[vc_row][vc_column][vc_column_text]El oficialismo lo hizo en minoría, con el proyecto de Responsabilidad Penal Empresaria. El kirchnerismo se opuso al proyecto y no fue a la reunión de las comisiones. Pero quedará condicionado cuando se trate en el recinto.[/vc_column_text][vc_media_grid grid_id=”vc_gid:1497550098280-df9cf916-8bcc-7″ include=”111347,100422,84290,110213″][vc_column_text]CAPITAL FEDERAL. El Gobierno consiguió un dictamen a la ley de responsabilidad penal para personas jurídicas, un proyecto presentado en octubre y convertido luego en el instrumento elegido por Mauricio Macri para intentar que empresarios de Odebrecht confiesen a quién le pagaron coimas en el país.

Como este miércoles, en el plenario de las comisiones de Legislación Penal y Legislación General, los diputados de Cambiemos volvieron a quedarse sin quórum por la ausencia total del Frente para la Victoria-PJ, pero apelaron a un recurso legal para dictaminar igual. Se trata del artículo 108 del reglamento, que permite emitir despacho con un tercio de los presentes tras esperar media hora que lleguen los diputados.

Habitualmente no se utiliza, porque se entiende que si no se logra consenso en la comisión tampoco se conseguirá en el recinto, pero en este caso Cambiemos tiene otra prioridad: exponer al kirchnerismo en una sesión y en plena campaña electoral.

El resto de los bloques se cuidó de morder el anzuelo. El massismo volvió a estar presente con Mónica Litza y Juan Brügge (aliado de la democracia Cristiana) y anunciaron que presentarán dictamen de minoría. También lo harán el bloque justicialista que lidera el ex titular de la ANSES, Diego Bossio y el Frente de Izquierda y Los Trabajadores.

Desde el FIT, Juan Carlos Giordano se manifestó en rechazo y expresó: “Se está haciendo creer que es para perseguir a las personas jurídicas y contra la corrupción. No se puede decir que va se van a eliminar a los Lázaro Báez y las Odebrecht”. En tanto, Pablo López reclamó que “los cambios del proyecto original son puramente cosméticos”.

La massista Mónica Litza anticipó que su interbloque presentará un dictamen de minoría porque “no nos pudimos poner de acuerdo en el tema de los delitos”. “Vemos con agrado las modificaciones, pero para nuestro interbloque no son suficientes”, sostuvo.

Por el bloque Justicialista, Gustavo Fernández Mendia planteó: “Me hace un poco de ruido que una pena no pueda ser retroactiva pero sí un beneficio”. “Nos preocupa la figura del colaborador eficaz, la intervención del procurador del Tesoro, y que se puedan sanear vicios de actos jurídicos”, señaló el legislador.

“Existía un vacío legal para los grandes hechos de corrupción que se cometieron en nuestro país fueron por la falta de esta legislación”, planteó  la diputada radical Gabriela Burgos, quien preside la comisión de Legislación Penal. “Hemos mejorado la ley y la vamos a tratar lo antes posible”, anticipó el macrista Daniel Lipovetzky, a cargo de Legislación General.[/vc_column_text][vc_media_grid element_width=”3″ grid_id=”vc_gid:1497550461048-96b8a50a-5334-6″ include=”110439,107837,33500,77498″][vc_column_text]Vale decirlo, el kirchnerismo no podrá evitar el debate en medio de la campaña, con ex funcionarios de peso como el ex Ministro de Planificación Federal Julio De Vido –hoy diputado nacional-, entre los que presuntamente recibieron coimas por parte de la empresa constructora brasileña.

La semana pasada los diputados de Cambiemos acordaron con emisarios del Ministerio de Justicia un retoque al proyecto original para permitir que los empresarios de Odebrecht confiesen a quién le pagaron coimas en el país. El presidente Mauricio Macri no quiere que la información la concentre la Procuradora K, Alejandra Gils Carbó.

Para lograrlo, al dictamen se le agregó una cláusula transitoria al proyecto que permitirá confesar ilícitos a empresas por “una vía administrativa”, siempre a cambio una pena menor. Sólo en esos casos intervendrá la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Procuración del Tesoro, a cargo Bernardo Saravia Frías, amigo personal del presidente. De esta forma, no actuará la Procuración General.

Por supuesto, el kirchnerismo puede bloquear el proyecto en el recinto, negándose a dar quorum o votando en contra, pero pagarán el costo político de oponerse a una medida que apunta a conocer a los funcionarios y ex funcionarios que recibieron dádivas de Odebrecht. Y habrá que ver qué posición adoptan los diputados “misioneristas”, Maurice Closs, Jorge Franco, Silvia Risko y Daniel Di Stéfano, y la “camporista” Cristina Britez, quienes hasta 2015 eran acérrimos aliados al gobierno K y sus funcionarios, presuntamente implicados en el escándalo de las coimas.

(Fuentes: Lapolíticaonline y Parlamentario)[/vc_column_text][vc_facebook type=”button_count”][vc_tweetmeme][/vc_column][/vc_row]