BUENOS AIRES. El juez federal, Rodolfo Canicoba Corral citó a declarar a los ex ministros Nicolás Dujovne y Guillermo Dietrich, y también al ex procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías y el ex presidente de Vialidad, Javier Iguacel, en la causa que investiga supuestos beneficios irregulares del Estados a las concesiones de autopistas de la familia de Mauricio Macri, cuando éste era presidente.
La causa fue iniciada por los diputados kirchneristas Rodolfo Tailhade, Adrián Grana, Carlos Castagneto y Leopoldo Moreau. Y podría comprometer seriamente al ex jefe de Estado. “Este es un primer paso, pero aún faltan dos cosas. La primera es la indagatoria a Macri, cerebro y ejecutor en las sombras de todas las maniobras ilegales que beneficiaron a sus amigos y a él mismo como dueño de parte de las acciones de Autopistas del Sol”, sostuvo Tailhade en diálogo con LPO.
En la denuncia los diputados habían pedido investigar el pago de 500 millones de dólares a Autopistas del Sol (Ausol) como concesionaria, pese al rechazo del ex Procurador del Tesoro. La empresa tiene como accionista a Sideco, que pertenece a las Sociedades Macri. Los nexos societarios llegan hasta el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, amigo del ex mandatario y dueño de la constructora Abertis.
Lo que afirman los denunciantes K
Según la denuncia, Ausol simuló una demanda contra el Estado Nacional ante el CIADI por más de 1.100 millones de dólares por supuestos atrasos tarifarios, que sólo buscaba la justificación para disparar la renegociación del contrato de concesión, cuya finalización operaba en 2020.
Informes del disuelto Órgano de Control de la Concesiones Viales (Occovi) señalaban que esos pagos eran improcedentes debido a maniobras de evasión impositiva, obras incumplidas, distribución encubierta de dividendos e injustificables niveles de endeudamiento. Sin embargo, según los denunciantes fueron ignorados por la gestión de Javier Iguacel cuando estuvo al frente de Vialidad Nacional.
Los diputados denunciaron además una maniobra similar con el Grupo Concesionario del Oeste (GCO), que opera el Acceso Oeste. Cobró 245 millones de dólares del Estado, gracias a la renegociación integral de los contratos de concesión, que según los diputados kirchneristas, benefició a sus accionistas con incrementos desmedidos de tarifas.
La causa que cae en manos del juez protegido por el kirchnerismo
La denuncia quedó radicada ante el juzgado de Canicoba Corral e intervino el fiscal Carlos Stornelli. Los denunciantes pidieron apartar a éste último cuando quedó implicado en la causa por espionaje ilegal instruida por el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla.
Canicoba, a quien la diputada peronista Graciela Camaño salvó de un jury de enjuiciamiento en el Consejo de la Magistratura, también citó a indagatoria a Ricardo Stoddart, ex jefe del Servicio de Asuntos Jurídicos en Dirección Nacional de Vialidad y Andrés Alfonso Barberis Martín, presiente de Autopistas del Sol desde el año pasado.
Este martes Canicoba les prohibió la salida del país a los cuatro ex funcionarios macristas para “garantizar la comparecencia” y aclaró que la indagatoria la hará por videollamada en el marco de la cuarentena, pero no estableció la fecha.
Mientras esta causa avanza, las que pesan sobre Canicoba Corral, acusado de enriquecimiento ilícito entre otros delitos, están empantanadas. Desde luego, gracias a maniobras de los integrantes kirchneristas en el Consejo de la Magistratura.
