BUENOS AIRES. El proyecto para modificar la elección del Procurador General de la Nación se tratará este viernes en el Senado, en medio de un fuerte rechazo de la oposición, según se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria de la Cámara alta.

Según Clarín, el dictamen de la iniciativa fue aprobado el último viernes, bajo el impulso del Frente de Todos. Sin embargo, por ley, debe esperar siete días para que la iniciativa vaya al recinto. Por eso la Cámara Alta sesionará este viernes, tres días antes de que termine el periodo de sesiones ordinarias.

El texto recorta el mandato del procurador, actualmente vitalicio. Además, flexibiliza la mayoría de votos necesaria para su designación. Y, aunque modifica los mecanismos de remoción, mantiene el requisito de los dos tercios.

La iniciativa estipula que el cargo de procurador durará cinco años, con la posibilidad de una sola reelección con acuerdo del Senado. El tratamiento de su pliego, además, no podrá coincidir con años electorales. Este era el único punto en que todas las fuerzas políticas coincidían.

Mayoría absoluta para la designación del jefe de los fiscales

Por otra parte, elimina la mayoría agravada de dos tercios para su designación y fija una mayoría absoluta. Es decir, la mitad más uno del total de los miembros del Senado que, en lo concreto, significa 37 votos positivos de los 72 senadores.

Esto implica que cada oficialismo de turno, presumiblemente con mayoría en el Senado, podrá designar al Procurador, toda vez que el cargo quede vacante. Es un dato clave: con el cambio del sistema penal y el modelo acusatorio, son los fiscales los que impulsarán las investigaciones judiciales. Y los jueces pasarán a ocupar el rol de garantes del cumplimiento del debido proceso y las garantías constitucionales.

De acuerdo con el matutino nacional, el proyecto oficial también modifica los mecanismos de remoción. Actualmente, la ley estipula que el procurador debe ser removido por juicio político, lo que implica que tanto la Cámara de diputados como de senadores avalen el desplazamiento con dos tercios de los votos.

El proyecto del Frente de Todos plantea ahora dos vías: que el Ejecutivo presente el pedido de remoción ante Diputados o que lo haga cualquier diputado. En ambos casos, para que la acusación escale al Senado se requerirá la aprobación por mayoría absoluta en Diputados. Es decir, la mitad más uno. Sin embargo, en el Senado la remoción deberá ser aprobada por los dos tercios. En consecuencia, se seguirá necesitando del acuerdo político en la Cáamara alta, para poder remover un Procurador.

Juntos por el Cambio, que se niega a flexibilizar la mayoría para la elección, presentará un dictamen propio. “Compartimos algunas cosas, otras no. Cabe recordar que de los 16 expositores que se presentaron en la comisión, 14 dijeron que no debían tocarse los dos tercios”, anunció la radical Silvia Giacoppo.

Cómo votarán Closs y Solari

En tanto, el oficialismo kirchnerista parece seguro respecto de contar con los votos para avanzar con el controvertido proyecto. Por estas horas, resulta una incógnita cómo votarán los senadores misioneos Maurice Closs y Magdalena Solari Quintana. En particular, en el caso de esta última.

Es de esperarse que Closs, un ladero incondicional de Cristina Kirchner, acompañe el proyecto que, para muchos especialistas, afecta gravemente a la autonomía política del Procurador y del Ministerio Público Fiscal.

Pero en el caso de Solari Quintana, surgen dudas. Ella forma parte del bloque “misionerista” del Frente Renovador de la Concordia Social y su espacio está claramente alineado con Alberto Fernández. Es decir, en los papeles, no responde a la conducción de la vicepresidenta Cristina Kirchner. En un contexto en el que cada voto puede ser determinante, la posición de Solari Quintana, cobra relevancia.

Se anticipa que la discusión en el Senado estará cargada de cruces entre el oficialismo y la oposición en torno al rol de la ex procuradora del kirchnerismo, Alejandra Gils Carbó; del procurador interino actual Eduardo Casal y también del candidato del Presidente, Daniel Rafecas. Un juez resistido por Cristina Kirchner, quien no le perdona haber investigado al ex vicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone.