Florentín “ejerció influencia en la justicia y abuso de poder”

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Lo dijo María Gisela Subizar, la ex pareja del Secretario de Gobierno de Posadas, Fabián Florentín, que desde 2008, “pagó lo que quiso” de la cuota alimentaria de su hija y actualmente está de licencia sin goce de haberes, una medida del “municipio de Posadas que sigue perjudicando a la niña”. [/vc_column_text][vc_single_image image=”238519″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_column_text]POSADAS. El resonante caso de Fabián Florentín, el Secretario de Gobierno de Posadas que ejerce el cargo pese a estar inscripto en el Registro de Alimentantes Morosos, sumó un nuevo capítulo con las revelaciones públicas que realizó su ex pareja, la abogada María Gisela Subizar, que en exclusiva con MisionesCuatro, ventiló los pormenores del caso en el que queda en evidencia, la complicidad de la justicia misionera y de la intendencia de Posadas, con el funcionario machista.

Florentín “pagó lo que quiso” de la cuota alimentaria de su hija, y “ejerció influencia en la justicia y abuso de poder”, expresó la ex pareja del cuestionado ex diputado provincial, ex concejal y ex director del Mercado Central de Posadas. Actualmente, Florentín está de licencia sin goce de haberes, una medida del “municipio de Posadas que sigue perjudicando a la niña”, alertó la abogada.

“Tuve un embarazo de alto riesgo y me separo de esta persona (Florentín), que tenía sus arranques de violencia. Sufro el abandono durante el embarazo de mi hija, tanto económico, como moral y afectivo. El me echa de mi casa y me voy a vivir a la casa de mi madre. Esto consta en el expediente que él me inició a mí, por un régimen de visita”, señaló Subizar.

En 2008, a raíz de la demanda por régimen de visitas, -“la jueza (Marta Teresita Alegre) le otorgó más tiempo del que solicitaba”-, Subizar le inicia un juicio por alimentos. En el expediente, de acuerdo con Subizar, no está determinado el domicilio real de Florentín, porque “no quiere decir que vive en una torre muy onerosa y denuncia diversos domicilios (uno de ellos apócrifos)”.

Previo al juicio de alimentos, Florentín depositaba entre 500 y 1000 pesos mensuales para su hija, pero “quiero aclarar que no me dio vivienda, ropa y ni siquiera alimentos, siendo que sus empresas eran de las distribuidoras más grandes de la provincia”, precisó.[/vc_column_text][vc_single_image image=”232743″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_column_text]

Blindaje judicial para Florentín

Para Subizar, su ex pareja “usaba a la Justicia como método extorsivo” y “ejerció influencia” en el poder judicial, porque al tiempo en que arrancó la causa por la cuota alimentaria, el susodicho integraba el Consejo de la Magistratura. Es el organismo que prepara las ternas vinculantes para cubrir los cargos en la Justicia. La jueza (Alegre) que le dio más horarios (de visita) que los que pedía, horarios que jamás cumplió, se presenta a una terna en el Consejo y Florentín no la reconoce ni ella a él, según figura en el acta”, denunció Subizar, apuntando a una connivencia entre el funcionario y la jueza.

Dado que la jueza Alegre estaba llevando un juicio por alimentos contra Florentín, el entonces diputado “debía haberse apartado, porque tenía un millón de causas. Ahí viene, en septiembre (del 2008), se dicta una cuota de alimentos provisorios de 1500 pesos. Le legalizaron las pretensiones de Florentín”, fustigó Subizar, insistiendo en que este monto era exiguo, teniendo en cuenta que no aportaba para su hija, vivienda, vestimenta, alimentos, obra social, útiles escolares, etc.

“Durante seis años pagó lo que quiso”, denunció Subizar, insistiendo en que el juzgado de Familia de Alegre –en Agosto del año pasado, la jueza fue ascendida a Camarista-, tardó 6 años en dictar una sentencia –que para cualquier otro caso toma menos de 6 meses. “En 2014, se dicta la sentencia definitiva (con una cuota de alimentos) de 13 mil pesos, Florentín se escandaliza, apela, pagó una vez y nunca más pagó. Ni siquiera cumplió lo que le ordenó jueza”, subrayó la abogada, recordando que la Cámara le reduce “la cuota alimentaria a la mitad” ($6500), en 2016 “y vamos a la cuestión judicial”.

