[vc_row][vc_column][vc_column_text]Según el gobernador de Tucumán, el kirchnerista Juan Manzur, se respetó “el pedido de la familia” para que no se aplique el aborto no punible a la niña de 11 años, violada por la pareja de su abuela, un delincuente de 65, pero “36 horas después pidieron la Interrupción Voluntaria del Embarazo” (ILE). Organismos internacionales de derechos humanos condenaron el accionar del Estado tucumano en este caso, y señalaron que obligar a una niña a continuar con un embarazo, es una forma de tortura. Y la Corte Suprema también rechazó la judicialización del caso, que va en contra del famoso fallo FAL.[/vc_column_text][vc_media_grid element_width=”6″ grid_id=”vc_gid:1551420236540-92649112-b216-4″ include=”218575,226510″][vc_column_text]TUCUMÁN. El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, aseguró hoy que “se hizo lo que la familia solicitó” en el caso de la niña de 11 años que quedó embarazada luego de ser violada por la pareja de su abuela materna y que finalmente fue sometida a una cesárea debido a una resolución judicial que enmarcó el caso dentro de los previstos como abortos no punibles.
El gobernador respaldó el accionar del Ministerio de Salud al sostener que “se hizo lo que la familia solicitó, lo que corresponde, y en el tiempo que lo hicieron”.
La Corte Suprema de Justicia de Tucumán señaló ayer que el comunicado emitido por el Sistema Provincial de Salud (Siprosa) de la cartera tucumana que “menciona que se dará cumplimiento a la Doctrina FAL y a la consecuente interrupción legal del embarazo ‘en procura de salvar las dos vidas’, no refleja lo requerido por la jueza interviniente”.
La magistrada había ordenado en su resolución que “en función de lo peticionado por la niña y su progenitora, y conforme (a la) doctrina pacíficamente aceptada emanada del fallo FAL se continúen los procedimientos necesarios” y desestimado la judicialización del caso.
El fallo FAL de la Corte determinó que los abortos legales (como en el caso de una violación) no se deben judicializar.
Ante ello, el gobernador sostuvo que “primero la familia dijo que quería continuar con el embarazo de esta criatura que había sido violada, pero 36 horas después dijo que quería hacer la interrupción del embarazo, y a partir de ahí se pusieron en marcha los mecanismos necesarios para garantizar esa decisión”.
Manzur explicó que se le practicó una cesárea porque “es una criatura de 11 años y sus órganos no están preparados para un abordaje natural”.
Por otra parte, pidió a la justicia que “le caiga con todo el peso de la ley y que se pudra en la cárcel al violador” de la niña.
También se refirió a la educación sexual en las escuelas y dijo que “se lleva adelante la educación sexual tal cual marcan todas las leyes vigentes”.
En octubre de 2018 perdió estado parlamentario el único proyecto que sumaba a la Provincia a la Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (25.673), sancionada en 2002.
Además, Tucumán es la única provincia que no se encuentra adherida a la Ley nacional de Educación Sexual Integral, de 2008.
La madre de la niña de 11 años denunció el 5 de febrero en la Unidad Regional Este de Tucumán que su hija había sido abusada sexualmente por la pareja de su abuela materna y solicitó de forma verbal la ILE (interrupción legal del embarazo), pedido que reiteró durante la atención médica.
Fue tras llevar a su hija a un Centro de Atención Primaria de Salud (Caps) donde indicaron que tenía un embarazo de 16 semanas.
La niña fue trasladada entonces al hospital del Este Eva Perón, de Tucumán, donde quedó internada hasta la práctica que se le realizó en la madrugada del miércoles cuando cursaba la 23 semana de gestación, por lo que organizaciones de derechos humanos y feministas denuncian una dilación inapropiada.[/vc_column_text][vc_facebook type=”button_count”][vc_tweetmeme][vc_column_text]
Télam
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