[vc_row][vc_column][vc_column_text]La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) sobre extinción de dominio que anunció el presidente Mauricio Macri, “los que tienen que tener miedo son los narcotraficantes, las redes de trata, los corruptos”, porque sus normas “van a respetar todo a las personas honestas y se les va a sacar todo a los delincuentes”.[/vc_column_text][vc_single_image image=”221464″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_column_text]Por su parte, el ministro de Justicia, Germán Garavano, destacó que el DNU instaura “un régimen amplio” por el cual el proceso de extinción del dominio se tramitará en el fuero civil, en forma paralela al penal, donde se invierte la carga de la prueba y el imputado deberá demostrar que adquirió los bienes de modo legal.

Ambos funcionarios formularon declaraciones en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, luego del anuncio de la firma del decreto realizado por el presidente Mauricio Macri, quien señaló que “los criminales tienen que devolver hasta el último bien que se llevaron ilegítimamente. Y que sepan que en la Argentina hoy el que las hace, las paga”.

Bullrich dijo que “hemos hemos hecho la cuenta con el ministro de Justicia y en estos años de gobierno hemos decomisado 23.000 millones de pesos en drogas, campos, inmuebles, barcos”, monto que “es un porcentaje mínimo de lo que podría haberse hecho si hubiéramos tenido este mecanismo rápido, inmediato y eficaz”.

“Así que con esto, los que tienen que tener miedo son los narcotraficantes, las redes de trata, los corruptos, porque acá se les va a respetar todo a las personas honestas y se les va a sacar todo a los delincuentes”, remarcó.

Garavano explicó que el DNU “avanza sobre materia civil y regula a partir del Código Civil y el derecho procesal civil y comercial una forma más ágil para que las fiscalías puedan plantear ante el fuero civil y comercial federal la recuperación de estos activos de las mafias, de la trata de personas, el narcotráfico, los delitos de corrupción y la criminalidad organizada en general”, y agregó que “hemos sido muy cuidadosos de no avanzar sobre las competencias penales”.

“Lo que pretendemos es que la justicia civil pueda avanzar rápidamente, en forma independiente de la justicia penal, para lograr esto que ha reclamado y viene reclamando la gente y que el gobierno ha impulsado proyectos de ley que lamentablemente en estos años no salieron, que es recuperar lo que ha sido en definitiva sustraído de todos nosotros”, puntualizó.

Garavano ratificó que la normativa “solamente se aplica a bienes que fueran adquiridos después de los hechos delictivos investigados, y esto prevé un proceso civil donde se va a discutir con amplitud de prueba, con todas las garantías constitucionales, si una persona es legítimamente propietaria de un bien o no”.

El decreto establece una prescripción para la investigación de los delitos de 20 años, es decir que alcanza a los cometidos en 1999, y no se hizo antes porque, manifestó Bullrich, “objetivamente hace más de tres años que estamos en la lucha por esto, porque todos los días, por la lentitud del proceso penal, se pierden millones y millones de pesos que hubieran podido ser recuperados”.

Bullrich concluyó que en los depósitos de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales “hay una cantidad de bienes que están destruidos, porque pasaron años y años en procesos que nunca se terminan, y esos bienes quedan ahí”.[/vc_column_text][vc_facebook type=”button_count”][vc_tweetmeme][/vc_column][/vc_row]