Política

El oficialismo pasó a la firma el dictamen del proyecto del Ejecutivo de reforma del Consejo de la Magistratura

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Tras recibir a especialistas, y con una única intervención del ultrakirchnerista Oscar Parrilli, el Frente de Todos despachó la iniciativa. El senador Weretilneck, un aliado clave anunció un dictamen propio. La semana próxima se trata en el recinto y será determinante el voto de la misionera de la Renovación K, Magdalena Solari Quintana.

El oficialismo pasó a la firma el dictamen del proyecto del Ejecutivo de reforma del Consejo de la Magistratura

BUENOS AIRES. Tal como lo estimaba, el oficialismo en el Senado emitió este miércoles el dictamen del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para reformar el Consejo de la Magistratura, ley que deberá aprobarse antes del 15 de abril por el Congreso según lo encomendó la Corte Suprema mediante un fallo dictado en diciembre pasado.

Según publicó Parlamentario, luego de recibir a un grupo de especialistas que dieron sus opiniones, en nombre del Frente de Todos, el senador ultrakirchnerista Oscar Parrilli anunció el pase a la firma del despacho y el respaldo del bloque al texto del Gobierno. El bloque oficialista aspira tratar la próxima semana, este proyecto en el recinto.

El dato particular fue que un aliado clave del oficialismo, el rionegrino Alberto Weretilneck, anticipó que firmaría un dictamen propio, basado en un proyecto de su autoría.

Cabe remarcar que la iniciativa oficial no cuenta con el respaldo del interbloque Juntos por el Cambio, compuesto por 33 miembros, que presentó su propio proyecto de reforma. La diferencia sustancial principal radica en la participación del presidente la Corte Suprema dentro del Consejo y la posibilidad de que éste lo presida.

Los votos clave para el kirchnerismo: Weretilneck y “Maggie” Solari Quintana

En ese escenario, el apoyo de los senadores aliados resulta fundamental para que el Frente de Todos consiga la media sanción de este proyecto. Necesitan 37 votos y el bloque está compuesto por 35 integrantes. Sin embargo, además del habitual aliado Weretilneck, el kirchnerismo cuenta con el apoyo de la senadora por Misiones, Magdalena Solari Quintana.

La renovadora K “misionerista” casi siempre acompaña las iniciativas del oficialismo. Aunque esta vez, mucho dependerá de lo que haga Weretilneck. Si el ex gobernador decide no acompañar la iniciativa, es probable que Solari Quintana tampoco lo haga. Es que los gobernadores tienen poco que ganar y mucho que perder al acompañar una iniciativa que está en la agenda del kirchnerismo duro.

Como es de público conocimiento, el sector de Cristina Kirchner no sólo rechaza la reforma que le quita el poder de veto al oficialismo de turno en la designación y remoción de jueces dentro de la Magistratura. En especial, rechazan que el presidente de la Corte Horacio Rosatti, dirija el órgano destinado a controlar la labor de los jueces federales.

Lo que sostuvo Parrilli en defensa del proyecto del oficialismo

En el cierre del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales, Parrilli sostuvo que “no tiene que ser materia de la Corte, los jueces o los fiscales que definan cuál es la política judicial que debe existir para la sociedad argentina”. E insisitó en que “el desprestigio que hoy tiene la Corte y los jueces no se debe por responsabilidad de los políticos, se debe al propio accionar de los jueces y la Justicia”.

Sobre el proyecto, Parrilli afirmó que “esta ley que envió el Ejecutivo nuestro bloque la va a apoyar, vamos a firmar el dictamen, apoyar su sanción, y esperamos que prontamente podamos llevarla al recinto”. También expresó que coincidía con lo expuesto el día anterior por el ministro de Justicia, Martín Soria, sobre que los jueces de la Corte Suprema “se arrogaron facultades nuestras” en su fallo.

Estas declaraciones van en línea de las necesidades judiciales de su jefa política, la Vicepresidente Cristina Kirchner, a quien no le conviene una Magistratura que no esté controlada por el oficialismo. Entre otras cosas porque ello se transformaría en una mayor autonomía para los jueces federales. Muchos de los cuales están investigando causas por corrupción que la tienen a ella como principal acusada.

Cristina Kirchner y Alberto Weretilneck

Weretilneck con dictamen propio

Al argumentar su propio dictamen, el rionegrino Alberto Weretilneck subrayó que “hemos discutido bastante alrededor de un solo tema, que es la participación o no de la Corte Suprema en el Consejo de la Magistratura”, pero este tema “amerita otra discusión que para mí es el federalismo en serio de nuestro país”.

En esa línea, explicó que su iniciativa propone que “en vez de tener un Consejo como el actual, se conformen Consejos a nivel de distritos judiciales, en el cual los senadores y diputados sean de ese distrito”, al igual que los abogados, académicos y jueces. Para el senador, sería “cambiar la lógica centralista y unitaria que tiene este Consejo”.

Cabe destacar que el proyecto de Weretilneck, que habla de una conformación de 15 miembros. Prevé la participación del “presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o el que sea designado entre los integrantes de su seno, quien a su vez será el presidente del Consejo, debiendo alternase anualmente el elegido”.

Lo que propone el Ejecutivo para el Consejo de la Magistratura

El proyecto de reforma que envió el Poder Ejecutivo difiere de la composición original que la propia Magistratura sugiere de 20 miembros. Sobre todo porque en esta iniciativa no se contempla la presencia de un miembro de la Corte presidiendo el organismo.

El texto oficial amplía de 13 a 17 el número de integrantes del Consejo. La iniciativa suma un juez, dos abogados y un académico o científico. Incluye también la cuestión de género, de modo tal que al menos la mitad de los cargos deberán ser ocupados por mujeres.

Por el contrario, la composición original era de un miembro de la Corte Suprema de Justicia, que era su presidente y presidía entonces el Consejo; cuatro jueces, ocho legisladores (4 por cámara: 2 por el oficialismo; 1 por la primera minoría y 1 por la segunda minoría); cuatro abogados; un representante del PEN y dos miembros del sector académico.

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