Florentín ejerce como funcionario siendo Alimentante Moroso

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El secretario de gobierno de Posadas, Fabián Florentín, quedó en el centro de los cuestionamientos tras la denuncia pública de su ex pareja, María Gisela Subizar, quien ratificó que el ex edil está inscripto en el Registro Público de Alimentantes Morosos (Ley IV Nro. 31 de la provincia de Misiones), porque adeuda 11 años de la cuota alimentaria de su hija. La denuncia dejó expuesto al ingeniero, que había mentido al negar la deuda en Marzo del año pasado.

POSADAS. Mario Fabián Florentín, el actual Secretario de Gobierno del municipio de Posadas. ex edil y ex diputado provincial de la Renovación, quedó muy expuesto tras la incendiaria publicación de su ex pareja María Gisela Subizar, que presentó en las redes sociales la inscripción del funcionario en el Registro Público de Alimentantes Morosos (Ley IV Nro. 31 de la provincia de Misiones), por que adeuda -según la denunciante- la cuota alimentaria desde hace 11 años.

Hasta el momento, el ingeniero evitó pronunciarse sobre el escándalo, y se espera que salga a dar alguna explicación sobre los incumplimientos y la grave irregularidad de ser mantenido al frente de la Secretaría de Gobierno municipal, estando en el Registro de Alimentantes Morosos.

Hace poco más de un año, el funcionario renovador había negado de plano que existiera tal deuda por la cuota alimentaria de su hija con Subizar, al estallar el escándalo. En diálogo con MisionesCuatro, Florentín había sostenido que se trata de una deuda antigua, que ya había sido saldada.

“Es una situación muy personal, esa deuda no existe. Cuando fue comunicada, ya había sido pagada, presente los comprobantes y estoy esperando que el Juzgado de Familia N°2 informe”, comentó Florentin, el 16 de Marzo del año pasado, al ser consultado por este escándalo.

Nótese que según el planteo de Florentín, pareciera que por tratarse de una “situación personal” no debería ventilarse públicamente.

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Sin embargo, la damnificada -Subizar- no sólo lo desmintió, sino que demás presentó una imagen del documento público que acredita la inscripción de Florentín en el registro de alimentantes morosos.

“Aclaro a raíz de un gran número de llamados telefónicos recibidos por una publicación de un medio público del día de la fecha. El padre de mi hija Señor Mario Fabián Florentín, Secretario de Gobierno Municipal, se encuentra inscripto en el Registro Público de Alimentantes Morosos Ley IV N 31 de esta Provincia desde el año 2017 hasta la fecha. Sin que ningún organismo ni la propia Municipalidad aplique los apercibimientos establecidos por la propia ley”, denunció Subizar, en una publicación que también salpica al propio Ejecutivo Municipal.

“No puede ser funcionario público encontrándose inscripto en el registro. La deuda data de hace 11 años. Impagas a la fecha. Desde ya agradecida por el apoyo general”, fustigó Subizar, dejando en evidencia una grosera irregularidad cometida en el nombramiento y permanencia de Florentín en el cargo.

La denuncia de Subizar, lógicamente tiene un correlato judicial: radicó la denuncia en el Juzgado de Familia Nº2, en la primera circunscripción judicial de Misiones, con el número de expediente 6052/2008. Florentín figura en el registro desde 2017 y el año pasado, esa información llegó a los medios de prensa misioneros.

En Marzo del año pasado, la abogada especialista en Derecho de Familia, María Fernanda Peña, se había referido a este caso y explicó que el juez ordena al empleador, en este caso el intendente Joaquín Losada, el monto que debe embargar del sueldo del deudor; depositarlo en la cuenta del banco para que la madre pueda cobrar todos los meses del 1 al 10 de cada mes.

“Acá no hay solo un obligado moroso. Hay una entidad pública que está remisa y no es la primera vez. Hay que exigir una multa para el empleador (municipalidad de Posadas). Si el padre no cumplió con la cuota alimentaria, es responsable el empleador, el abogado (de Subizar) tendrá que ir contra el municipio”, acotó la letrada.

