BUENOS AIRES. En el inicio de los alegatos del Ministerio Público Fiscal en el juicio oral y público por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz –más conocido como Causa Vialidad- el fiscal Diego Luciani lanzó una dura acusación contra la Vicepresidente Cristina Kirchner, que posiblemente quedará para la historia. “Néstor Kirchner y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional una de las matrices de corrupción más extraordinarias que se hayan desarrollado en el país”, manifestó Luciani en el alegato del MPF que las demás partes, es decir los jueces del Tribunal Oral Federal 2, la UIF y los acusados, presenciaron por Zoom.

Con esta declaración, en el inicio del alegado en el juicio oral por la obra pública que recibió para Santa Cruz el empresario Lázaro Báez, Luciani dejó en claro que pedirá que la Vicepresidente de la Nación sea condenada en esta causa, la primera que llega a juicio oral y público en su contra.

Por videoconferencia, Luciani señaló que tiene acreditado que “entre los años 2003 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares”. De acuerdo con Infobae, Cristina Kichner lo escuchaba desde su conexión al zoom, al igual los restantes 12 acusados.

Luciani arrancó con su alegato ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de Comodoro Py alrededor de las 8.45 y empezó con fuertes cuestionamientos a los abogados de Unidad de Información Financiera (UIF) que este año –bajo el control del gobierno del Frente de Todos– solicitara la absolución de Cristina Kirchner y de los principales acusados.

Críticas a la UIF por no presentar sus argumentos para solicitar la absolución a Cristina y los demás acusados

Para el fiscal, el alegato de la UIF fue “temerario, poco serio y hasta irresponsable” porque “tergiversaron de manera grosera el sentido de la prueba”. “Esperamos que los funcionarios públicos se expresen con responsabilidad. Si la UIF fue querellante era esperable que si absolvía explicara porque descartó la cantidad de prueba”, sostuvo.

Acto seguido, Luciani describió lo que sería el núcleo de la acusación contra Cristina Kirchner, Lázaro Báez, el ex Ministro Julio De Vido, el ex Secretario José López y otros ex funcionarios. “Este ministerio Público Fiscal tiene por acreditado que entre los años 2003 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares. Se trató de una organización que con una figura de espejo replicó en la clandestinidad un organigrama del Estado”, señaló.

“Se trató de una asociación ilícita piramidal que tuvo en su cúspide a quienes fueron jefes de estado y de la que participaron diversos funcionarios públicos que en paralelo al plano legal, pero valiéndose de sus competencias prestaron los aportes necesarios”, fustigó Luciani.

“Una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país”

“Al asumir Néstor Kirchner la Presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país. Y cuando digo extraordinarias no es que considere que existe una corrupción ordinaria. Lo extraordinario radica en las características especiales de la asociación”, continuó Luciani.

La Fiscalía adelantó que a lo largo de nueve audiencias va a “probar cómo los imputados planearon y ejecutaron esta maniobra que provocó perjuicio colosal al erario y a todos los argentinos”. De todas maneras,  Luciani aclaró que podría haber más audiencias que las mencionadas.

Acompañado por el fiscal Sergio Mola, este fiscal sostuvo que los acusados no cumplieron con los compromisos internacionales que el estado argentino firmó para luchar contra la corrupción. “Fueron despedazados por los imputados”, dijo. Y luego apuntó contra el electorado del kirchnerismo, al plantear que “se privó de esos recursos a los sectores más vulnerables de la sociedad”.

El vínculo comercial entre Lázaro Báez y Néstor Kirchner

En su alegato, Luciani fue muy preciso al describir la maniobra del presunto direccionamiento de la obra pública, en beneficio de Lázaro Báez, el amigo personal de Néstor Kirchner, y su empresa creada de la noche a la mañana, Austral Construcciones. “El anterior trabajo de Báez fue el de cajero de un banco. Una persona que nunca había incursionado en el rubro empresarial de manera intempestiva creó una empresa constructora y que luego se iba a quedar con todas las compañías constructoras de Santa Cruz”, dijo suspicaz Luciani. Y agregó: “Delinearon el plan con tanto detalle que crearon la empresa constructora que le daría continuidad a la maniobra”.

“Néstor Kirchner y Báez amigos íntimos. Lo admitió Cristina Kirchner en su indagatoria. No solo eran amigos, sino que eran socios comerciales. Está acreditado que Néstor y Cristina Kirchner eran socios comerciales de Lázaro Báez mientras se le concedían obras públicas millonarias. Se ha intentado ocultar esto que esta acreditado y que nosotros lo vamos a sacar a la luz y eso explica el por qué del favorecimiento a Lázaro Báez”, acusó Luciani.

