[vc_row][vc_column][vc_column_text]La presentación del fiscal federal Guillermo Marijuan fue por la compensación que deben pagar los usuarios a las distribuidoras por el impacto de la devaluación.[/vc_column_text][vc_media_grid element_width=”6″ grid_id=”vc_gid:1539021261911-0cd52bb6-8103-6″ include=”32996,202085″][vc_column_text]CAPITAL FEDERAL. Denunciaron penalmente al secretario de Energía Javier Iguacel por la compensación a las empresas distribuidoras de gas por efecto de la devaluación, cargo extra que deberán costear los usuarios del servicio.
La presentación la hizo el fiscal federal Guillermo Marijuan, por el presunto delito de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público.
“Decidí hacer una denuncia con la resolución número 20/2018, que establece un aumento en la tarifa del gas retroactiva, porque trata de compensar a las empresas distribuidoras por el período de abril a septiembre por el aumento del dólar”, dijo el fiscal.
La resolución por la que Marijuan denunció a Iguacel fue anticipada el viernes y determina que los usuarios de la red de gas de todo el país deberán pagar un nuevo cargo en las boletas desde enero próximo y por 24 meses.
Este monto compensará a las empresas distribuidoras por la devaluación del peso, ya que el precio está dolarizado y, cuando se acordó el aumento en las tarifas de abril, se previeron contratos a un tipo de cambio de $20,55.
Mediante la resolución 20/2018 publicada en el Boletín Oficial la Secretaría de Energía habilitó “en forma transitoria y extraordinaria” un mecanismo de “recupero de las diferencias diarias acumuladas entre el precio previsto en los contratos y el reconocido en las tarifas finales de las prestadoras del servicio de distribución” desde el 1° de abril hasta el 30 de septiembre.
Marijuan explicó que los usuarios del servicio de gas “ya hicieron pagos” respecto de esos períodos y recordó que “uno de los efectos del pago es la cancelación total”. “No se puede en modo alguno quitarle esa entidad jurídica que tiene justamente el acto jurídico del pago”, indicó.
El fiscal actuó de oficio después de la publicación de la resolución y dijo que la Justicia determinará si la calificación que estipuló en su denuncia es la que corresponde. “El Código Penal, en el artículo 248, prohíbe justamente dictar resoluciones contrarias a la ley.
Y, como decía, el efecto jurídico del pago es la ley misma, porque está establecido así en el Código Civil”, afirmó, en una entrevista a radio La Red.
Entiende la jueza Servini de Cubría
En la denuncia, que recayó ante la jueza federal María Servini, el fiscal pidió una medida cautelar para suspender ese “pago extra” que el Gobierno le exige a los usuarios, que deberían –si la medida se cumple- abonar $ 10.000 millones en 24 cuotas a partir de enero de 2019.
Para el fiscal la resolución dictada por Iguacel provoca “un perjuicio al patrimonio de los consumidores”.
“De esta manera, mediante el dictado de la resolución se genera una compensación a favor de las empresas contratistas y productoras del servicio de gas incrementado el costo mensual del servicio a usuarios y consumidores”, dijo el fiscal.
Como medida de prueba sugirió requerir toda la documentación en torno al dictado de la resolución que habilitó los aumentos de gas así como citar a declarar al director de jurídicos de la secretaría de Energía.[/vc_column_text][vc_facebook type=”button_count”][vc_tweetmeme][vc_column_text]
TN.
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