[vc_row][vc_column][vc_column_text]Fue en el año 2000, cuando la hoy expresidenta era diputada nacional. Los detalles del debate, el contexto en el que se dio, los argumentos de CFK para no votar a favor de esa norma y su contrapunto nada menos que con Elisa Carrió.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”119695″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]La situación de Julio De Vido ha puesto en primer plano a la Ley 25.320, que no es ni más ni menos que la Ley de Fueros, o si se quiere el “Régimen de Inmunidades para legisladores, funcionarios y magistrados”. La norma fue convertida en ley en una maratónica jornada que puso punto final a una década de debates sobre el tema. Pero como suele suceder, tuvo que existir un factor determinante para llevar a tomar la decisión política de abordar finalmente el tratamiento de los fueros legislativos: el escándalo de las coimas del Senado. Así lo reconocería esa misma tarde la propia Elisa Carrió durante el debate: “Después de tanta demora, hizo falta una crisis de envergadura para sacar adelante esta ley”.

Promediaba el primer año del gobierno de la Alianza y había estallado el escándalo que involucraba a los senadores nacionales, y en ese contexto el entonces juez Carlos Liporaci reclamaba el desafuero de numerosos legisladores que se resistían a despojarse de los mismos. Cabe consignar que, sancionada esa ley, los involucrados pudieron ser interrogados por el magistrado, cosa que hasta entonces la legislación impedía.

En una misma jornada el proyecto atravesó ambas cámaras, donde fue aprobada por abrumadoras mayorías, y a partir de su promulgación, cuatro días después, el juez quedó habilitado para indagar, e incluso procesar, a los once senadores sospechados en el caso de las coimas, sin necesidad de contar con sus respectivos desafueros. La nueva ley estableció que el desafuero debería existir solo para el caso de que el juez librara una orden de arresto.

El proyecto fue aprobado en Diputados al cabo de un debate de más de cuatro horas, por 207 votos a favor, 5 en contra y dos abstenciones. Miembro informante fue, en su condición de titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Elisa Carrió, quien expresó su confianza de que significaría “un enorme avance para la búsqueda de la justicia y de la verdad. Porque esta norma beneficiará a los legisladores honestos, que podrán ir a los tribunales a probar su inocencia y, al mismo tiempo, permitirá que aquellos que sean delincuentes vayan presos”.

El proyecto estaba trabado desde hacía cuatro meses, debido a la fuerte resistencia que generaba entre los legisladores. Pero tenía que salir o salir ese mismo día, y tras su aprobación en Diputados lo trataron los senadores, que acababan de aprobar la Ley de Emergencia Económica y hasta habían escuchado al ministro de Economía. Pasada la medianoche se alcanzó la aprobación en general, mientras que en particular se aprobó alrededor de las 4 de la madrugada del 8 de septiembre del año 2000.

En su alocución en Diputados, Carrió aclaró que los fueros parlamentarios “sólo garantizan exención de arresto y en ningún caso puede entenderse como exención de proceso”. Admitió que el tratamiento del proyecto obedecía a una coyuntura particular, el escándalo de los sobornos, al señalar que “en estos casos siempre es mejor remitirnos a lo antiguo”.

Por su parte, el justicialista Carlos Soria, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, hizo especial hincapié en la importancia que la sanción del proyecto tendría en ese contexto político. “Esta norma no sólo es útil para que la justicia avance en sus investigaciones, sino también para quitar ese manto de sospecha que se instaló sobre la clase política en general”, afirmó quien en algunos años se convertiría en efímero gobernador de Río Negro. “Seguro que esta no es la mejor oportunidad para aprobar esta ley, pero es la única. La democracia en Argentina no está amenazada por ninguna conspiración, pero tiene males íntimos que la gente nos refriega todos los días”, dijo Soria al fundamentar su apoyo a la iniciativa en el marco del debate en el recinto.

Desde la vereda opuesta, el demócrata progresista Alberto Natale advirtió que se avanzaba en el tratamiento de una ley “que en 10 años no se pudo aprobar por las diferencias que ésta generaba y por el temor de muchos de tener que ir a la justicia”, aunque de todos modos no se opuso a la medida. Sí en cambio lo hicieron cinco diputados, entre ellos María Chaya (PJ-Salta) y Agustín Díaz Colodrero (Partido Nuevo-Corrientes), en tanto que hubo dos abstenciones, una de ellas de Cristina Fernández de Kirchner.

En su extensa argumentación, la entonces diputada por Santa Cruz recordó que en esa Cámara ella había sido precisamente impulsora del proyecto de ley que se estaba considerando. Pero anticipó que se abstendría de votar “una iniciativa por la que bregué desde que soy legisladora”. Argumentó que “el problema que hoy tenemos no es de derecho o de carácter jurídico. Cuando nosotros impulsábamos este proyecto y pedíamos que se tratara en el Senado se decía que no había acuerdo para tratarlo”.

Cristina sostuvo en su discurso que el escándalo había estallado en el Senado, pero “en realidad ello ocurre en el sistema político. No podemos caracterizar el problema como jurídico o de interpretación de la Constitución. Estamos ante un problema político, y ésta precisamente no es una disquisición de preciosismo filosófico, en cuanto a si el problema es jurídico o político”.

