BUENOS AIRES. Este viernes se conoció el fallo del juez federal Sebastián Casanello, quien rechazó el pedido de la Vicepresidente Cristina Kirchner para ser sobreseída en el tramo de la denominada “Ruta del dinero K” donde se encuentra imputada. Según la resolución del magistrado, aún hay medidas de prueba en curso, la investigación no está agotada y se debe seguir analizando el rol de la ex Presidente en las operaciones de lavado de dinero del empresario Lázaro Báez, su ex socio comercial.

De acuerdo con Clarín, Cristina Kirchner buscó quedar desligada de la causa que le valió a Lázaro Báez una condena de doce años de prisión. Se lo acusó de haber lavado 55 millones de dólares entre 2010 y 2013. Su pedido de sobreseimiento fue sostenido por la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ambas querellantes en el caso, pero, desde 2019, bajo la administración de funcionarios kirchneristas.

Después de la opinión del fiscal Guillermo Marijuan, que se opuso a cerrar la investigación, el juez Casanello sostuvo en su resolución: “No considero correcto, como director del proceso penal, mutilar vías de investigación abiertas. Si en su momento se consideraron útiles y pertinentes, no hay una razón válida para revisar hoy -por el mero paso del tiempo- ese criterio. Por eso, insistiré y esperaré sus resultados”, sostuvo el fiscal.

Cristina “mantenía un vínculo con su consorte de causa” lo que permitía “afirmar su participación en las acciones de lavado”

Así, el juez Casanello sostuvo que la investigación no está agotada y que, en consecuencia, la Vicepresidente debe continuar bajo investigación. La medida representa un fuerte revés judicial para Cristina Kirchner y sus hijos Florencia y Máximo Kirchner -este último goza de fueros por ser diputado nacional-, quienes también están procesados en otra causa vinculada a la Ruta del Dinero K, la denominada Hotesur – Los Sauces.

En esta causa, a Cristina la indagaron el 18 de septiembre de 2018, por pedido de la AFIP, la UIF y la Justicia. Cuando pidió que sea citada a declarar, Marijuan sostuvo que durante la investigación se comprobó que “mantenía un vínculo con su consorte de causa” lo que permitía “afirmar su participación en las acciones de lavado por las que el nombrado Báez y otros imputados ya habían sido indagados”. Por entonces, la Vicepresidente declaró y también sumó un escrito, en el que señaló “no haber tenido participación alguna en los hechos que le fueran imputados”.

La falta de mérito que firmó el juez y la condena a Lázaro

Meses después de la indagatoria, en noviembre de 2018, el juez Casanello resolvió que no existía mérito suficiente como para procesar o sobreseer a Cristina, y dispuso diversas medidas de prueba, “cuyos resultados parciales se fueron incorporando en autos”, explicó Marijuan en su dictamen.

Tres años más tarde, el Tribunal Oral Federal 4 condenó a Lázaro Báez a 12 años de prisión por lavar 55 millones de dólares entre 2010 y 2013. En ese expediente, está imputada Cristina Kirchner, pero con una falta de mérito. En ese marco, la Cámara federal pidió al juez que resuelva la situación procesal.

La fiscalía insistió esta semana en que era “necesario, a los fines de completar el cuadro probatorio que permita determinar el efectivo rol que le cupo a la imputada en los hechos investigados, la realización” de un conjunto de pruebas. Marijuan señaló que era “prematuro” cerrar el caso y que “deben agotarse las líneas de investigación”.

Las pruebas que Cristina no quiere que continúen analizándose

En cuanto a las pruebas que se encuentran bajo análisis y que la defensa pidió que no continúen, refieren a declaraciones testimoniales de los empleados y gerentes del Banco de Santa Cruz, que trabajaron con Lázaro Báez. Además, llamadas de teléfonos de cercanos a Cristina Kirchner y personas del Grupo Báez. Es por eso que la Justicia busca probar si existía una relación entre Báez y Cristina, que fue negada por ambos.

Este mismo criterio fue adoptado por el juez Casanello quien indicó que en cuanto a la extensión de las medidas que incluyen un entrecruzamiento de llamados, entre otras cosas, “resulta importante reunir la información necesaria sin desnaturalizarlas. En ese sentido, respecto del entrecruzamiento telefónico, el fiscal ha solicitado -siguiendo las indicaciones del organismo especializado- profundizar la indagación sobre los teléfonos de los colaboradores directos, circunscribiendo un límite de tiempo -octubre de 2010 a abril de 2013-, lo que no luce irrazonable”.

La defensa de Cristina Kirchner había pedido que no se continúe con esta prueba.  Pero la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial (Dajudeco) “deberá encarar dicho trabajo con la mayor premura posible para no incurrir en demoras que atenten contra el derecho de las partes”, expresó el magistrado.

Por otro lado, se refirió al proceso de colaboración entre países, un circuito que fue revelador en este expediente en particular tras la información aportada por Suiza. Sobre este punto, Casanello dijo que “se está requiriendo información adicional, su relevancia no es menor, pues hace al conocimiento o desconocimiento que Cristina Fernández de Kirchner podía tener respecto de las operaciones de lavado atribuidas a Lázaro Báez y su entorno”.

Lavado agravado de 55 millones de dólares entre 2010 y 2013

Lázaro Báez fue condenado por lavar 55 millones de dólares entre 2010 y 2013 -agravado por la habitualidad-, y utilizando su firma insignia, Austral Construcciones. La constructora, fue beneficiada con sendos contratos viales “cargados de irregularidades y con sobreprecios promedio del 65% “. Para de esos fondos que revisten carácter de ilegal, según la acusación, fueron volcados a las maniobras de blanqueo determinó el Tribunal que juzgó al empresario K.

En el escrito, Casanello subrayó que no corresponde, con estas líneas de investigación abiertas, “interrumpir el recorrido de la pesquisa: no sólo debido a que se encuentran en curso medidas de prueba que yo mismo ordené sino porque sigo considerándolas útiles y pertinentes para conocer la verdad y cumplir con los fines del proceso penal”.

La defensa había cuestionado la cantidad de tiempo que Cristina Kirchner lleva imputada y con una falta de mérito sin que se resuelva su caso. En respuesta, el juez dijo que “la cantidad de hechos investigados y su enorme complejidad torna proporcional la producción probatoria ordenada y, en consecuencia, compatible con la duración del proceso, hasta el momento”.