[vc_row][vc_column][vc_column_text]Miguel Ángel “Tati” López Vedoya, el delegado del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación habló del repudiado corte de pensiones no contributivas. El funcionario remarcó que la medida busca depurar el padrón y terminar con las pensiones entregadas por el kirchnerismo y la Renovación, con fines políticos. Y aseguró que se va a reparar el daño causado a las personas con discapacidad que sufrieron el corte de las pensiones.[/vc_column_text][vc_column_text]POSADAS. El corte de unas 70 mil pensiones no contributivas por discapacidad dispuestos por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en todo el país, causó un repudio generalizado, especialmente se sectores políticos opositores al gobierno de Cambiemos, con lo que el tema entró de lleno en la campaña electoral de este año. Muchas de estas pensiones fueron dadas de baja en Misiones, y en algunos casos, los pensionados efectivamente pueden demostrar que padecen una discapacidad de algún tipo, por lo que la medida es injusta. Sobre este tema, uno de los funcionarios nacionales que salió a hablar públicamente fue el Delegado en Misiones del Ministerio de DDSS, Miguel Ángel “Tati” López Vedoya, quien remarcó que se va a reparar todas las situaciones en las que hubo un injusto corte de los beneficios. Pero insistió en que se busca depurar el padrón de los pensionados con discapacidad y erradicar las pensiones truchas promovidas con fines electorales por el kirchnerismo y la Renovación, desde 2003. “Sabemos que hay municipios (renovadores) con 4 mil habitantes y 1500 tenían pensiones por discapacidad”, disparó López Vedoya, admitiendo que hubo un “error” en la estrategia comunicacional del gobierno, que paga el costo político de la baja de las pensiones.
“Las bajas que se han ido efectuando, se dieron por incompatibilidad o irregularidades que se detectan en revisiones que se hacen normalmente. Desde 2015, dimos de baja 168 mil pensiones y en el 2016, 90 mil pensiones”, remarcó López Vedoya, quien advirtió que en los 12 años de gobiernos kirchneristas, la cantidad de pensiones se multiplicó por 10. “Pasamos de 180 mil a 1.800.000 personas que reciben estas pensiones”, fustigó López Vedoya.
“Acá se entregaron pensiones en locales partidarios. Tenemos municipios con el 38% del padrón electoral, pensionado con invalidez”, denunció López Vedoya, quien puso de relieve que tales porcentajes de pensiones “por invalidez”, sólo se dan en casos de catástrofes o guerras. “Acá la catástrofe fue el gobierno que tuvimos”, ironizó.
Repreguntado sobre los datos correspondientes a Misiones, cuyos 75 municipios son gobernados por el partido de la Renovación K, el funcionario se limitó a decir que se conocen datos nacionales y que no tiene precisiones sobre las irregularidades que se dieron con las pensiones no contributivas (PNC) en la provincia. No obstante, afirmó que hay municipios renovadores con más de un tercio del electorado, cobrando pensiones por discapacidad. “Muchos son ciudadanos, hermanos paraguayos que fueron utilizados electoralmente, pues venían, cobraban y votaban”, bramó el referente de la Ministra Carolina Stanley en Misiones.
“En dinero estamos hablando de 97 mil millones anuales que están destinados a pensiones. No hay un ánimo de recorte sino que se busca que la ayuda llegue a quien realmente corresponde”, puntualizó López Vedoya, en diálogo con MisionesCuatro.
No obstante, el funcionario admitió que pudo haber “en muchos casos”, injusticias con la baja de pensiones a personas que realmente tienen una discapacidad. “Esto lo resuelve la Comisión Nacional (que observa) los casos. Recomendamos a la persona (que sufrió el corte de una PNC) que se acerque al centro de referencia, que presente las pruebas y hacemos un 2pronto despacho para que se pueda resolver y sigan cobrando. De todas maneras, si se define que puede seguir cobrando la pensión, se le compensa con (retroactividad)”, aseguró López Vedoya, insistiendo en que no se cortan las cuestiones de salud por el beneficio observado.
Asimismo, los damnificados por un recorte injusto de las PNC, pueden comunicarse telefónicamente en forma gratuita al 0800-222-3294.[/vc_column_text][vc_media_grid element_width=”3″ grid_id=”vc_gid:1497448938922-6350a5e2-edb2-9″ include=”111000,111026,111025,111024″][vc_column_text]“En este momento estamos haciendo nuevas pensiones”, subrayó el funcionario, insistiendo en que los damnificados deben acudir a la nueva delegación de DDSS de la Nación, sobre calle Ayacucho y Belgrano, en el microcentro de Posadas. “Estamos para reparar las injusticias. En cuestiones sociales este gobierno tiene el presupuesto más alto de la historia”, enfatizó, recordando que se pasó de 8 a 9,3 millones de personas con pensiones sociales, desde la asunción del presidente Mauricio Macri.
Volviendo sobre el recorte de las pensiones, López Vedoya subrayó: “Sabemos que en Misiones, hay municipios con 4 mil habitantes que tienen 1500 personas con pensiones por discapacidad. Se ha hecho un pedido de informe a la Comisión Nacional de pensiones, solicitando datos por municipio, sobre la cantidad de pensiones que tienen”, detalló el funcionario sobre un tema escabroso para los intendentes y ex intendentes de la Renovación.
Los casos más resonantes sobre el reparto turbio de pensiones no contributivas, son los del ex alcalde de Candelaria Carlos Flores –sujeto a una causa penal por las decenas de familiares directos y allegados que cobraban las PNC durante su gestión- y la actual intendenta de Santo Pipó, Mabel Cáceres, denunciada por tener 48 familiares y allegados cobrando pensiones por discapacidad. Al respecto de los casos puntuales, López Vedoya remarcó: “Hemos pedido la información para tener a las claras la realidad. Hubo utilización política (del tema). Este gobierno, lejos de recortar, ha hecho todo lo contrario”, opinó el funcionario, admitiendo que hubo un fallo en la estrategia comunicacional del gobierno nacional.
Curiosamente, el caso puso de relieve un “error” en la estrategia comunicacional del gobierno de Cambiemos, que no instaló el tema del cobro de las pensiones truchas en Misiones, siempre en beneficio de los municipios renovadores, como eje central del recorte de las pensiones. A la inversa, sectores afines al kirchnerismo si lograron utilizar políticamente las bajas de pensiones, instalando la idea de un ajuste y quita de beneficios por parte de Nación.
Por supuesto, si Cambiemos sale a denunciar puntualmente los casos de pensiones truchas de los intendentes renovadores, podría verse en peligro el “pacto de gobernabilidad” entre provincia y Nación. Justamente en un año electoral. Claro que en medio del repudio generalizado al recorte de pensiones a personas que efectivamente padecen una discapacidad, los funcionarios de Cambiemos tienen que salir a defenderse, aunque la defensa llegue un poco tarde y sin denuncias puntuales contra la Renovación.
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