BUENOS AIRES. La vicepresidenta de la Nación, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, junto al resto de los acusados en las causas “Hotesur” y “Los Sauces” fueron sobreseídos este viernes por el Tribunal Oral Federal 5 de Comodoro Py. Los jueces Adrián Grünberg y Daniel Obligado firmaron el sobresimiento para la vicepresidenta acusada de un multimillonario lavado de activos. En tanto la magistrada Adriana Palliotti votó en disidencia, rechazando el planteo de la defensa de Cristina y planteando que se avance hacia el juicio oral.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que así se resolvió el pedido de la defensa de Cristina Kirchner, a cargo del abogado Alberto Beraldi. Y de otros acusados de las causas. En lo que va del año, es el tercer expediente en el que la vicepresidenta logra el sobreseimiento en causas que tenía elevadas a juicio oral.

Previamente, a Cristina la sobreseyeron sin ir a juicio oral en las causas del dólar futuro. Y también por la firma del memorándum con Irán. Pero a diferencia de estas denuncias, la causa Hotesur/Los Sauces es por lavado con los hoteles y la inmobiliaria de la familia Kirchner. Es decir, una causa por un delito y no por una medida de Estado, judicializable o no.

Cabe destacar que este fallo que beneficia a Cristina Kirchner, llegó al filo de la salida de Grünberg del tribunal. El próximo martes vence su suplencia y en su lugar debe asumir otro magistrado. El tribunal se había comprometido esta semana en resolver antes de la partida del magistrado, que fue determinante para el sobreseimiento.

También fueron beneficiados Lázaro Báez y Cristóbal López, entre otros

Obviamente, el sobreseimiento también alcanza a los empresarios K, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa, a Romina de los Ángeles Mercado, sobrina de Cristina Kirchner e hija de la gobernadora de Santa Cruz Alicia Kirchner, y el contador Osvaldo Sanfelice, socio de la inmobiliaria de los Kirchner en Río Gallegos, entre otros.

En la causa “Hotesur” y “Los Sauces” la justicia investiga un presunto lavado de dinero y asociación ilícita en el alquilar de hoteles y propiedades a los empresarios bajo la sospecha de que fue una devolución de favores por los negocios públicos que obtuvieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

La defensa de Cristina, Máximo y Florencia Kirchner pidió el sobreseimiento a fines de Octubre. Entre otros argumentos, la defensa planteó que no hubo lavado de dinero porque el dinero para pagar los alquileres estaba bancarizada. Y que se puede seguir su trazabilidad. Otros acusados se sumaron a ese pedido.

La postura del fiscal y el guiño de la UIF del Frente de Todos

Pero el fiscal federal Diego Velasco había dictaminado que los planteos se tenían que rechazar. Sostuvo que todavía hay prueba pendiente que se está realizando. Pero además insistió en que todo esto se debe analizar en un juicio oral. En caso contario, se violaría el derecho de la Fiscalía, como representante de la sociedad, a tratar todo en un proceso oral sobre un hecho grave de corrupción. También remarcó que un planteo similar ya fue tratado y rechazado por el tribunal, tiempo atrás. Asimismo, el fiscal solicitó que se fije la fecha de inicio del juicio oral.

Ahora, Velasco puede apelar esta medida del TOF 5 ante la Cámara Federal de Casación. Y luego por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En el sobreseimiento también fue clave la postura de la Unidad de Información Financiera (UIF), un organismo del gobierno nacional que actúa como querellante. Es que la UIF no tomó una postura y planteó que se debe resolver el planteo de las defensas teniendo en cuenta que el lavado de dinero requiere un delito precedente que tenga sentencia firme. Este fue justamente el planteo de las defensas, y un guiño a la vicepresidenta, porque una nueva legislación estableció que se puede condenar por lavado sin un delito previo que tenga condena.

La causa por el lavado de al menos, 120 millones de pesos

Según informó Clarín, en el expediente se habló de “alquileres ficticios”, “empresas pantallas” y “retorno de fondos” que el empresario Lázaro Báez, íntimo amigo del ex presidente Néstor Kirchner, obtenía a través de los sobreprecios de la obra pública.

Los cuatro hoteles (administrados por Hotesur y Los Sauces SA) adquiridos por el ex matrimonio presidencial mientras estaban al frente de la Casa Rosada, fueron objeto de investigación en relación a los contratos celebrados con Lázaro Báez. A su vez, este era el “principal contratista de obra pública de Santa Cruz”, de acuerdo con la Justicia.

Al respecto, vale recordar que el negocio hotelero fue un “apalancamiento del patrimonio de los Kirchner”, según la confesión de Víctor Manzanares, el ex contador de la familia presidencial. Y Manzanares es un “arrepentido” o “imputado delator” en esta causa.

De acuerdo con la imputación, el circuito de operaciones con Hotesur y Los Sauces era un “modus operandi” para lavar al menos 120 millones de pesos. Para que esto pudiera ocurrir “se utilizaron las empresas como una pantalla”, dijo la Justicia que sostiene que nunca tuvieron como finalidad funcionar comercialmente. Por eso la imputación contra la familia Kirchner sostiene que se firmaron “contratos simulados”.

La hipótesis que durante la instrucción investigaron los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques es que los ex presidentes y sus hijos recibieron por parte de Báez dinero “a través del negocio hotelero bajo cierta apariencia de legitimidad”. Esta maniobra les aseguraba poder declarar esos fondos ante la Oficina Anticorrupción y ante el fisco “ocultando su verdadero origen” supuestamente ilícito.