismo: $45.000.

Cecilia Borro, abogada del Instituto Magnasco, confirmó las notificaciones para una audiencia de mediación privada en la ciudad de Buenos Aires que, al desconocerse, daba lugar a un segundo emplazamiento. “Un acta que es una planilla sin sello aclaratorio donde alguien afirma que no lo dejaron pasar a la institución; así es como determinaban el monto de esta supuesta deuda gremial”, dijo Borro.

Las actas con las que buscan demostrar que no se permitía el ingreso de inspectores llevan en general la misma firma y, en muchos casos, tienen la misma fecha. Así hay inspecciones realizadas supuestamente por la misma persona en Córdoba y en Misiones.

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