BUENOS AIRES. El efectivo desplazamiento de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi de la Cámara Federal, el Frente de Todos y el gobierno nacional apuntan ahora a otros magistrados a quienes consideran “enemigos del proyecto político” o cómplices del llamado “lawfare”.

Según publicó La Nación, ya habría otra lista negra de jueces que el oficialismo buscaría que renuncien, sean destituidos o trasladados. Ya hay indicios de esa táctica del gobierno kirchnerista. En la última semana, la segunda desde que se reanudó la actividad judicial, se multiplicaron no solo las críticas, sino también las iniciativas contra algunos de los magistrados que están en la mira del oficialismo.

Con los proyectos de reformas vinculadas a la Justicia (la reforma judicial, la creación de un tribunal intermedio para quitarle poder a la Corte Suprema, y la reforma del Ministerio Público fiscal) ralentizados, se activaron vías más agresivas.

La lista negra de jueces que están en la mira del gobierno

De acuerdo con La Nación, los camaristas de la Casación Penal se transformaron en el foco de las críticas de diputados y funcionarios del oficialismo. Ellos son Eduardo Riggi, que fue denunciado por el abogado Carlos Beraldi -defensor de Cristina Kirchner y del empresario Fabián De Sousa- ante el Consejo de la Magistratura por mal desempeño. Y Gustavo Hornos, que denunciado penalmente por los diputados kirchneristas Martín Soria, Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés.

La denuncia contra Riggi ya está en el Consejo de la Magistratura. Beraldi lo señaló por haber “ayudado” a Macri y haberle quitado pruebas a la jueza María Servini, que interviene en la causa donde se investiga si el expresidente orquestó una persecución contra el Grupo Indalo.

Cabe remarcar que esta jueza había pedido el entrecruzamiento de llamados que comprometerían a Macri, y Riggi hizo lugar a un recurso de la defensa del expresidente. Le ordenó a Servini enviarle todas las actuaciones de la causa y, según Beraldi, paralizó el expediente.

El nombre de Riggi se sumó al de la lista negra de jueces que había pronunciado Alberto Fernández en mayo de 2019, antes de ser presentado para encabezar la fórmula presidencial.

Por entonces, y hablando como candidato presidencial, Fernández había arremetido contra siete magistrados. Ellos eran el fallecido Claudio Bonadío, el juez de primera instancia Julián Ercolini, el camarista federal Martín Irurzun y los camaristas de Casación Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani. Todos ellos habían firmado, según dijo entonces, “sentencias arbitrarias”.

Más allá de haber sido señalados como jueces del “lawfare” por el Kirchnerismo duro, hoy son apuntados también por supuestos vínculos con el expresidente Mauricio Macri, y por “consagrar su impunidad” del macrismo.

El caso de Hornos, Ercolini e Irurzun

A Hornos lo señalan por haber ingresado a la Casa Rosada y/o a la Quinta de Olivos durante el gobierno de Macri, y los diputados denunciantes relacionaron sus fallos (adversos al kirchnerismo) con esas visitas. Esos hechos fueron denunciados en una ampliación de la denuncia por la causa conocida como “Mesa judicial M”.

En tanto, Irurzun, que preside la Cámara Federal, es uno de los jueces más criticados por Cristina Kirchner. Nuevamente, diputados del Frente de Todos lo denunciaron en el Consejo de la Magistratura el año pasado. Pidieron su remoción.

Por el momento, ese expediente no avanzó. La Comisión de Disciplina y Acusación sesionó cinco veces durante todo el año pasado. Y en el órgano encargado de nombrar y remover a los jueces se pronostica que la salida de Irurzun será “de manera elegante”, según La Nación. Vale decir, cuando pida su jubilación. Aunque en su entorno insisten en que no tiene voluntad de hacerlo aún.

A pesar de haber sido nombrado por Fernández en aquella lista, Gemignani es el único que sigue indemne.

Al contrario, Ercolini, que fue rotulado por Cristina Kirchner como uno de los exponentes del “lawfare”, y de quien Fernández dijo que firmó “sentencias dantescas”, no recibió embates. Pero tras haberse presentado al concurso para una de las vacantes de la Cámara Federal, en su entorno dan por descontado que “no tiene chances”.

Lo que sucederá en el Consejo de la Magistratura

La cuestión de fondo sigue siendo la misma: según el discurso del gobierno nacional, estos jueces actuaron en tándem con el macrismo para “perseguir” a opositores.

Este jueves el Consejo de la Magistratura definirá cuáles serán sus autoridades durante 2021. No sólo se votará la presidencia del organismo, sino que también se repartirán los cargos de las comisiones.

La Comisión de Disciplina y Acusación es una de las más importantes, al ser la encargada de impulsar o frenar las investigaciones contra los jueces. Los consejeros de la oposición ya manifestaron su interés en conducir esa comisión. Y las negociaciones todavía no cerraron. El oficialismo, que tiene mayoría, quiere retener esa conducción. Por obvias razones. Lograr la destitución o salida de un juez que investigó o proceso a ex funcionarios kirchneristas, aparece como un mensaje muy claro a toda la justicia. Y más aún, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.