BUENOS AIRES. El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, sostuvo este jueves ante el máximo tribunal penal lo que ya había dicho en su apelación contra la decisión de anular el juicio oral en los casos por lavado de dinero unificados Hotesur y Los Sauces: que Cristina, Máximo y Florencia Kirchner, junto a los demás acusados deben enfrentar el juicio oral. En esa instancia podrían demostrar o no, que son inocentes del presunto lavado de activos.

Según publicó Clarín, Villar rechazó el sobreseimiento dictado por dos jueces del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) Para Villar, los jueces buscaron “cerrar la causa” sin “fundamentos”. En esta línea, el fiscal de Casación reiteró que, en caso de avanzar hacia el debate oral, los jueces Adrián Grunberg y Daniel Obligado deben ser apartados. Ambos estuvieron ligados a la agrupación kirchnerista Justicia Legítima.

Este jueves, el fiscal Villar subrayó ante la Sala I de la Cámara de Casación, que “el proceso debe llegar, en la medida de lo posible, a una verdad objetiva”. Su exposición a favor de la realización del juicio oral y público, se basó en el análisis del delito de lavado de dinero y de la relevancia del proceso como instancia de defensa para determinar si las personas investigadas son culpables o no.

El reclamo para que en el juicio, los acusados puedan demostrar que son inocentes

Para Villar, el fallo firmado por Obligado y Grunberg, impidió que “se cumpla la verdad objetiva” al comprender “que no hay elementos para no avanzar hacia el juicio, donde se conocerá quién es inocente o culpable”. Asimismo, el fiscal de Casación solicitó “que en un proceso de debate sea donde las partes se defiendan y se resuelva la responsabilidad penal o no”. Por ese motivo, Casación debe “anular la resolución, apartar a los jueces y permitir que el proceso llegue” a la instancia de juicio.

Vale recordar que en la elevación a juicio oral de estos expedientes, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que la empresa hotelera de la familiar Kirchner, Hotesur, no conoció la ocupación plena y expone, además, serios problemas de financiamiento. Asimismo la inmobiliaria Los Sauces –también propiedad de los Kirchner– carece de sede comercial. Y sólo alquila los inmuebles que le pertenecen desde 2009. Para Villar, son empresas que “nunca tuvieron fines comerciales reales, sino sólo ser una pantalla para maniobras de blanqueo”.

Pese al cúmulo de pruebas del presunto lavado, los jueces Daniel Obligado y Adrián Grunberg firmaron el sobreseimiento de la vicepresidenta, sus hijos, Lázaro Báez, Cristóbal López y otros imputados sin la realización del juicio. La jueza Adriana Pallioti votó en disidencia, considerando que debía realizarse el debate oral.

Ese voto dividido del TOF 5 fue apelado por el fiscal ante ese tribunal, Diego Velasco. Este reclamo fue sostenido por su par de la instancia superior, Mario Villar.

Obligado y Grunberg impidieron el juicio bajo “argumentos falaces que provocaron conclusiones falsas”

Este jueves, el fiscal Villar consideró en sus fundamentos ante los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa de la Sala I de la Cámara de Casación Penal, que el sobreseimiento sin la realización del juicio oral “no sólo priva al Ministerio Público Fiscal del ejercicio de su deber constitucional de promover la actuación de la justicia, sino que esconde a la sociedad aquello que en un debate oral y público se puede apreciar a plena luz del día”.

Para el representante del Ministerio Público Fiscal, los jueces Obligado y Grunberg impidieron el juicio bajo “argumentos falaces que provocaron conclusiones falsas”. En este sentido, Villar insistió en que la resolución con la que se sobreseyó a la vice y a sus hijos “es arbitraria” contraria “a todo ordenamiento jurídico”.

Respecto de la arbitrariedad del fallo de los jueces de Justicia Legítima del TOF 5 y la decisión de no realizar el jucio oral, “enmascara bajo la apariencia de un acto jurídico una decisión desamparada de legalidad”.

Por eso indicó que Obligado y Grunberg “no actúan como jueces, sino como voluntades subjetivas apartadas del sistema jurídico que deberían defender”.

La respuesta del fiscal contra el argumento de los jueces de Justicia Legítima, respecto de la bancarización de la coima

En el plano legal, toda maniobra de lavado de dinero requiere de un delito precedente, es decir, una actividad que proporcione los fondos que luego se vuelcan a las maniobras de blanqueo. Según la investigación en la etapa de instrucción de los casos Hotesur y Los Sauces, esos delitos precedentes se investigaron en otros dos expedientes judiciales. En la causa Oil Combustibles (la petrolera de los dueños del Grupo Indalo) Y en la resonante Causa Vialidad, cuyo juicio oral está en la etapa final. En ese juicio los fiscales pidieron doce años de prisión para la Vicepresidente.

Pero la mayoría del TOF 5 dijo que todos los acusados debían ser sobreseídos porque no pueden ser parte del delito precedente y a su vez responsables del lavado. Contra ese argumento, Villar indicó que en Oil Combustibles “no fueron investigados Cristina Kirchner y Lázaro Báez”. Y n el caso Vialidad “Cristóbal López y Fabián De Sousa no son parte”. Con lo cual “es incorrecto el análisis de los jueces”.

Asimismo Villar rechazó la conclusión de Obligado y Grunberg respecto de que el dinero volcado a las operaciones investigadas no era de “negro” ya que “estaba bancarizado”. El fiscal explicó que el argumento del tribunal equivale “a decir que, si alguien realiza una estafa, no hay lavado si el pago de la estafa se hizo en la cuenta bancaria del autor del delito”.

Y ante el temor de “parcialidad”, el fiscal pidió que aparten de la causa a los jueces que firmaron el sobreseimiento, si se hace el juicio oral. “Ya se manifestaron como si hubiera sido una sentencia definitiva”, planteó Villar.

Las maniobras investigadas en la causa unificada

Respecto de la causa unificada, hay que señalar que, para la acusación, Lázaro Báez explotaba los hoteles de la familia Kirchner con su firma Valle Mitre, cuyos únicos ingresos para pagar los cánones de locación eran préstamos de Austral Construcciones que ascendían a $71 millones. La constructora tenía como único cliente al Estado nacional. En simultáneo con siete firmas del holding, alquilaba habitaciones de los hoteles que no utilizaba. Con esta maniobra garantizaba ingresos a los Kirchner por $14 millones.

Cabe destacar que los expedientes por a las causas Hotesur y Los Sauces, las unificaron porque en ambas se investigó una misma maniobra. Y porque tienen 16 imputados en común. Además, la justicia investigó una presunta asociación ilícita creada para lavar $130 millones entre 2008 y 2015.