BUENOS AIRES. Este viernes se conoció la imputación del fiscal federal Ramiro González contra la Intendente “camporista” de Quilmes, Mayra Mendoza y ex funcionarios kirchneristas por el presunto desvío de fondos por $ 535 millones a un conjunto de cooperativas que se encuentran relacionadas con integrantes del municipio.

“En el estado en que se encuentra el presente proceso insto el ejercicio de la acción penal contra Sebastián Raspa, Mayra Soledad Mendoza, Martín Bordalejo, José Alejandro Scozzari, Romina Cangelosi, Alejandro Gandulfo y Cecilia Soler”, sostiene el dictamen al que accedió Clarín y que impulsó la investigación.

De acuerdo con el diario nacional, a Mendoza y sus ex funcionarios los investigan por presunta malversación de fondos públicos y negociaciones incompatibles con la función pública.

Esta causa que abrió el fiscal González comenzó con la información publicada en el sitio web El Disenso, donde se informó que los aportes a las cooperativas fueron organizadas por “Sebastián Roberto Raspa, Subsecretario de Hábitat del municipio bonaerense de Quilmes, quien junto a su socio y ex funcionario quilmeño Martín Bordalejo, administran una interesante cartera de cooperativas y sociedades anónimas”.

Según la Justicia, de la investigación surge una estructura a través de la cual “fondos nacionales que se le entregaban al municipio de Quilmes se utilizaron para pagarle a cooperativas cuyos titulares son Raspa y Cangelosi”.

Asimismo, en el dictamen la fiscalía sostuvo que los dos ex funcionarios habrían participado de las siguientes organizaciones: “Federación de Cooperativas de Trabajo 1ª De Mayo Ltda, Cooperativa de Trabajo La Estrella Ltda, Cooperativa de Trabajo Para El Futuro Ltda, Cooperativa de Trabajo Progreso Ltda, Cooperativa de Trabajo Hasta La Victoria Siempre Ltda, Cooperativa de Trabajo Ruben Rodríguez Ltda, Cooperativa de Trabajo Barrio Unido Ltda, Cooperativa de Trabajo La Unión De Azul Ltda y Cooperativa de Trabajo Imprenta 19 de Febrero Ltda”.

Así pues, las sospechas apuntan que la maniobra tuvo lugar durante los 14 meses transcurridos entre diciembre de 2020 y febrero de 2022. Es decir, en plena gestión de la militante de “La Cámpora” Mayra Mendoza, al frente del municipio quilmeño.

Uno de los casos analizados por el Ministerio Público Fiscal, es el de “La Estrella, Unión Azul y Progreso”, cooperativas que “recibieron del municipio de Quilmes un total de 535.265.793,58 millones de pesos. Esto implica una recaudación mensual de 38,233,270.97 pesos.”

Cabe subrayar que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública de Quilmes, donde trabaja el subsecretario Raspa, concretó esas contrataciones para la limpieza de plazas y otros espacios públicos en la ciudad.

En las resoluciones que adjudicaban esos fondos, Raspa resaltó, por ejemplo, la “experiencia” de la cooperativa La Estrella. Sin embargo, a esa entidad la inscribieron apenas veinte días antes de la primera contratación. Además, se resaltó que las contrataciones millonarias llevaban la firma de Mayra Mendoza.

Por otra parte, el entramado del dinero que fluía a las cooperativas que estarían ligadas a Mendoza, tendría un capítulo en el exterior, donde posiblemente se lavaban los activos. Según Clarín, la estructura de manejo de fondos para tareas de recolección de residuos y mantenimiento de espacios verdes incluyó también a Bordalejo -socio de Raspa- quien inscribió en Estados Unidos las empresas Raspa Investments LLC y Borda Investments LLC. Ambas fueron dadas de alta el día 5 de noviembre de 2020 en el registro de empresas de Miami.

En esta línea, el fiscal González planteó en su dictamen que, a este conjunto de cooperativas, les habrían pagado la suma de $ 535 millones de pesos. Y destacó que “Raspa tendría tres offshore en Miami, donde derivaría el dinero público, en las cuales figuraría como Director Bordalejo, quien también sería funcionario municipal, socio y amigo de Raspa”.

Cuando la noticia llegó a los medios de prensa Mayra Mendoza se autodenunció en la justicia de Quilmes sosteniendo su inocencia, Raspa presentó su renuncia. La intención de la alcalde “camporista” era que el caso lo investigue la justicia local.

Para el dictamen del fiscal, queda en claro que la justicia debe investigar el tipo de vínculo entre Raspa y Mendoza con relación a estos contratos a Cooperativas. De acuerdo con el dictamen “las siete cooperativas de Raspa han obtenido una gran cantidad de contratos a raíz de su amistad con Mendoza, que a sabiendas de eso le autorizó los contratos descuidando los fondos públicos que debe administrar”, manifestando que tales fondos no sólo eran direccionados hacia las referidas cuentas offshore, sino que también eran “para hacer caja para su agrupación política La Cámpora”.

Con la apertura de la investigación, el fiscal impulsó una batería de medidas. Solicitó un análisis del padrón de entidades del sitio web del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social “con el objeto de conocer dirección, teléfono, mail, cuit, fecha de inscripción, actividad y todo otro tipo información”.

Por otra parte, el fiscal pretende dilucidar los datos de cada una de las cooperativas involucradas en la maniobra, por lo que se pidió al juez Ariel Lijo que requiera al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) si ante ese organismo se han efectuado denuncias que involucren a alguna de las referidas cooperativas.

El fiscal también quiere que se informe “todas las cooperativas en las cuales figuren como miembros Sebastián Raspa, Romina Cangelosi, Martín Bordalejo y José Alejandro Scozzari. Asimismo, en caso de haberse detectado patrones comunes entre las cooperativas” bajo investigación.