Cristina Kirchner cuestionó el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea cerrado por los presidentes el viernes en el G20 de Osaka, durante una reunión con legisladores del Parlasur en su despacho, cónclave que le permitió volver a ausentarse del juicio oral por el direccionamiento de la obra pública de Santa Cruz en beneficio de Lázaro Báez, la causa más conocida como Vialidad.
Entre los parlasurianos, estaban las misioneras Cecilia Britto y Julia Perié, muy cuestionadas desde 2016 por exigir que se les pague la dieta legislativa pese a que el parlamento del Mercosur, no está funcionando en plenitud.
“Esto no está firmado, está aún en estudio”, expresó la ex presidenta y candidata a vice del Frente de Todos, quien criticó el acuerdo, al que consideró “un motivo de preocupación para nuestra industria, que ya viene de grandes pérdidas”.
Además de las misioneras Perié y Britto, también la escuchaban con devoción, los legisladores del Parlasur Jorge Taiana, Eduardo Valdés, Gastón Harispe, Ramón Rioseco, Ricardo Oviedo y Cecilia Merchan, entre otros.
Hasta su despacho llegaron también los senadores Ana Almirón, compañera de Cristina; la puntana María Eugenia Catalfamo y el porteño Fernando “Pino” Solanas, un histórico detractor de este acuerdo cuando era negociado en los gobiernos anteriores. De hecho, Solanas fue lapidario con el gobierno de Cristina Kirchner por diversos temas de agenda pública, el más resonante, quizás, el acuerdo con Chevron. Todas esas diferencias se hicieron a un lado, dada la ambición política de “Pino” por seguir como legislador nacional.
En clave electoral, Cristina fue mucho más mesurada que Axel Kicillof y Máximo Kirchner, que definieron el acuerdo como “una tragedia” y “una avivada de los europeos”. Prefirió un intercambio de preguntas y respuestas para escuchar frases como “estamos ante un nuevo Pacto-Runciman”, repetida por varios legisladores, que este martes se reunirán con los diputados kirchneristas, entre ellos Kicillof.
Para que entre en vigor, el tratado debe pasar los parlamentos de todos los países de Europa y del Mercosur, donde además funciona un parlamento regional pero no tiene decisiones vinculantes. No sólo eso: en abril los cancilleres firmaron un tratado para no volver a elegir en elección directa a los legisladores del Parlasur. En Argentina, los parlasurianos no están cobrando las dietas dolarizadas que percibían porque el gobierno ordenó que esas erogaciones se realicen sólo cuando el organismo parlamentario funcione plenamente.
Por el momento, la jueza María Servini de Cubría avaló la resolución multilateral, pero le pidió al Congreso argentino revisar la ley y con los recintos cerrados no será posible.
“Tenemos reuniones una vez por mes, comisiones permanentes, ni el Congreso argentino se reúne tanto. Las decisiones no son vinculantes como tampoco lo fueron en un comienzo las del parlamento Europeo”, explicó Perié, en diálogo con LPO, siendo ella, junto con Britto, una de las que reclamó el pago de las dietas legislativas.
