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La ANSES sigue sin pagar 80 mil sentencias firmes por juicios de jubilados

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En momentos en que se confirma que el organismo que conduce la “camporista” Fernanda Raverta, continuará pagando la doble pensión de Cristina Kirchner, por $2,5 millones mensuales se conoció que hay 80 mil juicios que siguen impagos. Este año el Gobierno redujo la partida presupuestaria para pagar estos juicios.

La ANSES sigue sin pagar 80 mil sentencias firmes por juicios de jubilados

BUENOS AIRES. En las últimas horas, se confirmó que la Administración Nacional de la Seguridad Social, el organismo que preside la “camporista” Fernanda Raverta, no apelará el fallo que permite a la vicepresidenta Cristina Kirchner, cobrar 2,5 millones de pesos mensuales por su doble pensión –como ex presidenta y como viuda del ex presidente Néstor Kirchner–, se conoció también que el gobierno redujo la partida presupuestaria para pagar juicios y que unos 80 mil jubilados aguardan cobrar los juicios ganados al organismo, que ya están con sentencia firme.

Según informó Clarín, en distintas instancias judiciales, ya existen 268.998 juicios de jubilados. Así lo consigna el último Informe al Congreso del entonces Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero en julio de este año. De estos, se estima que en 80.000 causas hay sentencias firmes que aguardan el pago de ANSES. En ese marco, cabe subrayar que en el proyecto de Presupuesto 2022 se reduce la partida para la cancelación de sentencias de jubilados y pensionados.

De acuerdo con el informe, desde Enero a Septiembre de este año, la ANSeS canceló 39.671 sentencias de jubilados. Así volvió a los niveles de 2019. Por entonces, en el último año de Cambiemos en el gobierno, en 9 meses de ese año, habían abonado 38.303 sentencias.

Años sin el pago de sentencias, muchas veces empantanadas en la Corte Suprema

En un proceso que toma varios años y habiendo obtenido sentencia favorable, decenas de miles de jubilados y pensionados esperan que puedan figurar en la lista de los pagos de la ANSeS. Y que el importe de la cancelación sea el correcto. De lo contrario, deben iniciar un nuevo juicio por “mala liquidación de sentencia”.

Asimismo, miles de jubilados esperan que la Corte Suprema resuelva las nuevas demandas y fallos de primera y segunda instancia que se acumulan desde comienzos de 2018 en relación al retroceso de los haberes producidos por las modificaciones en la movilidad previsional en perjuicio de los haberes de jubilados y pensionados durante los gobiernos de Mauricio Macri y de Alberto Fernández.

Debido a que la Corte no tiene plazos para expedirse, las demandas de los jubilados continúan “cajoneadas”. Ello a pesar de que jubilados y pensionados, son un grupo de alta vulnerabilidad sanitaria y económica. De hecho, son el grupo etario con menor esperanza de vida.

Reducción de las partidas presupuestarias para el pago de sentencias judiciales

Sin embargo, el problema es aún más grave porque el proyecto de Presupuesto 2022 enviado por el Ejecutivo que encabezan Alberto Fernández y Cristina Kirchner, prevé destinar una menor cantidad de dinero al pago de esos fallos judiciales. En cambio, habrá una partida mayor para la cancelación de las sentencias de los pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Mientras que en el Presupuesto 2021 la partida destinada al pago de sentencias de fallos adversos en materia previsional, era de $ 91.277 millones, en el Presupuesto 2022, la suma cae a $80.086. Esto representa una baja nominal del 12,3%. Pero si se considera la inflación oficial para el año próximo del 33%, en términos reales la caída se eleva al 34%. Y equivalente a unos $ 40.000 millones.

En tanto, la partida para las sentencias de retirados y pensionados de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad, incluido el Servicio Penitenciario Federal, que en 2021 era de $ 39.329 millones, para 2022 se eleva a $ 60.148 millones. Es decir, un 52,9% nominales por encima de la inflación.

Si se suman ambas partidas, en 2022 para las sentencias habrá un total de $ 140.224 millones. Dada la inflación, es una suma inferior a los $ 130.606 millones de 2021.

Según la ley previsional, las sentencias firmes deben ser canceladas dentro de los 120 días. Eso incluye el pago de la retroactividad desde dos años anteriores al inicio del juicio y el reajuste de los haberes corrientes. Pero eso no se cumple porque ANSeS abona todos los años la partida que marca el Presupuesto Nacional.

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