POSADAS. La diputada nacional del Frente Renovador de la Concordia Social, Flavia Morales, anticipó que acompaña el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), presentado por el Poder Ejecutivo nacional, lo que implica un giro de 180 grados respecto de su postura en el debate del 2018. El oficialismo aspira a tratar también el proyecto de los 1000 días, para el acompañamiento a las mujeres que decidan continuar con un embarazo no planificado.

“Hoy decido acompañar y votar a favor de la regularización. Espero que en sus resultados pueda evitar y hacer que nuestras mujeres mejoren su calidad de vida”, reveló Morales y sostuvo: “Estamos ante un tema complejo. Me toca hablar como legisladora y como mujer. Hay una necesidad de una regulación en este sentido”, expresó.

“Desde la votación de 2018 he reflexionado, he analizado. La penalización no logra evitar que muchas mujeres realicen esta práctica, y más aún en la clandestinidad. En efecto, la intervención del Estado, en este momento, es fundamental“, aseguró la diputada “misionerista”.

¿Adujo que votaba en contra de sus convicciones?

Según publicó Parlamentario, Morales prosiguió con su justificación, señalando que “no se trata de lo que yo piense. Sino de lo que está pasando allá afuera. Y estas prácticas clandestinas están ocurriendo aun en pandemia. He entendido que tenemos que optar entre la existencia de una regulación u optar por que las cosas sigan de la misma manera”, afirmó.

“La legalización ha contribuido a disminuir la realización de estas prácticas. Esperemos que esto ocurra aquí también. La penalización no evitó que estas prácticas ocurrieran”, planteó la misionera. A su vez, expresó: “No creo que a ninguna mujer le guste tener que tomar la decisión de abortar. Nadie quiere matar a nadie. A mi me gusta la vida y estoy a favor de ella”, aseguró.

Por otra parte, celebró el proyecto de los “mil días”, al considerar que “es un acompañamiento a las mujeres que deciden llevar adelante su embarazo”.

Este posicionamiento de Morales, generó sospechas en la provincia, por tratarse de una dirigente totalmente alejada de la Campaña Nacional por el Aborto Legal. Y en forma más general, Morales jamás se interesó públicamente por reivindicaciones de género o por la cuestión de la mujer.

De hecho, Morales es una de las dirigentes que se llamó al silencio sobre las escandalosas cifras de las menores de 14 años embarazadas y obligadas a continuar con la gestación en Misiones. O sobre el incumplimiento de la ley ESI (Educación Sexual Integral).

Mientras el sector de las diputadas “verdes” celebra el cambio de postura de algunas de sus pares, en Misiones surgen interrogantes respecto de las motivaciones de Morales. Más aún, teniendo en cuenta que Misiones se declaró una provincia Pro-Vida, hace dos años, con el acompañamiento del presidente de la legislatura, Carlos Rovira, el conductor del Frente Renovador de la Concordia Social. Es decir, el jefe político de Morales.

Por su parte, su par Diego Sartori, anunció que votará “a favor de la vida”, dando a entender que votará en contra del proyecto. Se espera que el jefe de la bancada “misionerista” Ricardo Wellbach también vote en contra. Así, de los siete diputados nacionales por Misiones, dos votarán a favor y cinco votarían en contra. De no aparecer algún otro cambio súbito, ausencias o abstenciones. Los que ya adelantaron su posición son Luis Pastori y Alfredo Schiavoni (JxC), Héctor “Cacho” Bárbaro (FDT), y los mencionados Wellbach y Sartori.

El proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo

La iniciativa mantiene el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 inclusive. Y dispone que fuera del plazo dispuesto se podrá acceder, a través de las tres causales que establece hoy en día el aborto no punible. Es decir, si el embarazo fuere resultado de una violación, si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante.

De acuerdo con Ámbito, el proyecto fija un tiempo máximo de 10 días corridos para que la persona gestante acceda a un aborto seguro tras solicitarlo en los servicios de salud. El proyecto también plantea la atención integral de su salud a lo largo de todo el proceso. Así como el acceso a información sobre métodos de anticoncepción.

Las obras sociales y prepagas deben incorporar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo. Vale decir, la IVE quedará incluida en el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica y en el PMO con cobertura total.

Las penas para los que se nieguen a garantizar el derecho a la IVE

El proyecto contempla también las modificaciones pertinentes al Código Penal para garantizar la despenalización del aborto. Y fija las penas que correspondiesen en caso del no cumplimiento de la ley.

Así, despenaliza el aborto realizado con consentimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana 14 inclusive. Fuera de ese plazo, siempre que se cumplen las causales correspondientes, establece penas de tres meses a un año e “inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena” a la autoridad de un establecimiento de salud, profesional o personal de la salud que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados.

En tanto, el proyecto también fija una pena de “tres meses a un año” a la persona gestante que, luego de la semana 14 “y siempre que no mediaren los supuestos previstos en el artículo 86, causare su propio aborto o consintiera que otro se lo causare”. Y aclara que “podrá eximirse la pena cuando las circunstancias hicieren excusable la conducta. La tentativa de la persona gestante no es punible”.

Los cambios introducidos al proyecto original

El texto final introdujo una serie de cambios al proyecto del Gobierno. Según las “verdes”, buscaron sumar voluntades entre los indecisos de cara al debate en el recinto. Y sobre todo en el Senado, donde un proyecto similar sufrió el revés en 2018.

Uno de los principales cambios tiene que ver con la objeción de conciencia, uno de los puntos más ríspidos del proyecto. Si bien el texto del despacho de mayoría no habilitó la objeción de conciencia institucional, como reclamaba el sector “celeste”, permite que una institución médica pueda excusarse de realizar la práctica en caso de que la totalidad de sus profesionales estén inscriptos como objetores.

En la redacción original se obligaba a que al menos un profesional de la nómina estuviera disponible para realizar las prácticas de aborto en caso de que una paciente lo solicitase. Ahora, tras los cambios, la institución podrá negarse. Pero deberá hacerse cargo de la derivación de las pacientes de forma inmediata y sin dilaciones, a partir de convenios previamente estipulados con otros efectores de salud.