El Senado de la Nación debate un proyecto de ley que introduce penas más severas para quienes realicen denuncias falsas en casos de violencia de género y abuso sexual. Las posturas sobre el tema son diversas y provocan un intenso debate, ya que algunos consideran que el proyecto busca equilibrar un sistema judicial que, según ellos, favorece a las denuncias sin pruebas, mientras que otros lo ven como un ataque a los avances en la lucha contra la violencia de género.

Rita Flores, presidenta del Partido Ahora Vos, es una de las principales defensoras del proyecto. Según la dirigente, esta iniciativa busca corregir el “desajuste” generado por la imposición de lo que considera una justicia influenciada por la ideología de género.

Flores aseguró que el proyecto no se trata de una confrontación entre hombres y mujeres, sino de establecer un sistema judicial “más justo para todos”. En este sentido, destacó que la ley actual contempla sanciones mínimas para quienes presentan denuncias falsas, lo que puede “destruir” la vida de una persona. Con la nueva propuesta, las penas para las falsas denuncias aumentarían, con sanciones de cárcel de entre 1 a 10 años por falso testimonio o pericias falsas.

La dirigente argumentó que muchas personas, tanto mujeres como hombres, han sufrido por denuncias infundadas, y subrayó que el proyecto no tiene un enfoque de género, sino de justicia. “En el país hay muchas personas enjuiciadas y privadas de su libertad sin pruebas”, concluyó, advirtiendo sobre el impacto que estas acusaciones pueden tener en la vida de los involucrados y en el bienestar de los niños.

Por otro lado, Florencia González, abogada especializada en la materia, criticó fuertemente el proyecto. Destacó que la falsa denuncia ya está penada por la ley, aunque con penas menores.

A su juicio, el proyecto es innecesario y no tiene sentido, ya que judicialmente es “imposible” imputar un delito sin una investigación previa que verifique la veracidad de las acusaciones. Según la abogada, la iniciativa no solo desacredita todo el trabajo judicial, sino que también refuerza una “desinformación” sobre la violencia de género.

González insistió en que las acusaciones de violencia de género nunca se hacen sin una investigación previa y que el debate sobre el proyecto está siendo impulsado por una construcción sociocultural errónea que minimiza la problemática.

El debate sigue abierto, y el proyecto es analizado en el Senado, donde se espera una resolución que tome en cuenta tanto los derechos de las víctimas como la necesidad de proteger a los acusados de denuncias falsas.