BUENOS AIRES. La Unidad de Información Financiera (UIF), que sigue bajo la conducción de Mariano Federici, un funcionario puesto por Mauricio Macri, apeló el sobreseimiento de más de 30 personas en la causa conocida como “Sueños Compartidos”, entre los que figuran los misioneros Maurice Closs y Ricardo “Pelito” Escobar, la hija de Hebe de Bonafini, allegados a los hermanos Schoklender, junto a ex gobernadores y ex intendentes que recibieron las obras en el marco del programa de construcción de “viviendas sociales”.

La hija de Hebe está sospechada de comprar un departamento en la ciudad de La Plata y simular una venta a una empresa de Sergio Schoklender, según indica el diario Infobae. Los sobreseimientos fueron ordenados a fines de diciembre por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi en un tramo residual del expediente.

Mientras tanto, el núcleo central de la causa espera el comienzo del juicio oral, a cargo del Tribunal Oral Federal 5, donde serán juzgados los hermanos Schoklender, Hebe de Bonafini y ex funcionarios del Ministerio de Planificación, entre otros. La Justicia pudo probar que hubo un desvío de más de 200 millones de pesos de los $750 millones destinados al plan de viviendas.

La apelación del sobreseimiento de la hija de Hebe

Confirmado el sobreseimiento de Martínez De Giorgi, beneficiando a Maurice Closs y Jorge Capitanich, entre otros, el organismo anti-lavado cuestionó la medida y en términos judiciales, deberá definir la Cámara de Apelaciones. Concretamente, en el caso de María Alejandra Bonafini, que tuvo un breve paso por la Fundación Madres de Plaza de Mayo, la UIF plantea que no se la investiga por el manejo de los fondos públicos sino por una operación inmobiliaria.

Es que, Alejandra compró un semipiso en la avenida 44 de La Plata, que adquirió sin un crédito bancario y luego se lo vendió a la empresa Meldorek, de Sergio Schoklender. El ex apoderado declaró varias veces que fue una operación ficticia, a pedido de Hebe. Para el juez Martínez De Giorgi, los fondos estaban justificados.

En su rol de querellante, la UIF también apeló el sobreseimiento de la ex ministra Felisa Miceli, acusada de participar de la administración de la Fundación; de la ex mujer de Schoklender, Viviana Sala; y del ex jefe de Seguridad de la Fundación, Rubén “Pocho” Brizuela; entre otras personas.

El planteo de la UIF sobre el rol de los gobernadores

Respecto del rol que jugaron los ex gobernadores y ex intendentes que recibieron las obras en sus distritos, Martínez De Giorgi había entendido que no tenían responsabilidad porque había un acuerdo previo entre los responsables del Ministerio de Planificación y las autoridades de la Fundación.

Sin embargo, de acuerdo con la apelación presentada por el organismo que preside Federici, los intendentes y gobernadores “tuvieron en sus manos la obligación de controlar y no lo hicieron” y que además “autorizaron pagos en condiciones irregulares”. “No puede dejar de tenerse en cuenta que ninguno de los involucrados denunció, a lo largo de la ejecución del proceso, irregularidad alguna”, agregó el organismo anti lavado.

Además de Maurice Closs y Ricardo “Pelito” Escobar –es Ministro Coordinador de Gabinete y nexo entre Madres de Plaza de Mayo y la provincia–, figuran entre los beneficiados por el juez Martínez De Giorgi, parecen los nombres de Gerardo Zamora, Jorge Capitanich, Darío Giustozzi, Miguel Lifschitz y Alejandro Granados, entre otros.

Ahora, la resolución de las apelaciones presentadas por la UIF, serán tratatas por la Sala I de la Cámara Federal, la misma que en 2018, revocó una falta de mérito para el ex Ministro de Planificación Federal Julio De Vido. Por ese fallo, el ex superministro del kirchnerismo, quedó procesado por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.