“Lo ocurrido en el Concejo de Iguazú fue demencial”

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Lo dijo el presidente del PRO Misiones, Alfredo Schiavoni, en referencia a la decisión de los ediles renovadores que responden al intendente Claudio Filippa, de no acatar una orden de la Cámara de Apelaciones de Iguazú, para restituir la banca al edil Gabriel Llamas. Schiavoni anticipó que presentarán una denuncia penal contra los cinco ediles “filippistas” que votaron “no adherir” a la orden judicial, argumentando que tienen autonomía por sobre la justicia. Los detalles de las agresiones de la patota de Filippa al concejal Llamas, a Schiavoni y al diputado provincial, Miguel Ángel Vedoya, y la tardía intervención de la policía provincial, en esta nota.[/vc_column_text][vc_media_grid element_width=”3″ grid_id=”vc_gid:1543713090378-0176cb28-da59-8″ include=”212840,212839,212841,212124″][vc_column_text]POSADAS e IGUAZÚ. “Lo ocurrido en el Concejo Deliberante de Iguazú fue demencial”, soltó el presidente del PRO Misiones, Alfredo Schiavoni, quien fuera agredido verbal y físicamente este viernes en la sesión deliberativa en la que los ediles que responden al intendente Claudio Filippa, insólitamente votaron “no adherir” al fallo de la Cámara de Apelaciones de Eldorado, que ordenó la restitución “con efecto devolutivo” de la banca al concejal de Cambiemos, Gabriel Llamas.

Schiavoni anticipó que presentarán una denuncia penal contra los ediles filippistas, Juan José Raynoldi, Lucio Schreiner, Héctor Lugo, Ernesto Benítez y Domingo Martínez, por incumplir con una orden judicial, invocando una supuesta “autonomía” que no esgrimieron ante el fallo de primera instancia del juez de Iguazú, Pedro Fragueiro, que apelaron desde el HCD de Iguazú.

En diálogo con misionescuatro.com, Schiavoni explicó que al llegar a la sesión sobre la hora, el viernes a las 11.20, se encontró con una patota de empleados municipales filippistas, que impedían el ingreso a Llamas y sus seguidores. Luego de forcejeos y tras recibir insultos, Schiavoni logró entrar en el Concejo –la sesión es pública- gracias a la seguridad municipal. Una vez adentro, observó que Llamas y sus seguidores lograron romper el cerco humano de la patota filippista, no sin recibir golpes varios en su humanidad.

Según reveló Schiavoni, los ediles renovadores decían que no tenían nada que ver con la actitud de la patota de empleados municipales, aunque, claro está, poco o nada hacían para que se calmen los ánimos. Ante la crítica situación –Llamas fue llevado a la oficina del edil radical Kevin Florentín-, Schiavoni llamó al Ministro de Gobierno Marcelo Pérez, advirtiéndole de la situación.

Tras el llamado, mágicamente aparecieron policías de Iguazú para imponer orden y, tras el compromiso de evitar enfrentamientos, un grupo cercano a Llamas pudo ingresar para que se realice la votación –legalmente improcedente- para definir si restituían la banca o no al edil Llamas.

Insólitamente y con una interpretación bizarra de la normativa legal, los ediles filippistas, con el denunciado Raynoldi a la cabeza, votaron por “no adherirse” a la orden de la Cámara de Apelaciones de Eldorado, que dejaba firme la decisión del juez Fragueiro para restituir la banca a Llamas. Recordemos que el joven edil del PRO – Cambiemos, fue destituido por hacer públicas sus denuncias penales contra Raynoldi y Filippa, por un presunto millonario negociado con ocupaciones de terrenos fiscales.

“Vamos a presentarnos ante la justicia para que se cumpla la orden devolutiva de la Cámara”, anticipó Schiavoni, quien reveló que denunciarán penalmente a los ediles Raynoldi, Schreiner, Lugo, Benítez y Martínez, por infracción al artículo 239 del Código Penal (desobediencia judicial). En paralelo a la causa penal, se solicitará al juez Fragueiro que haga cumplir el dictamen y Llamas sea restituido en su banca. Pero además, se presentará una causa civil por daños y perjuicios contra Llamas.

Consultado sobre lo vivido en la escandalosa sesión, el diputado provincial de Cambiemos, Miguel Ángel López Vedoya, confirmó lo mencionado por Schiavoni, al tiempo que subrayó que, una vez que se presente la denuncia penal, seguramente, “los ediles van a recibir un llamado (de la cúpula renovadora), para que se atengan a derecho. Un llamado que no recibieron hasta ahora”, admitió el legislador.

López Vedoya opinó que la sanción económica que sufra el Concejo por no cumplir con la orden judicial de la Cámara, debería salir de los bolsillos de los ediles filippistas, porque, en caso contrario, lo deberán pagar todos los ciudadanos a través de los impuestos.