Por su parte, la abogada y asesora de la CTA Autónoma Roxana Rivas, en Marzo del año pasado, había explicado que Florentín incurrió en violencia de género (violencia económica) en perjuicio de su ex pareja. “Que un padre no cumpla con la cuota alimentaria, tiene muchas veces como trasfondo la violencia económica hacia la mujer, que se queda sola con los hijos cumpliendo con la obligación que es de ambos”, comentó la abogada.

“Que un funcionario figure en el registro de incumplidores es gravísimo. No sólo no cumple con la ley sino que su propia ética personal es bastante débil”, subrayó Rivas, por aquel entonces. Al tiempo que insistió en que la deuda en las cuotas alimentarias son “un signo claro de violencia familiar y doméstica, desde la perspectiva de género”.

Pero además, Rivas puso el énfasis en la connivencia del municipio de Posadas, en el no pago de la cuota alimentaria correspondiente. “Para que haya un incumplimiento de esa naturaleza, tuvo que haber alguien que evitara los descuentos”, remarcó la abogada, apuntando a una complicidad del municipio en no hacer llegar a Subizar, el dinero correspondiente a su hija. De hecho, según Rivas, es una práctica habitual de los morosos alimentarios, acordar con los empleadores maniobras para no cumplir con las cuotas.

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En tanto, 11 años después del inicio de la demanda judicial, el pasado 27 de marzo de 2019 se presentó en mesa de entrada del concejo posadeño un escrito informando sobre “el incumplimiento por parte de la Municipalidad de Posadas de lo establecido en la Ley IV Nº 31”, norma que regula el sistema de Registro de Alimentantes Morosos en Misiones y el pago de la cuota alimentaria.

La irregular situación de Florentín y del municipio de Posadas, de por sí es grave, pero ahora tomó mayor relevancia por la denuncia pública de la damnificada, que, recordemos, está reclamando la cuota alimentaria por su hija. Ello pese a que la jueza subrogante del Juzgado de Familia 2, Carmen Carbone, en las últimas horas y sin dar intervención a la alimentada, ni al Ministerio Publico resolvió un supuesto pedido de baja de Deudores Alimentarios incorporado por Fabián Florentín.

De manera insólita y levantando fuertes sospechas de protección política al funcionario machista, la jueza subrogante rápidamente resolvió “levantarle esa inscripción” en el Registro de Alimentantes Morosos. Desde luego, Florentín hace dos años que está inscripto por la jueza original del tribunal de familia 2 (la Dra. Julia Marta Alegre, hoy ascendida a Camarista). Es decir, era infractor al momento de ser designado como Secretario de Gobierno Municipal.

Como sea, la denuncia pública de Subizar, no sólo confirma que Florentín asumió su cargo siendo un Alimentante Moroso -violando la normativa vigente-, sino que además, muestran que el ex diputado provincial incurre en una de las formas más típicas de violencia sexista: la violencia económica contra su ex pareja.

Desidia en el Concejo frente al reclamo contra Florentín

El escándalo, por otra parte, pone el foco sobre los ediles de Posadas, los actuales y los MC, que nunca se pronunciaron públicamente, condenando esta actitud de Florentín y la complicidad del municipio. Ni solicitaron que el funcionario se presente y de las explicaciones pertinentes. Con los concejales renovadores, se entiende por qué lo protegieron a Florentín: por la pertenencia del funcionario al “modelo misionerista”.

En cambio, resulta más difícil entender el mutismo y la complicidad con Florentín por parte de aquellos ediles que han hecho bandera con la cuestión de género, como sucede con la ex Kolina, Natalia Giménez, que recientemente presentó un proyecto para que el municipio se haga cargo de la higiene femenina a través del Programa de Asistencia Menstrual. Evidentemente, para Giménez es importante que el Concejo tenga una perspectiva de género, pero sin condenar a los funcionarios que ejercen violencia económica sobre sus ex parejas.

En cuanto a los ediles de la oposición, este tema no pareció importarles demasiado, ni siquiera por el rédito político que podrían obtener exponiendo este tipo de injusticias de corte patriarcal, en las que incurren los funcionarios y el propio gobierno renovador.

jmm.

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