BUENOS AIRES. El gobierno de Alberto Fernández podría beneficiar a la ex presidenta y actual vice, Cristina Kirchner, a través de un recurso judicial que haría caer el juicio oral y público por el direccionamiento de la obra pública de Santa Cruz, en la conocida Causa Vialidad.
La presidenta del Senado había declarado durante más de tres horas en el marco de su indagatoria en este juicio, afirmando que “la Historia ya me absolvió”. Sin embargo, muy posiblemente no necesita una absolución de la justicia, si la UIF (Unidad de Información Financiera) y la OA (Oficina Anticorrupción), ahora controladas por el Frente de Todos, desisten de realizar la acusación final antes de que haya sentencia
Según publica Clarín, el eje central de la defensa de Cristina Kirchner – acusada de ser jefa de una asociación ilícita por haber direccionado la obra pública a favor del empresario K, Lázaro Báez – sostiene que toda la causa responde a una operación política, que no hay argumento jurídico para la imputación y que detrás de todo se esconde el “lawfare”, la supuesta doctrina de persecución judicial a dirigentes opositores.
La maniobra para hacer caer el juicio de Vialidad contra Cristina
Pero ahora será el mismo gobierno que integra la vicepresidenta el que deberá decidir si en la instancia de alegatos, es decir, de las acusaciones finales antes que el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) dicte su sentencia. De acuerdo con Clarín, en este punto el juicio podría empantanarse si los organismos del Estado que son querellantes en el caso, deciden no realizar ninguna acusación.
A esta instancia se llegará cuando concluyan las más de cien declaraciones testimoniales pautadas, entre ellas la del propio Alberto Fernández. Es que el ahora mandatario nacional, era jefe de Gabinete y tenía a su cargo la ejecución de las partidas presupuestarias, cuando se adjudicaron los contratos al Grupo Austral de Lázaro Báez.
El rol de la OA ahora manejada por Justicia Legítima
Con el cambio de gobierno, en el juicio de Vialidad, ahora es la administración “albertista” es querellante a través de la Oficina Anticorrupción. Este organismo ahora lo preside el kirchnerista Félix Crous, el ex fiscal y uno de los fundadores de la agrupación judicial K, “Justicia Legítima”. Su rol es clave para la suerte de Cristina: si decide en la etapa de alegatos no mantener la acusación, el juicio podría iniciar un laberíntico camino hasta correr el riesgo de caerse.
En la última audiencia del juicio durante diciembre de 2019, la defensa de la ex presidenta adhirió a un pedido de una de las defensas para apartar a los letrados de la OA y de Unidad de Información Financiera (UIF) que continúan de la anterior gestión. Laura Alonso en la OA, y Mariano Federici en la UIF venían impulsando el expediente de Vialidad.
De acuerdo con declaraciones del nuevo jefe de la OA, Félix Crous a Infobae, su idea es “tener una continuidad en los juicios en desarrollo” y que continuarían los mismos abogados que vienen trabajando en los casos, “ellos tienen su estrategia y su responsabilidad profesional”. Pocos de los que tienen acceso a la causa, creen que una OA presidida por “Justicia Legítima”, avance contra Cristina Kirchner en una causa percibida como parte del “lawfare”.
También la UIF podría desistir de la acusación
Lo mencionado con la OA, es decir, que se mantengan las querellas, pero en instancia de alegatos no formular ninguna acusación, también vale para la UIF (Unidad de Información Financiera), que, hasta finales de enero, continuará a cargo de Mariano Federici. El Presidente postuló como su reemplazo a Carlos Cruz, ex presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, cuyo pliego fue impugnado por Elisa Carrió por su cercanía a Víctor Santa María, el jefe del PJ porteño e íntimo de Alberto Fernández.
En caso de que ambas querellas no formulen acusaciones, el TOF 2 sólo podrá dictar sentencia si la fiscalía a cargo de Diego Luciani acusa. De así ocurrir, la misma deberá ser sostenida por el fiscal ante la Cámara de Casación y en caso de resultar respaldada, puede ser apelada por los abogados defensores ante la Corte Suprema de Justicia.
Ante el Máximo Tribunal la intervención del Ministerio Público Fiscal queda en cabeza del Procurador. Es decir, podría quedar en manos del por ahora juez federal Daniel Rafecas propuesto para el cargo por el Presidente Fernández. Si él no la sostiene, el juicio corre “un marcado riesgo de caer porque se trataría de la única acusación para sostener una sentencia en caso de ser la misma desfavorable para los acusados”, indicaron fuentes judiciales a Clarín.
El juicio contra Cristina Kirchner, Julio De Vido y José López
Cabe recordar que en el primer juicio por corrupción que enfrenta la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner está imputada como jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado en $ 46.000 millones, que es el monto que recibió según una auditoría de Vialidad Nacional en la que se basó parte de la investigación, Lázaro Báez.
Según la fiscalía, de los 51 contratos viales que llevaron al banquillo de los acusados al empresario K, a Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López y a doce personas más, la mitad quedaron inconclusos. Y, de acuerdo con la acusación, estos contratos se adjudicaron con sobreprecios promedio del 65%. Por otro lado, se determinó que en varios concursos sólo se presentaron sólo empresas del Grupo Austral “simulando licitaciones”.