En cuanto a los vínculos entre Néstor Kirchner y Lázaro Báez, el fiscal Luciani hizo referencia a la declaración como testigo en el juicio del presidente de la Nación, Alberto Fernández. “El propio presidente Alberto Fernández declaró que a Báez lo conoció en el Calafate cuando se lo presentó Néstor Kirchner en su casa”, dijo y pasó el video de esa declaración. En esa audiencia, en la que Fernández acudió convocado por la defensa de Cristina Kirchner, hubo un fuerte cruce entre el presidente y el fiscal.

Las acusaciones contra los demás acusados en el alegato de Luciani

Luego Luciani apuntó al resto de los acusados. Sostuvo que Néstor Kichner llevó al gobierno nacional a funcionarios que habían trabajo con él en Santa Cruz en el área de obras públicas. Nombró a Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal, a José López, ex secretario de Obras Públicas, a Carlos Kirchner, ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del ex presidente Néstor Kirchner, y a Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad.

Justamente, todos estos continuaron en sus cargos en las dos presidencias de Cristina Kichner, de 2007 a 2015.

Para el fiscal así se buscó “interponer barreas de contención para distanciar la responsabilidad de la Presidencia de la Nación”. “Los ex presidentes se valieron de personas de máxima confianza para desarrollar la maniobra. Las relaciones entre todos son inocultables”, señaló.

También apuntó a que los organismos de control no hicieron su trabajo y que eso formaba parte de la maniobra ilegal. Y puso como ejemplo que Alessandra Minnicelli, esposa de De Vido, fue designada como adjunta en la Sindicatura General de la Nación, el organismo que debía controlar al Ministerio de Planificación Federal. “Fue un mensaje nefasto para la sociedad y un claro conflicto de interés, más allá que se haya excusado de intervenir”, explicó.

Las 51 obras adjudicadas al grupo de Báez de las cuales 24 quedaron inconclusas

Vale recordar que en este juicio que comenzó en Mayo del 2019, se investigan las presuntas irregularidades en 51 obras públicas que las empresas de Báez recibieron para la provincia de Santa Cruz. El fiscal sostuvo que en esas obras hubo sobreprecios, falta de capacidad técnica para hacerlas, licitaciones amañadas y el pago total de las obras cuando la mayoría no fueron terminadas.

Cristina Kirchner y los demás procesados están acusados de los delitos de asociación ilícita y defraudación a la administración pública. La vicepresidenta está acusada de ser la jefa de esa asociación ilícita.

Sobre las obras analizadas, el fiscal Luciani dio algunos datos. Las empresas de Báez recibieron el 78 por ciento de las obras que se adjudicaron a Santa Cruz entre 2003 y 2015. Pero solo tres fueron finalizadas en tiempo y forma. Y no eran obras viales. Solo 27 de las 51 fueron culminadas, de las cuales 24 tuvieron demoras severas con retrasos injustificados. “Lo peor, inexplicable: 24 obras adjudicadas al grupo Báez fueron abandonadas, quedaron inconclusas. Esto deja al descubierto la falta de capacidad técnica de las compañías”, describió el fiscal.

También detalló que solo una de las 51 obras mantuvo al valor original. En 39 de esas 51 obras hubo modificaciones en la extensión de los plazos por un total de 63 años. Además, se incrementó el presupuesto por más 1.500 millones de pesos. Asimismo, Luciani que reveló las licitaciones de las obras que recibió Báez tardaron 29 días en adjudicarse cuando el promedio para otras empresas era de 210 días.

Los acusados y un fallo que podría llegar antes que finalice el año

De acuerdo con las previsiones del TOF 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, habrá un veredicto antes de fin de año. El pedido de condena para funcionarios -que la Fiscalía ya adelantó que hará para Cristina Kirchner- suele estar acompañado con la inhabilitación para ejercer cargos públicos. En muchos casos, la inhabilitación es a perpetuidad.

Sin embargo, una condena no impedirá que Cristina se presente como candidata en 2023. Es que apelará un fallo condenatorio –si lo hubiere- pero sólo puede hacerlo cuando se publique los fundamentos de una sentencia. Eso será el año entrante, cuando la Cámara Federal de Casación Penal y luego por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, revisarían el fallo. Eso excede los plazos para que la condena quede eventualmente firme, por lo que podría presentarse a las elecciones del año que viene.

Junto con Cristina Kirchner, Báez, De Vido, López, Carlos Kirchner y Periotti también están siendo juzgados Abel Fatala (el subsecretario de Obras Públicas), Raúl Daruich y Mauricio Collareda (ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad) y Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, todos ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz.