POSADAS. Luego del escándalo suscitado por una mujer que dijo ante MisionesCuatro, haber perdido un plan social por no poder ir a una protesta, fuentes de este medio conformaron que no habrá denuncias judiciales de los principales dirigentes de organizaciones sociales.

Según el relato de la mujer, no sólo se obliga a los beneficiarios de planes sociales incluidos en cooperativas de trabajo, a acudir a protestas y cortes bajo amenazas de perder el beneficio, sino que además, punteros y dirigentes de organizaciones de desocupados, estarían exigiendo un diezmo para solventar la estructura de las asociaciones.

Pese a la gravedad de las denuncias públicas, los principales dirigentes de organizaciones sociales con presencia territorial en Misiones, no acudirán a la justicia para que se investigue y transparente todo lo referido al manejo, alta y baja de los planes sociales. Es decir, no exigirán que se investigue la denuncia para echar luz sobre la llamada “mafia de los planes”, para así limpiar sus nombres.

Fuentes consultadas aseguraron que los dirigentes no dan entidad a las denuncias y no les interesa que la justicia investigue los manejos de los planes. Por otra parte, tampoco la justicia va a actuar de oficio, al menos por ahora, respecto de este escabroso tema que salpica también al gobierno provincial y nacional. En este sentido, es evidente el papel que juega el fiscal de Estado de Misiones, Fidel Duarte.

La postura del diputado kirchnerista

Uno de los apuntados, el diputado provincial del PAyS y referente , Martín Sereno, el kirchnerista jefe del Movimiento Evita, salió a decir públicamente que las denuncias forman parte de una “opereta” y que en los próximos meses, los medios de prensa “van a tratar de desprestigiar” a su organización.

En el medio de la manifestación de este jueves frente a la Legislatura provincial –Movimiento Evita y la CCC, entre otras organizaciones, exigieron la declaración de la Emergencia Alimentaria-, Sereno llamó a redoblar las marchas y protestas. Pero sin actos de violencia y “cuidándose” de los posibles “infiltrados”.

Este legislador provincial, que, recordemos, percibe una jugosa dieta legislativa de más de $100 mil mensuales, es uno de los que no se presentará a la justicia para que se investigue cómo se manejan los planes sociales en Misiones.

El único dirigente que dio muestras de interesarse por el caso y presentarse ante la justicia, fue el legislador nacional, Luis Pastori. Según anticipó a este medio, presentará una denuncia penal y solicitará un informe en la Cámara baja del Congreso de la Nación.