BUENOS AIRES. Para la fiscalía que encabeza Diego Luciani, la licitación número 51 de todas las que ganó el grupo Austral Construcciones en Santa Cruz cierra un circuito que perduró durante doce años y que “de manera sistemática funcionó para direccionar obra pública a favor de Lázaro Báez”.

Según publicó Clarín este viernes, este contrato era para pavimentar cien cuadras en Río Gallegos, donde todo comenzó. Para hablar de ese contrato, Luciani volvió a exponer mensajes del celular del ex Secretario de Obras Públicas José López –el que fuera detenido en 2016 cuando revoleaba bolsos con 9 millones de dólares sin declarar en un convento de General Rodríguez. En esta ocasión, la conversación de López –expuesta en el juicio- fue con un hombre de confianza de Máximo Kirchner y con el propio hijo de la Vicepresidente Cristina Kirchner.

Por entonces, el hoy diputado nacional, no ocupaba ningún cargo público “pero tenía un intervención y conocimiento sobre lo que se licitaba en la provincia a favor de Báez”, aseguró el fiscal Luciani.

Cabe destacar que es la primera vez que el nombre de Máximo Kirchner se escucha en el marco del juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez, donde Cristina es la principal acusada como jefa de la asociación ilícita que defraudó al Estado en 46.000 millones de pesos.

Esta “marcada intervención” de Máximo Kirchner en los contratos concedidos a Lázaro Báez –según la acusación-, data de fines de 2014.

En su alegato, para sostener la acusación, Luciani volvió a exponer ante todos los imputados algunos de los 26.000 mensajes del celular de José López que fueron analizados. Este viernes, el fiscal seleccionó mensajes referidos a la última licitación que el holding de Báez ganó en suelo santacruceño. “Debían apurarse en direccionar el contrato y pagar rápidamente todo, se aproximaban las elecciones presidenciales”, denunció el fiscal.

Era un contrato por un plan de pavimentación de 100 cuadras en Río Gallegos. Se trató de una obra financiada con fondos nacionales que demandaron un desembolso de 87 millones de pesos. Sin embargo, de acuerdo con el alegato del fiscal, la obra “contó con un avance del 27%. Y al igual que otras obras, fue abandonada. Nunca le importaron las obras, pero sí direccionar fondos a favor de Báez”, concluyó Luciani.

“Pese al argumento reiterado de la vicepresidenta de que todo fue avalado por las leyes de presupuesto, este plan de pavimentación no pasó nunca por el Congreso. No tenían crédito legal pero no podía caerse porque era el último tramo de gobierno de Cristina Kirchner”, señaló Luciani, insistiendo en que el contrato avanzó.

Puntualmente respecto a esta obra pública, de acuerdo con Luciani, hubo varios intercambios de mensajes de texto que “muestran la intervención directa” de Máximo Kirchner.

En la primera de las capturas de pantalla compartidas por el fiscal, el por entonces secretario de Obras Públicas José López, contacta al amigo de Máximo Kirchner y diputado provincial, Matías Bezi, preguntándole si “había hablado con Maxi y si había decidido cuál sería la ubicación de las 100 cuadras”.

Ante esto, quien sería Bezi, responde: “Sí, algo definimos”. Y reveló que se iba a reunir Roberto. Para la Fiscalía, este nombre refiere a Roberto Gómez, una persona que trabajaba para Austral Construcciones. Fue quien diseñó la obra de 100 cuadras de pavimento.

“El secretario de obras públicas del municipio de Río Gallegos, según se vio en los mensajes de texto, le da explicaciones a Matías Bezi sobre las demoras de la licitación. Bezi persona de confianza de Máximo Kirchner”, enfatizó Luciani en su durísimo alegato de este viernes. Todos ellos “ya estaban hablando con el personal de Austral y aún no existía ninguna licitación”, remarcó el fiscal.

Este intercambio de mensajes, en el que José López solicitaba que Máximo Kirchner -que no era funcionario- decidiera adónde se iban a realizar las cuadras de pavimento “que iban a terminar en manos de Báez”, muestra “que las licitaciones se arreglaban con anterioridad y no queda ninguna duda de que era así, porque no había ninguna licitación y la gente de Austral Construcciones ya sabía de la obra”, manifestó el fiscal Luciani.

A posteriori, el fiscal mostró unos mensajes de José López directamente para Máximo Kirchner. “Tengo el trabajo y las fotos de las obras en la provincia y quería hacerte un comentario por esto y por el video de las represas”, dice el mensaje que escribió López. Y en otro mensaje, el secretario de Obras Públicas le dice a Máximo “Hola me encantó el proyecto del Lago Ortíz, cómo hacerlo estoy viendo y quiero preguntarte”.

