[vc_row][vc_column][vc_column_text]La medida fue dispuesta por el juez federal de Morón, Néstor Barral, en Diciembre, pero se conoció el dato en los últimos días. El líder camionero convocó a una marcha contra las políticas económicas del macrismo para el próximo 21 de Febrero. [/vc_column_text][vc_media_grid element_width=”6″ grid_id=”vc_gid:1518632841426-114995a7-d79e-9″ include=”158457,155836″][vc_column_text]CAPITAL FEDERAL. El juez federal de Morón, Néstor Barral, ordenó levantar el secreto fiscal y bancario respecto del líder de Camioneros, Hugo Moyano, su hijo Pablo; su mujer, Liliana Zulet, y sus hijastros Valeria Salerno y Juan Manuel Noriega Zulet, en el marco de una causa donde se los investiga por un presunto lavado de dinero.
El levantamiento del secreto permite que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) entreguen a la Justicia toda la información sobre los investigados.
La causa por lavado contra los Moyano
La medida, publicada hoy por el diario La Nación en bases a fuentes judiciales, alcanza también a las empresas bajo sospecha en esta causa. Se trata de Aconra SA, que se dedica a la construcción; Dixey SA, que produce indumentaria de trabajo y deportiva, y también la Iarai SA, una prestadora médica. Todas vinculadas a la familia Moyano.
En el peor momento de su pelea con Moyano, la Casa Rosada sigue con especial interés el avance de este expediente, una de las causas nuevas que se iniciaron contra él.
Este caso investiga la adquisición de dos propiedades en Parque Leloir. Busca determinar si el dinero utilizado para la compra provino de la sobrefacturación al sindicato de Camioneros de Aconra, Dixey y Iarai.
La denuncia la presentó un funcionario del municipio de Vicente López que dijo haber recibido un anónimo, informó un funcionario del caso. Coincide con los datos de un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF), informe que ya está incorporado a la causa.
El levantamiento del secreto bancario se informó después de la feria
La medida había sido dispuesta en diciembre, pero se mantuvo en reserva hasta la notificación al fiscal, que fue después de la feria. No son pocos los analistas que vinculan la marcha de Moyano contra el gobierno con el avance de las causas judiciales.
Desde luego, formalmente, el poder ejecutivo y el judicial están separados y son autónomos entre sí. En la práctica, las causas judiciales suelen moverse al son de los intereses del poder político de turno. Hasta principios del 2017, los Moyano fueron aliados del gobierno de Macri, pero la relación se resquebrajó en los últimos tiempos.
Moyano pretendería demostrar que aún cuenta con poder de convocatoria y así lograr que el Ejecutivo influya para que se congelen los expedientes. Pero el gobierno ya logró aislarlo gracias a acuerdos con otros jerarcas sindicales identificados con la vieja burocracia de las organizaciones obreras.[/vc_column_text][vc_facebook type=”button_count”][vc_tweetmeme][vc_column_text]
La Nación
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