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El STJ estaría dividido respecto al pedido de destitución contra el juez Casco

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Pese a que el pedido de “diligencias preliminares” no implica una admisibilidad de la denuncia contra el juez Gerardo Casco en el Jurado de Enjuiciamiento, la postura de los ministros del STJ no es unívoca y algunos consideran que la situación del magistrado es insostenible.

El STJ estaría dividido respecto al pedido de destitución contra el juez Casco

POSADAS. Este miércoles se reunió el Jurado de Enjuiciamiento que estudia si admite o no la denuncia contra el juez de instrucción 3 de San Vicente, Gerardo Casco y pese a que aún no fallaron sobre la cuestión de fondo, algunos ministros del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, considerarían insostenible la situación del magistrado sanvicentino. Mientras que otros ministros opinan que lo ocurrido con Casco no es tan grave. Y optarían por archivar la denuncia, según revelaron fuentes de MisionesCuatro.

Casco está denunciado por “abuso de poder”, “privación ilegítima de la libertad” y “maltrato”, por cinco policías de San Vicente que el magistrado ordenó detener cuando estos llevaban adelante un operativo de control vial de rutina.

Según informó el periodista Pablo García en su columna semanal en el canal 8, “Gerardo Casco se hizo tristemente famoso cuando fue a intervenir en un control policial a propósito del gran negocio de la soja del cual se desconoce el destino final”.

Un jurado de enjuiciamiento y un STJ divididos respecto de Casco

Este miércoles, el Jurado de Enjuiciamiento se reunió en el subsuelo del Palacio de Justicia, y quien preside el cuerpo, es la titular del Superior Tribunal de Justicia, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori. La acompañaron sus pares del STJ, los ministros Jorge Antonio Rojas y Cristian Marcelo Benítez. Además, estuvieron los diputados, Rafael Pereyra Pigerl y Jorge Ratier Berrondo. Y, también, los abogados Sebastián Leonardo Levitt y Cristhian Ariel Rojas González.

Estas “diligencias preliminares”, que se definen aunque “no se declaró la admisibilidad de la denuncia”, consisten en “pedirle al juzgado de Casco, que tendría que inhibirse, que mande el expediente donde él decía que fué al control porque los policías coimeaban”, puntualizó García al respecto del caso.

A este respecto, el periodista expuso que los policías que denunciaron a Casco, en las 40 fojas de esa denuncia, pusieron de relieve que el camionero y el dueño del cargamento interdictado el pasado 23 de septiembre, declararon que “no recibieron pedidos de cohecho”.

Así pues, en el Jurado de Enjuiciamiento, están pidiendo el expediente para analizarlo en un contexto en el que Casco acusa a los policías, de forma extraoficial, de coimeros. Pero el pedido del expediente no sería lo único que analizarían en el Jurado de Enjuiciamiento. Además, buscarían “avanzar con otras cuestiones e investigaciones” respecto del comportamiento del juez Casco.

Los uniformados con apoyo de toda la fuerza policial aunque la cúpula no asume una postura

“La propia Corte (el Suprerior Tribunal de Justicia) está dividida. Algunos dicen que es insostenible en el cargo y otros que dicen que no es tan grave. Diputados y abogados no se pronunciaron también tendría una mirada política”, confió García en su columna sobre el proceso que podría desembocar en una destitución.

Aparentemente, Casco “se movía como una especie de jefe de estancia, como uno de los capangas del pueblo” y “el mero hecho de no cumplir con la exigencia de la investidura de un juez, como el decoro ante la sociedad, es causal de destitución”, recordó García.

En este contexto, se sabe que los uniformados tienen el apoyo de la Familia Policial y la Mesa de Enlace. Mientras que la Jefatura aún no se pronunció sobre el escándalo. “Toda la unidad regional VII respalda a los policías”, reveló García, quien reveló que los uniformados denunciantes no descartan “prestar declaración y contar las viscisitudes que padecen desde la llegada de Casco”.

Todo esto ocurre en un contexto enrarecido entre los policías y el gobierno. E Inclusive, “se hablaba de una movilización de policías y penintenciarios por incumplimientos de acuerdos con el sector de los uniformados”, confió García.

Cómo se inició el escándalo por el control por el contrabando de soja, levantado por el juez

Respecto del operativo del 23 de septiembre en San Vicente, que desembocó en una crisis institucional, se sabe lo siguiente. Cerca de las 21, efectivos de la Comisaría Segunda realizaban un control de tránsito rutinario sobre la ruta provincial 13, a la altura del kilómetro 48. Por entonces, al lugar arribó un camión modelo Scania 340G transportando una carga de soja.

Los cuatro uniformados que estaban apostados sobre la ruta procedieron a realizar un control del rodado. Y de la documentación de la carga. Para lo cual se articularon los mecanismos de comunicación con el policía fiscal de ATM (Agencia Tributaria de Misiones).

Mientras  se aguardaba la respuesta de parte de ATM, la marcha del camión conducido por un joven de 25 años fue interrumpida. Sin embargo, en esa instancia arribaron dos hombres que se presentaron como dueños de la carga. Aparentemente, los sujetos cuestionaron el procedimiento. Y llamaron por teléfono al juez Casco.

Minutos más tarde, llegó la respuesta de ATM. Y el resultado fue que las documentaciones de la carga estaban en regla. Por lo que el camión volvió a ser liberado para que continúe viaje hacia El Soberbio.

Pero el tema no quedó ahí. Poco después llegó al lugar el propio Casco. Anteriormente y por vía telefónica habría consultado con las autoridades de la Unidad Regional VIII si existían directivas para realizar el control sobre la ruta provincial 13. En esa misma comunicación telefónica, Casco habría ordenado que una autoridad policial llegue al lugar. Y que vaya también, personal de la Brigada de Investigaciones.

La orden de detención de Casco contra los policías, sin mediar denuncia de cohecho

Una vez allí, Casco habría ordenado al subjefe de la UR VII, el inspector Bruno Duarte, levantar completamente el control. Asimismo, Casco dispuso que a los cuatro uniformados que estaban en la ruta, sumado a la oficial auxiliar y jefa de la comisaría interviniente, los demoren en una seccional. También les secuestraron sus armas reglamentarias.

En esa instancia, el subjefe de la UR no acató la orden al no comprender la finalidad de la medida. Entonces el juez habría deslizado la posibilidad de pedir la intervención de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) en el hecho.

Por consiguiente, los efectivos implicados fueron trasladados hasta la Comisaría Primera, mientras que el dueño de la carga y el chofer fueron hasta la sede de la Unidad Regional bajo la recomendación de radicar una denuncia. Sin embargo, en la presentación o exposición, el conductor del camión no refirió haber sufrido ninguna irregularidad –más específicamente un pedido de coimas– y por ello los policías fueron liberados.

Lo siguiente fue lo que es de público conocimiento: los policías denunciaron penalmente a Casco por “abuso de autoridad” y “privación ilegítima de la libertad”. Y presentaron la denuncia para que le inicien un juicio político para que el juez sea destituido.

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