“Después de mucho peregrinar, en 2017 logro que lo incluyan en el Registro Provincial de Alimentantes Morosos. Pero no hubo ningún tipo de resultado. Se había notificado a los organismos (para entonces, Florentín estaba ejerciendo su cargo actual de Secretario de Gobierno), pero él seguía ejerciendo”, denunció Subizar, revelando que la municipalidad de Posadas y el intendente Joaquín Losada, fueron informados legalmente de la inclusión del funcionario en el Registro. Cabe aclarar que la ley provincial que crea el Registro, prevé que ninguna persona pueda ejercer cargo público mientras siga siendo un Alimentante Moroso registrado.[/vc_column_text][vc_column_text]Asimismo, Subizar subrayó que “esta plata no es mía es de una menor, no interesa mi cuestión económica y social, sino que ambos estamos obligados (a cumplir). Se libró el oficio judicial por el embargo, pero el abogado de él es (Cristian) Lambert (actual secretario de transporte), se ve que tiene llegada a la justicia. El Registro es una prebenda de prohibiciones que impide ejercer cargo público, tener registro de conductor y hasta salir del país, aunque esto nunca se cumplió. En cambio, el embargo, la ejecución de la deuda, es aparte. Se libró el embargo (del sueldo de Florentín) y jamás depositaron”, denunció Subizar, apuntando a un gravísimo incumplimiento de la intendencia de Joaquín Losada.

“El municipio tiene obligación de retener el sueldo y no lo cumplió”, dijo Subizar, advirtiendo que el municipio “sigue perjudicando a la niña de Florentín”, al beneficiarlo con una licencia “sin goce de haberes”, –lo que en la práctica, significa que no pueden ejecutar el embargo sobre el sueldo del funcionario.

“En vez de sancionarlo, lo benefician con una licencia, en detrimento de una menor”, bramó Subizar, apuntando a la complicidad de la intendencia con la violencia económica.

En otro tramo saliente de la entrevista, Subizar reveló que en 2013 tuvo que mudarse a Buenos Aires para tratarse un cáncer, y fue convocada por el juzgado de familia (de Alegre), a una “audiencia de conciliación”, so pena de multa, si no se presentaba.

“El juzgado sabía de mi situación, porque lo informé para que no piensen que abandoné a mi hija. Y me citan a pedido del ingeniero Florentín, sabiendo que estaba más muerta que viva, bajo pena de multa. Eso fue extorsión”, sentenció la abogada, añadiendo que tuvo que pagar 20 mil pesos para que el expediente pase al Superior Tribunal de Justicia de Misiones –por la apelación al fallo de Cámara que redujo la cuota alimentaria-, y todo para que fallen, después de 11 años, “que el juicio se realice nuevamente”.

Sobre el final de la entrevista, Subizar reveló que jamás estuvo mal asesorada, sino que no pudieron hacer nada por el blindaje judicial del que goza Florentín. “Primero estuve representada por Claudia Leiva, luego Marcelo Armanini, después Sebastián Noguera, y luego Andrea Silvana Jiménez (la actual diputada provincial de la Renovación). Son excelentes profesionales pero la justicia me cerró las puertas”, sentenció la abogada.

Por su parte, el hermano y actual abogado de la ex pareja de Florentín, Subizar, advirtió que tanto el incumplimiento de deberes de funcionario público y el abuso del poder, “están penados por la ley”, y en este caso, hubo “abuso de poder” y presunto encubrimiento por parte de la justicia.

“Hablo de fines extorsivos, encubrimiento y abuso de poder, porque Florentín no sólo me pasaba una cuota alimentaria que sería la de un albañil. Me echó de las empresas, me echó de la asesoría del Mercado Central. Buscaba insolventarme. Por el ejercicio abusivo del poder. Creen que tienen derechos sobre las personas. La realidad es esta. Me ha denunciado penalmente para que me lleven presa. ¿Qué puede aclarar Florentín si está inscripto en el Registro? Sólo puede resolverlo pagando. Porque ver a la hija no la ve. Hace muchos años que no tiene contacto (con su hija)”, remató.