BUENOS AIRES.  La Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (nacional), Marisa Graham y el Defensor provincial, Miguel Molina, emitieron un documento conjunto refiriéndose al escándalo por la actuación policial en el caso de Antonella, donde la jueza de familia nro. 1 de Eldorado, Corina Jones, decidió desvincular a una niña de 4 años de la familia de guarda, que la crió desde los 2 meses de vida, en el marco de un proceso de adopción.

El fuerte documento conjunto, señala lo siguiente: “Frente a los episodios que han sido de público y notorio, la Defensoría Nacional de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y el Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Misiones declaran, que:

1.- Toda decisión administrativa y judicial en materia de adopción debe adoptarse observando que esta institución jurídica tiene por objeto la restitución del derecho de todo niño, niña o adolescente a vivir en familia, en el marco de la legislación nacional, convencional y constitucional de derechos humanos que los protege.

2.- Siempre se debe preservar a los niños, niñas y adolescentes de escenarios de conflictos y de violencia personal e institucional, siendo responsabilidad de las autoridades judiciales y administrativas garantizar que ello sea así.

3.- El uso de la fuerza debe ajustarse a protocolos de intervención, orientados a la protección física, psíquica y emocional de las niñas, niños y adolescentes que atraviesan estas situaciones.

4.- Es necesaria la actuación oportuna de los organismos de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes de la provincia.

5.- Las decisiones respecto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes deben tomarse en tiempo oportuno y con la debida participación de estos y su familia de origen, de conformidad a la legislación constitucional y de protección de derechos vigente.

6.- Debe darse un espacio adecuado de información a las niñas, niñas y adolescentes sobre las decisiones que hacen a sus derechos, para que estos, de conformidad a su edad y grado de madurez, puedan ejercer su derecho a ser oídos y que su opinión sea tenida debidamente en cuenta.

En atención a estas premisas las Defensorías Nacional y Provincial de Derechos, solicitan

a.- Informes y copias de las actuaciones administrativas y judiciales, a fin de realizar las presentaciones y recomendaciones en aras a garantizar el interés superior y el desarrollo integral de la niña sujeto de protección, que den cuenta del tiempo transcurrido entre la entrega en guarda de la niña y la declaración de situación de adoptabilidad

b.- Intervención del Superior Tribunal de Justicia de Misiones; la instrucción de las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidad de los actores judiciales.

c.- Solicitar al Ministerio de Gobierno que investigue e inicie sumario administrativo por el proceder de las fuerzas policiales

d.- Analizar con los organismos correspondientes lo actuado.

e.- Promover la urgente creación y funcionamiento de espacios de capacitación en materia de niñez, y familia, como así también en materia de género y prevención de la violencia institucional.

Cabe explicar y destacar que las medidas de protección excepcional se desarrollan en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley Nacional 26.061 y la Ley Provincial II-Nº 16 de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y que en el presente caso no se habría ab initio cumplido con principios esenciales de la adopción, tales como el agotamiento de las posibilidades de revinculación familiar, incluida la familia extensa, y proceder a la declaración de situación de adoptabilidad convocando a las familias inscriptas y aprobadas en el Registro Único de Aspirantes a la Adopción (RUAAM).

La Corte interamericana de Derechos Humanos ha resuelto en diversas oportunidades que el tiempo de los procesos en los casos de guarda, adopción, custodia de niñas y niños, en particular en la primera infancia, deben ser excepcionalmente breves. Caso contrario, la afectación de derechos es ineludible. El tiempo de las y los niños no es el tiempo de los adultos y mucho menos el de las instituciones que deben garantizar sus derechos”, cierra el comunicado.