BUENOS AIRES. Este martes, la Vicepresidente Cristina Kirchner fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitada de por vida para ocupar cargos públicos luego de que la justicia la encontró culpable del delito de defraudación al Estado por favorecer al empresario patagónico Lázaro Báez en la adjudicación de obras públicas para Santa Cruz. En cambio, no fue encontrada culpable por el delito de asociación ilícita, la otra figura por la que había sido acusada.  

La resonante e histórica condena que dictaminó el Tribunal Oral Federal 2, es la primera que sufre la ex presidenta por corrupción en el Estado. De hecho, Cristina Kirchner se convirtió este martes en la primera Vicepresidente condenada por delitos de corrupción estando en ejercicio de su cargo.

Según publicó La Nación, Cristina Kirchner no irá presa y podrá seguir siendo funcionaria y candidata en las próximas elecciones al cargo que desee, ya que la sentencia queda firme y rige cuando se hayan agotado todas las instancias judiciales de revisión. Es decir, cuando la Corte Suprema de Justicia rechace el último recurso de la imputada, lo que puede demorar años. O incluso décadas. Esto es así según el nuevo Código Procesal Penal Federal parcialmente en vigencia.

Fallo dividido, con condenas y sorpresivas absoluciones

El juez Jorge Gorini leyó el veredicto firmado junto con sus coleas Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso desde el TOF 2, a partir de las 17.30 hs., y unas 200 personas repudiaron el fallo frente al edificio de Comodoro Py 2002. En tanto, los acusados y el fiscal Diego Luciani siguieron la lectura del fallo por Zoom, al igual que la Vicepresidente, que estaba en su despacho del Senado, desde donde emitirá un mensaje por las redes sociales.

Además de Cristina Kirchner fueron condenados otros de los imputados en el juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, entre 2003 y 2015. El TOF 2 condenó a seis años de prisión por fraude el exsecretario de Obras Públicas José López. También recibió la misma pena, el extitular de la Dirección Vialidad Nacional Nelson Periotti, y el empresario K, Lázaro Báez, dentro de un lote total de 13 imputados.

Otros funcionarios de Vialidad Nacional y de Santa Cruz recibieron las siguientes penas: Juan Carlos Villafañe, 5 años; Raúl Pavesi, 4 años y medio; Raúl Santibañez y Mauricio Collareda, 4 años; Raúl Daurich, 3 años.

En tanto, según publicó Clarín, el TOF 2 sorprendió con las absoluciones de Julio De Vido, Abel Fatala y Héctor Garro, a quienes no consideró como parte de la maniobra de fraude al Estado. Carlos Santiago Kirchner también fue absuelto. Sin embargo, eso ya se preveía porque los fiscales no pidieron ninguna condena para él.

El juez Basso votó en contra de la absolución contra CFK en la acusación por Asociación Ilícita

Respecto de la acusación por asociación ilícita, el fallo fue dividido. Mientras que una mayoría conformada por Gorini y Giménez Uriburu la desestimó, el juez Andrés Basso votó por avalarla. Cuando se conozcan los fundamentos de la sentencia, el 9 de marzo, esa disidencia será clave para la apelación que podría presentar el fiscal Luciani ante la Casación.

En este juicio, iniciado en mayo del 2019, el TOF 2 analizó la estructura que funcionó durante los doce años de los gobiernos kirchneristas y que, según la acusación, posibilitó que Lázaro Báez, sin ser empresario de la construcción, terminara siendo el adjudicatario de 51 obras viales en suelo santacruceño. Concretamente, se analizaron los contratos viales que ganó el Grupo Austral por $ 46.000 millones.

Bajo ese argumento la fiscalía dio por corroborada la existencia de una “estructura estatal defraudatoria, licitaciones amañadas, sustracción de sumas millonarias del Estado, un circuito ilegal de enriquecimiento del empresario y finalmente, una etapa de reciclaje a favor del matrimonio Kirchner”.

El fenomenal crecimiento patrimonial de Báez y Austral Construcciones, cuyo único cliente fue el Estado nacional

El expediente desnudó dos números impactantes y determinantes: el patrimonio de Báez creció entre 2004 y 2015 un 12.000%, y el de Austral Construcciones su firma insignia, un 46.000%. Según Clarín, dos datos rodean esas exorbitantes cifras: la empresa tuvo como único cliente al Estado, más específicamente a las tres presidencias kirchneristas. Y mientras crecía como empresario de la construcción celebró veinte acuerdos comerciales con los ex presidentes desde el ámbito privado. Por esto, la fiscalía habló de “la matriz más extraordinaria que existió que se volvió sistémica, endémica, se convirtió en un comportamiento habitual, en hechos gravísimos, una organización criminal”.

Para la Fiscalía, la administración fraudulenta aparece por la sustracción de fondos del Estado a través “de la asignación discrecional (casi el 80%) de las obras viales adjudicadas en Santa Cruz”, lo que representó la contratación “en favor de Lázaro Báez”. 

Con el contratista K como permanente ganador de las licitaciones, la fiscalía analizó “un esquema de beneficios exclusivos” que perjudicó el erario público ya que esos fondos remitidos a Santa Cruz a través de convenios con Vialidad Provincial, “se otorgaron de forma irregular, con sobrecostos y pagando certificados de obras que no correspondían”, según sostuvo Luciani en el juicio.

Para el Ministerio Público Fiscal, la defraudación al Estado ascendió al orden de los 1.000 millones de dólares. En esta maniobra defraudatoria actuaron doce ex funcionarios. Por tal motivo el fiscal Luciani entendió que junto con la condena correspondía requerir que todos los imputados sean inhabilitados de forma perpetua para ocupar cargos públicos.

Por qué es histórico el fallo y la situación de López y Báez, ya condenados en otras causas

Vale recordar que López ya está condenado a seis años de cárcel por enriquecimiento ilícito por la famosa causa iniciada cuando lo encontraron en un convento de General Rodríguez, intentando esconder bolsos con 9 millones de dólares sin declarar. Al volver a ser condenado López, esta pena será unificada con aquella. Lo mismo sucede con Báez, que ya fue sentenciado a 12 años de cárcel por lavado y evasión en el marco del juicio conocido como “La Ruta del Dinero K”.

Este fallo deviene histórico por ser la primera vez que un vicepresidente en ejercicio es condenado por cargos de corrupción. El antecedente más cercano en el tiempo, el de Amado Boudou, es diferente del de su jefa política. A Boudou lo condenaron en 2018 por tráfico de influencias y negociaciones incompatibles en la causa por la compra de la Calcográfica Ciccone. Por entonces, el ex vicepresidente de Cristina Kirchner, ya había dejado la función pública.