BUENOS AIRES. El gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner volvió a negarse a habilitar mediante una ley la firma de un acuerdo con Pfizer e insistió con la ratificación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido por el Gobierno que permitiría firmar con el laboratorio, la compra de vacunas para inocular a niños y adolescentes con comorbilidades.

En un debate en el que oficialismo y oposición volvieron a cruzar fuertes acusaciones por el uso político del esquema de vacunación contra el Covid, el Frente de Todos avaló en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo el DNU del Gobierno. Y, de acuerdo con La Nación, rechazó la propuesta del diputado Pablo Tonelli (Juntos por el Cambio – Capital) de avalar las negociaciones con Pfizer, pero mediante una norma que modifique la ley de vacunas.

La funcionaria expuso junto a la ministra de Salud Carla Vizzotti y a la asesora presidencial Cecilia Nicolini, quien participó de las negociaciones con los laboratorios por la compra de vacunas.

Admitió que incluyeron las regalías como garantía de pago

En su exposición, Ibarra reconoció que el decreto que modificó la ley de vacunas para comprar la variante contra el Covid 19 del laboratorio Pfizer incluyó como garantías las regalías, pero aseguró que no se refiere a las que perciben las provincias por las explotaciones hidrocarburíferas.

“Hay un pedacito de regalías que cobra el Estado nacional, que es la liquidez que se puso. Y es por si no responde el fondo de reparación que creamos, no responde el Estado, tuviera que hacerlo un proveedor y cuando se da vuelta tampoco paga el Estado. ¡Todo esto no pasó ni siquiera con el default de 2001! No hay ningún bien provincial involucrado”, insistió Ibarra durante una exposición realizada ante la bicameral de trámite parlamentario, que debatió el decreto firmado el último viernes por el presidente.

De acuerdo con LPO, el diputado de la UCR Gustavo Menna identificó que entre las modificaciones a la ley de vacunas está la eliminación de los “impuestos y/o regalías adeudadas” y “los derechos para recaudar impuestos y/o regalías” entre las excepciones a las cláusulas de indemnidad.

Y no hace diferencia entre la Nación y las provincias. Ello pese a que, a partir de la Reforma Constitucional de 1994 cobran regalías por explotaciones hidrocarburíferas al tener “el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”.

Al respecto, es preciso destacar que Ibarra no identificó cuáles regalías son las nacionales que colocó como garantía ante un eventual incumplimiento contractual con los laboratorios. Pero insistió en que “de ninguna manera” las provincias no perderán su porción de divisas.

“Creamos un fondo de reparación que es del Estado nacional. Y mal podría cobrar a las provincias”, se explicó. 

Las oscuridad del fondo de reparación

El fondo de reaparición creado en el decreto funciona como un resguardo ante la indemnidad reclamada por Pfizer. Y tiene la función de asistir a una eventual demanda contra el laboratorio. Por tratarse de una producción en tiempo récord, Pfizer pide estos requisitos.

Según el DNU se financiará con el 1.25% del valor de cada vacuna aplicada, pero ante una pregunta del diputado Tonelli, Ibarra no supo señalar cómo se conseguirán esos fondos. Serían parte del presupuesto nacional.

En caso de no alcanzar los recursos pueden aplicarse las garantías, entre las que el decreto mantiene excluidos los bienes públicos, pero ya no a los privados y a las regalías, como en la ley. Sí incorpora entre las protecciones al fondo de garantías de sustentabilidad de Anses. “Eso demuestra que defendimos nuestra soberanía”, se jactó Ibarra.

Cabe aclarar que el decreto no corría riesgos. Es que sólo puede eliminarse con el voto de las dos Cámaras del Congreso. Y el oficialismo tiene mayoría automática en el Senado. El jefe de ese bloque José Mayans anticipó que se tratará la semana que viene.

