[vc_row][vc_column][vc_column_text]El intendente renovador de Iguazú, Claudio Filippa, envuelto en un escándalo de proporciones insospechadas en el marco de una investigación del juez federal Luis Antonio Armella, que ordenó 50 allanamientos. Filippa podría ser acusado de asociación ilícita y defraudación al Estado nacional.[/vc_column_text][vc_media_grid element_width=”6″ grid_id=”vc_gid:1541950359421-af657382-a122-1″ include=”146467,156968″][vc_column_text]PUERTO IGUAZÚ. El alcalde renovador Claudio Filippa, podría ser acusado de integrar una asociación ilícita para estafar a la AFIP en el marco de una causa penal que investiga el juez federal Luis Antonio Armella, que ya ordenó a la Prefectura, realizar 50 allanamientos, entre ellos Iguazú.
En la causa ya fueron identificados la mayoría de los 3.500 beneficiarios de esas facturas electrónicas apócrifas y las 100 “usinas” generadoras de ellas.
Todas las “usinas” tenían como titulares a personas indigentes y de bajos recursos acercados a la banda por el policía en actividad –ya fue separado de la fuerza- Darío Benavides, pariente de Gómez, quien además era el custodio y “culata” del grupo.
El uniformado no solo era el encargado de aproximarse y convencer a los indigentes de aceptar firmar la documentación y hasta realizar los trámites ante la AFIP como presuntos responsables inscriptos sin límite de facturación. También era el que les pagaba entre $ 5.000 y $ 10.000 a las denominadas “usinas” por prestar sus nombres.
El resto corría por cuenta de Russo. Él se encargaba de poner a nombre de las personas “sin capacidad económica” las sociedades o reales a través de las cuales se facturarían los trabajos nunca realizados para descargar los impuestos.
Por otro lado, la Municipalidad de Puerto Iguazú, a cargo de Claudio Raúl Filippa, también figura entre los involucrados.
Varias intendencias involucradas
En otras intendencias, la AFIP detectó cientos de miles de pesos facturados con boletas apócrifas por la venta de arena, cemento, cal, pintura y otro tipo de presuntas prestaciones, como publicidad y encuestas.
La AFIP descubrió esta fabulosa maniobra delictiva casi por casualidad. O no. Un funcionario de línea le llamó la atención los millones de pesos que en poco tiempo había facturado una ignota empresa que estaba a nombre de María Fernández.
Más dudas surgieron cuando descubrieron que la mujer comenzó a facturar sumas desmesuradas a los pocos días que se inscribió en la AFIP, pero que hasta antes de eso, no tenía ni siquiera un empleo formal.
Y la configuración del delito terminó de establecerse cuando los especialistas de la Administración de Ingresos Públicos, y de Prefectura, descubrieron que las facturas electrónicas de la presunta empresaria María Fernández, eran impresas desde una computadora cuyo IP (identificador de la PC) era utilizada por otras empresas también creadas de un día para el otro y cuyos titulares hasta ese momento o no tenían trabajo o eran beneficiarios de planes sociales.
Recuérdese que toda computadora conectada a internet o a cualquier red posee una identificación única, llamada dirección IP (en inglés, Internet Protocol), compuesta por cuatro combinaciones de números.[/vc_column_text][vc_facebook type=”button_count”][vc_tweetmeme][vc_column_text]
La Voz de Cataratas/Infobae
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