Política

De qué se trata la reforma del Código Procesal

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El texto aprobado en el Senado actualiza el código introduciendo en sus articulados figuras penales aprobadas en los últimos meses, como flagrancia, arrepentido y responsabilidad penal empresaria.

De qué se trata la reforma del Código Procesal

[vc_row][vc_column][vc_column_text]El texto aprobado en el Senado actualiza el código introduciendo en sus articulados figuras penales aprobadas en los últimos meses, como flagrancia, arrepentido y responsabilidad penal empresaria.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”171128″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]El abogado misionero Rodrigo Bacigalupi opinó acerca de las modificaciones al Código Procesal Penal que aprobó el Senado este miércoles.
“No están inventando nada nuevo, esto ya existe en la mayoría de las provincias. En Misiones funciona”, dijo el letrado sobre algunas de las leyes que se busca acoplar al CPP.

Entre las normas que se podrían incorporar están la Ley de Flagrancia, la Ley del Arrepentido, la de Técnicas Especiales de Investigación, la de Responsabilidad Penal Empresaria y la de Ejecución de la Pena, todas ellas sancionadas en los últimos dos años.

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“La figura penal del arrepentido es para darle algún beneficio a quien delata a quienes participaron en la comisión del delito. Se busca incentivar a que hablen”, afirmó Bacigalupi.

“Argentina busca normas acordes a la lucha contra la corrupción. Estas van a regir especialmente en la justicia federal”, agregó el ex presidente del Colegio de Abogados de Misiones.

El voto de Closs y Solari

Como un gesto llamativo, en la votación el interbloque Cambiemos contó con el respaldo de los senadores misioneros  Maurice Closs y Magdalena Solari, quienes estuvieron alineados al kirchnerismo durante el gobierno anterior.

Artículo criticado

La principal modificación realizada por los senadores durante la sesión fue la eliminación del artículo que recibió duras críticas de parte de ONGs y de la oposición.

El mismo se refería al establecimiento de un sistema de vigilancia remota que permitiría intervenir teléfonos celulares, tablets o cualquier tipo de dispositivo electrónico.

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