La presentación de las funcionarias, en un contexto de DNU aprobado

Por eso Alberto envió a sus funcionarios a defenderlo, después de meses de sufrir cuestionamientos por no haber podido contratar las vacunas de Pfizer, que son las únicas de uso pediátrico contra el coronavirus.

El laboratorio realizó hace un año un ensayo en el país con más de 6000 voluntarios en Argentina el año pasado, pero luego no acordó con el gobierno. Entre otras cosas, por las modificaciones que introdujo el kirchnerismo en la ley de Vacunas.

Estas vacunas, hace meses que están siendo esperadas por niños, niñas y adolescentes con enfermedades graves. Y lógicamente, también sus familias. Hasta el momento, no pueden ser inmunizados contra el coronavirus (Covid-19).

La funcionaria sostuvo que después de sancionar la ley de vacunas en octubre los laboratorios estadounidenses pidieron cláusulas que no tenían marco legal y se trabajó en una eventual modificación de la ley “para compatibilizar las demandas de intereses de laboratorios y los soberanos de Argentina”.

Y justificó el decreto del viernes en “la importancia de contar con la vacuna de uso pediátrico para comorbilidades y las que aporte el mecanismo Covax, un mayorista promovido por los organismos internacionales”.

La otra modificación es la eliminación de la palabra “negligencia”, como causal del laboratorio para perder la indemnidad. El Gobierno señaló desde diciembre que el término fue el que trabó las negociaciones. Pero nunca explicó bien por qué no lo borró de la ley con el decreto que recién firmó ahora.

“No era la única traba. Pero a partir de los últimos meses se han morigerado las demandas de los laboratorios”, se justificó Ibarra ante una pregunta de la diputada oficialista Carolina Gaillard.

Tonelli pidió que el DNU se transforme en ley y se debata

Ante una pregunta del también diputado del Frente de Todos Pablo Yedlin, Ibarra dijo que no hubiera servido la modificación de la ley de vacunas de Cambiemos cajoneada en Diputados. “Esto es producto de una larga negociación. No es ir a la esquina a comprar galletitas. Esto es un laboratorio con casas matrices, con asesores globales y hemos hecho enormes esfuerzos para acercar posiciones que estaban muy lejos”, dijo la funcionaria.

“¡No me vengan con esas chicanas! Una ley, cuando está en tratamiento, se puede modificar. Le propongo ponerla en tratamiento y en 48 horas es sancionada”, respondió el diputado del PRO Pablo Tonelli.

El decreto, aclaró Ibarra, prevé que los contratos se van a establecer el modo de recepción de la mercadería. Y se sustituyó la frase conducta maliciosa o fraudulentas por “dolosas”.

Durísimas críticas de Petri

No respondió la pregunta del diputado radical Luis Petri (Mendoza) sobre la decisión de reducir al mínimo la compra de vacunas mediante el mecanismo Covax. Y aclaró que el decreto invita a la adhesión de las provincias en caso de que alguna quiera comprar vacunas y necesita la garantía nacional.

En el cierre, Petri cuestionó en duros términos la postura del oficialismo. Y acusó a las funcionarias de no haber respondido ninguna de las dudas planteadas durante el encuentro. “Hay 10 vacunas en el mundo y el estado argentino sólo tiene contrato con tres. Estamos llegando tarde. Y encima nos quieren a venir a dar clases de constitucionalismo de emergencia”, sentenció Petri, quien aseguró que el uso pediátrico de las vacunas de Pfizer fue aprobado hace más de dos meses en EEUU.

El diputado opositor fue más allá y acusó al Gobierno de haberse negado a firmar con Pfizer. Y recordó que “hay seis millones de personas angustiadas porque necesitan la segunda dosis de la Sputnik y no saben cuándo van a llegar”. “Ustedes van a tener que explicar la muerte de más de 90.000 argentinos. Y por qué ahora salen cono este como un manotazo de ahogado por necesidades electorales”, sentenció Petri.