En su discurso Cristina leyó la solicitud del fiscal de la causa, que no era otro que el hoy célebre camarista Eduardo Freiler, quien señalaba la “enorme gravedad institucional” que revestía el hecho denunciado en el Senado. La entonces diputada nacional sostuvo que se estaba ante una situación que exigía “una respuesta político-institucional”, por cuanto “este hecho que estamos tratando no se produce asépticamente en un país abstracto”. “Lo que quiero señalar es que no estamos legislando en abstracto. No creo que esto sea un disparador de la verdad y la justicia. Si decimos que a partir de la sanción de esta norma vamos a lograr la verdad y la justicia, ¿qué estuvimos haciendo hasta ahora?”, se preguntó.

Si bien aclaró que descontaba que “las motivaciones de la mayoría de los legisladores pueden ser las de destrabar una situación, no es eso lo que parece”. A cambio de esto, dijo, “el Senado sospechado trata la ley antievasión y la de emergencia económica, que servirá como soporte constitucional de los descuentos salariales y de cualquier otro DNU en materia de ajuste”.

Tras deslizar que la solución o respuesta deseable para tal situación debía pasar por “un acuerdo político entre las grandes fuerzas del país para poder construir en serio una nueva representación en el Senado”, estimó que ésta podía ser “una excelente oportunidad para construir un sistema político diferente”.

En ese contexto calificó de “parche” a la ley que se estaba tratando. “Todos sabemos que se llegó a esa situación en el Senado porque antes permitimos que pasaran muchas cosas. A esta degradación no se llega únicamente porque hay un grupo de demonios ubicado en un determinado partido político en un determinado parlamento; se llega porque comenzamos concediendo pequeñas cosas, negociaciones, y finalmente se termina en esto”, agregó. E insistió: “Para quienes piensan que a esta situación hay que darle una respuesta jurídica, sinceramente les digo que va a ser un parche y que el problema va a subsistir”.

Cristina concluyó su discurso diciendo que esperaba equivocarme, y que en ese caso lo iba a reconocer. “Cuando los vea presos y condenados, voy a reconocer aquí que me equivoqué; pero, por favor, no confundamos el problema. Sostengo que la gravedad de la crisis es institucional y política, y exige que las respuestas sean acordes con esa gravedad”.

Le contestó entonces Elisa Carrió, quien señaló que era compañera de Cristina y que “estamos juntas en muchas cosas y hemos impulsado este proyecto, y no quisiera que quedáramos confundidos aquellos que militamos por estas causas de una manera lineal, inequívoca, durante tanto tiempo”.

Señaló que “uno tiene derecho a muchas cosas, pero no a ensuciar todo. Si en este país todo es paja y no hay ni un solo trigo… Hay mucha gente decente que en contextos muy difíciles ha militado durante muchos años en muy diversas situaciones”. Admitió Carrió que sabía que “no ha habido intención por parte de la señora diputada -a quien aprecio-, porque la conozco; pero no me gustaría que muchísimos diputados que honestamente han bregado por esta norma, hoy quedaran confundidos con quienes ni siquiera tenemos el más mínimo trato; y además ni nos importa, porque lo que estamos haciendo apunta a que la verdad y la justicia lleguen no solo para este caso, sino también para todos los demás; no solo para este soborno, sino para muchos otros sobornos, cohechos, que ocurran en el país en los próximos años”.

“Es cierto lo que ha dicho la señora diputada Fernández de Kirchner. Nadie puede obviarlo -reconoció-. Lo que estalló en la Argentina no es un soborno; es el sistema de representación política y el orden político que acompañó un modelo económico y social de exclusión, donde finalmente se termina quebrando a diputados honestos o coimeando a legisladores deshonestos. Esto lo compartimos absolutamente, pero nunca va a ser una norma jurídica la que solucione los problemas de legitimidad de un orden viciado en sí mismo no por la corrupción, sino por la ausencia de defensa de los intereses para los que fuimos votados”.

Y aclaró Carrió que “nunca quisimos tratar este proyecto como la futura norma que iba a solucionar todo. Eso es cierto porque hoy existen algunos desesperanzados que creen que esta puede ser una salida. Pero nosotros nunca vamos a estar ajenos a los usos y a las malas interpretaciones. Jamás vamos a estar ajenos porque estamos en el barro, estamos tratando de poner alguna luz. Lo otro es decir que me quedo lejos y no pele, y el barro nos va a seguir gobernando”.

“No se confundan”, señaló Carrió al aclarar que ese era solo el inicio, y reconoció que “hace falta una reconstrucción de la República sobre nuevas bases y sobre nuevas identidades colectivas. Pero no nos atribuyan a nosotros ningún tipo de acuerdo, porque es una exageración y no somos merecedores de ello, ya que hemos tramitado esta norma con absoluta transparencia”.

Por haber sido aludida, volvió a hablar a continuación Cristina Kirchner, quien aclaró que no le gustaba “hablar de los unos y los otros; una vez que estamos aquí sentados, todos somos diputados de la Nación y la gravedad del momento que vivimos amerita que tengamos ese concepto”.

La representante de Santa Cruz señaló que “pese a las declaraciones realizadas por los senadores en el sentido de que se despojaban de sus fueros, lo que ellos quieren es seguir conservando la calidad de senadores de la Nación, porque hay mecanismos que seguramente no tienen que ver con los que establecen la Constitución o las leyes sino con códigos que funcionan en otros ámbitos y que nada tienen que ver con los que tuvimos en cuenta cuando pensábamos en la norma que ahora estamos tratando”. Para Cristina “quieren seguir siendo senadores porque entienden que de esa manera seguirá funcionando un código de protección”. E insistió al concluir que esperaba equivocarse, pero imaginaba que los legisladores sobornados no irían presos.

En definitiva, en eso no se equivocó.

(PARLAMENTARIO.COM)

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