BUENOS AIRES. La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó habilitar la feria judicial de enero para tramitar un amparo colectivo de un grupo de 27 ciudadanos bonaerenses que cuestionan el pase sanitario, que se puso en vigencia en territorio provincial el último 21 de diciembre pero que, desde el 1 de enero, ya rige a nivel nacional.
De acuerdo con Infobae, se trata de la habilitación para aquellos que quieran asistir a ciertos lugares públicos y cerrados en actividades consideradas de riesgo epidemiológico. Esas personas deberán demostrar que tienen el esquema completo de vacunación.
Según se desprende del primer fallo del 2022, el presidente de la Corte Horacio Rosatti rechazó analizar en este momento el planteo contra el pase sanitario. “La petición mediante la cual se solicita al Tribunal la habilitación de la feria judicial no justifica suficientemente la aplicación del art. 4° del Reglamento para la Justicia Nacional, razón por la cual corresponde denegarla”, se escribió en el fallo.
Ese artículo es el que establece que “en enero y en la feria de julio los tribunales nacionales de feria despacharán los asuntos que no admiten demora”.
La presentación de amparo llegó a la Corte Suprema en las últimas horas, enviado desde el juzgado civil y comercial número 5 de San Isidro. La secretaria de ese tribunal le remitió un oficio al presidente de la Corte con la resolución de la jueza Ángela Ortolani, quien decidía declararse incompetente ante el amparo presentado por un grupo de 27 habitantes de la provincia de Buenos Aires contra el pase sanitario de la provincia.
Los argumentos de la Corte Suprema Bonaerense
Ante la acción de amparo, la jueza Ortolani resaltó que la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires ya había decretado su competencia para actuar en estas causas hace solo dos semanas. El máximo tribunal de Justicia provincial analizó en ese momento dos amparos contra el pase y los rechazó.
“Claramente se trata de una regulación tendiente a la protección de la salud pública como bien jurídico primordial, a la prevención de la propagación de nuevas variantes del virus SARS-CoV-2 y, también, al fomento de la vacunación como medio comprobadamente eficaz para eliminar o mitigar ese flagelo”, dijo la Corte bonaerense. “No puede perderse de vista la finalidad de la norma atacada, dictada en el marco de una emergencia sanitaria sin precedentes que lejos está de haber concluido”.
Y añadió: “la exigencia de acreditar un esquema de vacunación completa tiene en miras, entre otros horizontes, limitar la concurrencia de personas no vacunadas, o con esquemas de vacunación pendientes, a lugares donde se desarrollan actividades de elevado riesgo epidemiológico y que, por su naturaleza, implican mayor posibilidad de contagio para la población”.
Aun cuando la Corte bonaerense, ya había declarado su competencia y se había pronunciado en estos términos, la jueza de San Isidro entendió que el tema tenía que pasar a la justicia federal porque implicaba al Estado Nacional.
En ese contexto es que el caso llegó directamente a la Corte Suprema. Y, en una resolución de un párrafo, el juez Rosatti rechazó abrir la feria para analizar la solicitud de amparo.
