[vc_row][vc_column][vc_column_text]¿Cómo está el sistema judicial de Misiones y el país? El Juez Correccional y de Menores César Jiménez analizó la situación del tercer poder, junto al abogado Eduardo Paredes y la activista Lidia Pérez.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”100232″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]El magistrado César Jiménez se refirió a la excarcelación otorgada el 5 de abril a Lucía del Carmen Olmo y su hijo Fabio Gustavo Durán, “los transportistas” que llevaban ocho años privados de su libertad, sin sentencia firme, por un delito de abuso de menores.
La decisión fue tomada por unanimidad por el Tribunal Penal Dos de Posadas, que integra junto a los jueces subrogantes César Yaya y Marcelo Cardozo, causando críticas de la sociedad, a favor y en contra de la medida. Actualmente la causa se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación a la espera de su revisión.
“Debemos atenernos a lo que dice la ley. El principio de inocencia solamente se rinde ante una sentencia firme”, explicó Jiménez en Misiones Cuatro, agregando que el efecto del veredicto condenatorio se interrumpió en este caso porque estaba siendo revisado.
Por otro lado también analizó el funcionamiento de las prisiones en el país, puntualizando que “las cárceles son un depósito” de personas. “Se cree que el agravamiento de las penas es la salida ante la inseguridad. Esto es un error”, expresó.
Con respecto a los delitos sexuales, consideró necesario “revisar las legislaciones y el código penal”, argumentando que actualmente resulta “mucho más penalizable el robo simple que el abuso simple”.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Por su parte, Lidia Pérez –que pertenece a la Secretaría de Políticas Antirrepresivas de la Federación Argentina de Lesbianas, Gay, Bisexuales y Trans (Falgbt)– comentó que se encuentra en Posadas para apoyar a Mayra Magdalena Patricia Bogado, una mujer trans de 39 años que preside la Asociación de Travestis Misioneras (ATMIS).
Señaló que Mayra finalizó este martes una huelga de hambre que mantenía hace días por el agravamiento de las condiciones de detención en la Unidad Penitenciaria V Correccional de Mujeres, donde se encuentra con prisión preventiva hace un año y seis meses por una denuncia de abuso sexual a un menor. Había adoptado esta medida porque no le proveen su tratamiento antirretroviral de forma regular y para exigir su liberación. En ese sentido, Pérez sostuvo que no hay pruebas en su contra para seguir presa.
“Mayra es una de las chicas trans que está detenida y a nadie le importa. La justicia tampoco se ocupa. Las cárceles hoy son depósitos de personas olvidadas de la sociedad”, remarcó.
Además señaló que hacen falta “debates serios” sobre los casos de violencia sexual. “En las cárceles no hay tratamientos para delitos sexuales y los pocos que hay no tienen financiación”, enfatizó.
Asimismo coincidió con el abogado penalista Eduardo Paredes en decir que el tratamiento de nuevas leyes para endurecer las penas “está manejado por los medios”.
Paredes sostuvo que en las prisiones hay muchos condenados por abusos de menores “sin pruebas”. Una vez judicializada la denuncia de abuso sexual infantil, el niño o la niña va a un interrogatorio a través de la Cámara Gesell, un método que presenta “muchos errores”, según opinó Paredes.
“Este gobierno actual -el anterior también- construye todo un discurso sobre la criminalización”, manifestó.
Agregó que “en diez años se han presentado tres proyectos de reformas del Código Penal” y consideró que “los medios construyen temores” sobre los cuales “trabaja la clase política”.
En el debate, todos coincidieron que las leyes son el marco formal que no debe extralimitarse cuando se adopta cualquier medida.
vb[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_facebook type=”button_count”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_tweetmeme][/vc_column][/vc_row]
