BUENOS AIRES. En su primera decisión con la nueva conformación, el Consejo de la Magistratura excluyó de un concurso para ascender a la Cámara de Casación, el máximo tribunal penal del país, al juez federal con competencia electoral de Mendoza Walter Bento, procesado por corrupción, embargado junto a su familia en más de $300 millones y con pedido de prisión preventiva que no se cumple por sus fueros como juez.
Según publicó La Nación, la Magistratura tomó esta determinación contra Bento de manera unánime y lleva la firma de los 18 consejeros, incluido el nuevo presidente del cuerpo, el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. El oficialismo y la oposición votaron juntos, pese a que, con la Magistratura de la ley de Cristina Kirchner, el oficialismo protegía a Bento.
Sin una reunión presencial para tomar tal medida, sólo consultas virtuales bastaron para arribar a una resolución de nueve carillas, firmada de manera ológrafa en algunos casos y de manera digital en otros. Anoche a última hora, un funcionario del consejo salió de recorrida para reunir las firmas presenciales en los casos en los que fue posible.
Una fuerte señal al poder político y al kirchnerismo
Para muchos, la medida preanuncia una mayor actividad del Consejo. Y, a su vez, una menor injerencia del poder político en el órgano. Ello pese a que, para funcionar a pleno aún debe conformar las comisiones de Administración, Disciplina, Selección y Acusación, y convocar a su primer plenario de la Magistratura.
De todos modos, es una señal tanto por la falta de formalismos a la hora de decidir, como por la unanimidad con la que se tomó la medida. Es que, hasta ahora, Bento estaba siendo protegido por los consejeros kirchneristas. Sobre todo el año pasado cuando se desarrollaban las PASO y el magistrado tenía a cargo el control de las elecciones en su provincia.
La exclusión de Bento del concurso para ser ascendido a camarista de la Casación, la máxima instancia penal antes de la Corte, había sido reclamada por el consejero juez Ricardo Recondo. Sucede que, al anotarse, Bento había omitido informar que tenía procesos penales en trámite, lo cual es un requisito del reglamento.
Bento dijo que el reglamento es inconstitucional porque viola el principio de inocencia, ya que no hay una condena firme en su contra en las causas en las que está procesado por enriquecimiento ilícito, recibir coimas en diez ocasiones, asociación ilícita y lavado de dinero.
A esta postura de Bento, el nuevo Consejo de la Magistratura le respondió que lo debía haber planteado antes de anotarse, pues el propio reglamento establece que la inscripción en el concurso implica aceptar sus términos.
Un caso emblemático de cómo funcionaba la Magistratura bajo la ley de Cristina Kirchner
El caso del juez federal Bento es el ejemplo más palpable de cómo funcionaba el Consejo de la Magistratura. Con un procesamiento firme, Bento no solo sigue siendo juez federal electoral y firmando sentencias, sino que se había anotado para rendir el 11 de mayo en el examen para ascender a la Cámara Federal de Casación Penal. La urgencia del Consejo por resolver su situación era que, si no tomaba una determinación, el juez iba a poder presentarse a rendir el examen para camarista.
Según La Nación, Bento fue protegido por el oficialismo en el Consejo de la Magistratura: en septiembre pasado se opuso a su suspensión cuando el juez fue procesado. A Bento se le dictó la prisión preventiva, pero no fue detenido por sus fueros.
Bento está procesado y con procesamiento firme “por los delitos de asociación ilícita en calidad de jefe u organizador en concurso real con cohecho pasivo en calidad de autor (diez hechos), concurso ideal con prevaricato, omisión y retardo de justicia; enriquecimiento ilícito y lavado de activos de origen delictivo. Luego se ampliaron estas acusaciones con la de falsedad ideológica en dos hechos.
Nueve propiedades, cuatro vehículos de alta gama, dinero sin justificar y gastos que no se corresponden con los ingresos
A Bento ya no le quedan integrantes de su familia sin ser acusados. Sobre su esposa, Marta Isabel Boiza, pesa un embargo de casi $150.000.000, porque la Justicia la consideró presunta responsable de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Debido a esta resolución, la Cámara Federal la suspendió y no podrá seguir en su cargo de prosecretaria administrativa del juzgado federal N°3 de la provincia cuyana.
A partir de la investigación realizada por el fiscal Dante Vega quedó al descubierto que el juez Bento y su familia poseen nueve propiedades con una valuación millonaria en cuatro countries de Mendoza. También cuatro vehículos de alta gama: tres Audi S3, Q5 y A3 que compraron 0 kilómetro y una camioneta VW Amarok.
Además, el magistrado no pudo explicar el origen de los 153.000 dólares, 3.600 euros y 160.000 pesos en efectivo que le secuestraron en su casa del complejo Palmares, donde tiene tres propiedades. Tampoco pudo justificar cómo adquirió los tres fideicomisos en distintos emprendimientos inmobiliarios.
Tampoco coincide con su salario la erogación realizada para costear veinte viajes a Miami, Orlando, Las Vegas, Barcelona, Atenas, Dubai y Chile, entre 2007 a 2017. Por esos viajes estuvo 761 días fuera de su casa, alojado en hoteles y aparts de lujo, junto a su familia.
Protegido por los consejeros K en la Magistratura
Una de las razones por las que el juez Bento sigue en su cargo radica en que la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura, presidida por la senadora kirchnerista de Chaco María Inés Pilatti Vergara, ordenó la realización de un peritaje patrimonial sobre los bienes de Bento.
El estudio fue ordenado hace más de cuatro meses por el organismo que revisa los desempeños de los magistrados y por el juez federal que tiene a su cargo la investigación contra Bento.
Así pues, en septiembre del 2021, con distintos argumentos, tanto Pilatti Vergara como el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, votaron en contra del pedido de suspensión presentado por Pablo Tonelli, diputado y consejero de Pro. Junto a otros consejeros que rechazaron la solicitud de desafuero y la suspensión del magistrado, consideraron que esa medida resultaba improcedente en esta etapa de la investigación.
No irá preso hasta que la Magistratura determine si lo suspende y promueve el juicio político
La orden de prisión preventiva dispuesta por la Justicia federal de Mendoza no podrá efectivizarse hasta que el Consejo de la Magistratura decida suspenderlo y promoverle juicio político.
Mientras se demora la definición del Consejo de la Magistratura, Bento sumó nuevas imputaciones en su contra y, además, otros integrantes de su familia quedaron al borde del procesamiento. Hasta que el peritaje no se termine no podrá resolverse si se acusa al juez. El estudio fue encargado a los peritos de la Corte hace meses y todavía no fue terminado.
Al embargo de $150.000.000 contra la esposa, el juez debe agregar el embargo de $177.610.000 sobre sus bienes. Esto significa que el matrimonio sumó embargos por $327.610.000.