En tanto, según las pruebas que reunió el Ministerio Público Fiscal, otro de los imputados en la causa Vialidad, el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, también intercambió mensajes con su jefe (José López) respecto de las obras para Santa Cruz. “Esos intercambios mostraron que Máximo Kirchner recorría las obras con Matías Bezi, tenían conocimiento de lo que pasaba en Santa Cruz”, indicó Luciani.

Para el fiscal, Máximo Kirchner, Abel Fatala y José López “sabían y manejaban lo que pasaba en Santa Cruz”.

Fatala respondió al mensaje de López, escribiendo “Hola ayer estuvo Máximo acá en Piedra Buena y después fue a Puerto Santa Cruz, volviendo a la noche a Gallegos. Nos había pedido las obras y las estuvo recorriendo”.

En función de ese mensaje, la fiscalía insistió: “Sin ser funcionario, Máximo Kirchner intervenía en las obras que se direccionaban en la provincia a favor de Báez”. “López era el que reportaba siempre a Máximo Kirchner avisándole cómo avanzaban los convenios y los proyectos para Santa Cruz”. Uno de los mensajes dirigido a Matías Bezi, nuevamente, dice: “Decile a Maxi que está encaminado lo de las viviendas en El Calafate, el miércoles firma el convenio”.

Estas comunicaciones, expresó el fiscal Luciani, “muestran la coordinación que había entre todos ellos, sobre licitaciones que se llevaron a cabo en Santa Cruz” con fondos nacionales.

El fiscal volvió a referirse entonces a la obra de las 100 cuadras de pavimentación en Río Gallegos. “Estas decisiones de las obras, de la urgencia para realizar la obra y adjudicar a Lázaro Báez, todo esto emanaba de los más altos cargos del Poder Ejecutivo. Hubo una orden de arriba, de mucho poder, para que se licitaran con urgencia”, sostuvo Luciani.

Una vez más, dijo la fiscalía, “se trató de una simulación de licitación pública para que termine en manos de Lázaro Báez. Como no tenía crédito legal específico para la obra como lo exige la ley de obra pública”, se le pagó a la empresa Kank y Costilla, que se quedó con la obra pese a varias observaciones sobre el proyecto y oferta presentados.

En función de los intercambios de ese y otros mensajes, la fiscalía dio por probado que “antes de la convocatoria ya estaban hablando con integrantes de la empresa de Lázaro Báez: un direccionamiento claro y evidente”. “Todo viene a corroborar que había un plan y los funcionarios cumplieron con las directivas de los jefes de la asociación. Y que acá interviene el hijo de la presidenta, que no ocupaba ningún cargo público”, remató Luciani.

En la causa de juzgan las irregularidades en las 51 obras públicas que las empresas de Báez recibieron de 2003 a 2015 para Santa Cruz. Junto con Cristina Kirchner y Báez están acusados Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal, José López, ex secretario de Obras Públicas, Carlos Kirchner, ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del ex presidente Néstor Kirchner, y Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad, entre otros.

De acuerdo con Infobae, el fiscal dio algunos datos sobre las obras bajo análisis. Las empresas de Báez recibieron el 78 por ciento de las obras que de 2003 a 2015 se adjudicaron a Santa Cruz. Solo tres fueron finalizadas en tiempo y forma y no eran obras viales. Solo 27 de las 51 fueron culminadas, de las cuales 24 tuvieron demoras severas con retrasos injustificados. “Lo peor, inexplicable, 24 obras adjudicadas al grupo Báez fueron abandonados, quedaron inconclusas. Esto deja al descubierto la falta de capacidad técnica de las compañías”, describió.

También reveló una prueba que no se conocía y que llamó “plan limpiar todo”. Se trata de mensajes de whatsapp hallados en el celular de López. Es el teléfono móvil que le secuestraron a López cuando lo capturaron en 2016 en el convento de General Rodríguez, cuando intentaba ocultar bolsos con nueve millones de dólares sin declarar y armas de guerra. Estos dólares, “provienen de la corrupción” con la política, según admitió el propio López.

Luciani señaló que en esos mensajes se revelan reuniones de López con Cristina Kirchner y de Báez con la entonces presidenta en noviembre y diciembre de 2015, pocos días antes que dejé la presidencia. Según la acusación, en esas reuniones se acordó el pago de todo lo que se le debía a Báez por las obras a pesar que no estaban terminadas. La suma por esas obras, asciende a los 537 millones de pesos.

En este caso se juzgan las 51 licitaciones que fueron adjudicadas a empresas de Lázaro Báez, lo que representó 16.386 millones de pesos del presupuesto general, es decir un 78,4%, según detalla la auditoría final. De esta suma total, Vialidad concluyó que sólo ejecutó 9.037 millones a diciembre de 2015. Es decir que no supera el 50%. Los números actualizados por el organismo vial, determinaron que el dinero que percibió el empresario K ascendió a $ 46.000 millones.