[vc_row][vc_column][vc_column_text]Un decreto publicado en el Boletín Oficial causa polémica en el mundo del derecho laboral. Por resolución, se registrarán los letrados y sus clientes que plantean la inconstitucionalidad de la norma de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”121681″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]A través de la resolución 760/2017, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) creó el Sistema Integral de Registro para el estudio de la Litigiosidad del Sistema (SIREL).

El decreto publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina el último miércoles establece la creación de una lista de abogados que plantean la inconstitucionalidad de la ley ART. El mismo señala que las aseguradoras deberán informar a un registro de litigios del Ministerio de Trabajo, las demandas en el marco de la ley de riesgos laborales.

Además, se deben remitir los datos específicos sobre las actuaciones judiciales en las que se interpongan planteos de inconstitucionalidad a dicha norma y sus complementarias. Esta medida causó rechazo entre los abogados, quienes consideran que se creará una “lista negra” de profesionales que litigan en el fuero laboral.

El decreto indica: “Las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.), los Empleadores Autoasegurados (E.A.) y las A.R.T.-Mutual, deberán informar en el S.I.R.E.L. con carácter de declaración jurada, los procesos judiciales en los que intervengan en carácter de demandada, codemandada, citada en garantía, por citación de terceros, con motivo de reclamos sustanciados en el marco de la Ley N° 24.557 y sus normas complementarias, en virtud de los cuales se interpongan planteos de inconstitucionalidad a los preceptos de la Ley N° 27.348 o en su defecto al Decreto N° 54 de fecha 20 de enero de 2017, así como también las novedades que se produzcan en el desarrollo de los mencionados procesos”.

Pero ¿por qué los abogados plantean la inconstitucionalidad de la ley ART?. Y ¿cuáles serán los efectos prácticos de esta nueva resolución?. Defensores laboralistas consultados por MisionesCuatro.com detallaron que en cuestión de enfermedades y accidentes de labor, rige una ley especial que establece un monto para las indemnizaciones de los empleados. Esa “tarifa” de reparación se determina en cada jurisdicción provincial a través de una comisión médica integrada por profesionales digitados por las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART), que son empresas creadas y vinculadas a la patronal.

La última ley sobre la materia dicta que un trabajador y su abogado que quieran reclamar prestaciones a causa de una enfermedad por causas profesionales o un accidente laboral, deberán -en forma obligatoria y excluyente- acudir a esa instancia, considerada por los letrados como netamente administrativa e imbuida de espíritu comercial de lucro. “Se trata de gente que gana dinero al indemnizar menos de lo que les corresponde a nuestros clientes”, explicaron los abogados de los damnificados.

Es por esta situación que los defensores habitualmente plantean la inconstitucionalidad de esa prescripción y buscan directamente el juicio, para obtener una indemnización más plena en beneficio de sus clientes. A partir de ahora, cada una de estas acciones pasará a conformar una lista en el registro de planteos de inconstitucionalidad creado por el Ministerio de Trabajo que dirige Jorge Triaca.

ACUSACIONES Y DUDAS

El polémico decreto fue creado poco tiempo después de que el presidente Mauricio Macri acusó al diputado Héctor Recalde -jefe de la bancada kirchnerista- de conducir una “mafia de los juicios de trabajo” integrada por un grupo de jueces laboristas, que -según afirmó- obstaculizan la creación de empleos. Sin embargo, el gobierno nacional no presentó hasta ahora ninguna estadística oficial ni privada que apoye los dichos de Macri sobre la presunta incidencia de los juicios en el mercado laboral estancado que afecta a numerosos argentinos.

En ese sentido, cabe recordar que el país terminó 2016 con 1,5 millones de personas desocupadas y 4,3 millones con problemas de empleo, según los datos del Indec.

Con respecto a la reciente disposición, se expresó el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), Jorge Rizzo. “¿Cuáles serán sus objetivos? ¿Será armar listas negras, y/ó perseguir y escrachar a Trabajadores y Abogados?”, preguntó el referente de los letrados.
Asimismo, calificó a la resolución de “vergonzosa”. “¿Y la ley de protección de datos personales? Ayer personas jurídicas, hoy esto”, escribió Rizzo en las redes sociales.

VB[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_facebook type=”button_count”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_tweetmeme][/vc_column][/vc_row]