[vc_row][vc_column][vc_column_text]Un fiscal federal abrió una investigación contra el Presidente, el ministro de Comunicaciones y el abogado que firmó el acuerdo del Gobierno con el Correo, el cual está objetado.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”91254″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]El presidente de la Nación, Mauricio Macri, fue imputado este martes penalmente para ser investigado por el acuerdo que su gobierno firmó con la empresa Correo Argentino, de la familia Macri, por la deuda de la compañía y que fue objetado por una fiscal por abusivo.
El fiscal federal Juan Pedro Zoni imputó a Macri, al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y al director de Asuntos Jurídicos del Ministerio, Juan Carlos Mocoroa, y le pidió al juez Lijo las primeras medidas de prueba para iniciar la investigación.
Zoni consideró que se está ante un caso “en el cual se observa un perjuicio patrimonial multimillonaria en las cartas del Estado”.
El fiscal impulsó así, ante el juez federal Ariel Lijo, la acción penal a raíz de dos de las denuncias que llegaron a Comodoro Py 2002: una impulsada de un abogado particular y otra promovida por la agrupación Nuevo Encuentro.
Existen además otras tres denuncias, que probablemente sean unificadas. La de otro abogado y de diputados del Frente Para la Victoria recayeron en el Juzgado de Rodolfo Canicoba Corral. Mientras, una presentación que realizó la Procuración de Investigaciones Adminsitrativas (PIA) está manejada por el juez Marcelo Martínez De Giorgi.
Los denunciantes sostuvieron que el acuerdo beneficia al propio Macri porque el Correo Argentino es de su familia y las acciones corresponden a dos hermanos y a tres de sus hijos, a quienes les derivó sus acciones en 2009.
Zoni basó la apertura de la causa en los dictámenes que presentó la fiscal Gabriela Boquín en la causa comercial: “la nombrada resulta ser una representante del Ministerio Público Fiscal de la Nación en dichos actuados, por lo tanto ha tenido la posibilidad de tener conocimiento directo de las distintas aristas de los sucesos denunciados”.
“Corresponde investigar el cambio de estrategia del defensa del Estado Nacional en el marco del trámite del Concurso Preventivo, mediante el cual se prestó conformidad a una propuesta abusiva que implicaría un perjuicio fiscal, la cual a su vez se materializó a través de la intervención de un funcionario que carecería de competencia para ello y designado con carácter transitorio”, agregó el fiscal.
En la causa también se investigará el rol del abogado Mocoroa. La fiscal Boquín sostuvo que tuvo una actuación irregular porque firmó un acuerdo cuando no tenía un nombramiento formal para hacerlo.
“Sumado a ello, resulta pertinente destacar que dicho funcionario –Dr. Mocoroa– desarrollo sus funciones a través de un cadena jerárquica que lo vincula con el Presidente de la Nacióm, Mauricio Macri, quien a su vez resultaría beneficiario –de forma directa o indirecta – de la sociedad concursada y por ende del acuerdo suscripto por aquél”, dijo el fiscal.
La penal no será la única investigación. También hará la suya el gobierno porque el procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Balbín, ordenó ayer una auditoría sobre todos los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo que actuaron desde 2001 hasta hoy en el juicio contra el Correo Argentino. (INFOBAE y EL DESTAPE)
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