BUENOS AIRES. La diputada nacional Graciela Ocaña (Juntos por el Cambio) se presentó ante la Cámara Federal de la Seguridad Social con el objeto de que se declare la nulidad del desistimiento efectuado por Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) en el caso de las dos pensiones vitalicias de privilegio, para la vicepresidenta Cristina Kirchner. Ese beneficio concedido por la titular de la Anses, la “camporista” Fernanda Raverta, asciende a los $2,8 millones al mes, con un retroactivo de $120 millones. Esa decisión del organismo “produce un enorme perjuicio al erario público”, advirtió Ocaña.
“Solicito nuevamente se me autorice a intervenir como tercero, ya que el orden público está obviamente comprometido, generándose una situación de gravedad institucional, en tanto aquí se cuestionan circunstancias que exceden el mero interés individual de las partes y afectan de modo directo a la comunidad”, sostuvo la legisladora de Juntos por el Cambio, de acuerdo con Parlamentario.
Denunció un incumplimiento de deberes del funcionario público
En el escrito presentado, con el patrocinio del exdiputado Lucas Incicco, la compañera de fórmula de Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires señaló que “resulta más evidente y necesaria que nunca la protección de los intereses de la sociedad y de los ciudadanos, especialmente los jubilados, en nuestro carácter de representantes del pueblo”.
Para Ocaña, la Anses -por orden de Raverta- incurrió en “un vicio en la voluntad de la Administración”. “Asimismo, destaco que el desistimiento del organismo, produce un enorme perjuicio al erario público, que es el dinero recaudado con el esfuerzo de todos los argentinos, que en nuestro carácter de representantes del pueblo nos vemos obligados a defender, ante la escandalosa actitud de los funcionarios que deberían ocuparse de ello”, enfatizó.
Y apuntó que esta decisión “viene a coronar una cadena de hechos que configurarían un delito por incumplimiento de los deberes de funcionario público, y principalmente por mala administración de los fondos públicos, que será objeto de la denuncia penal pertinente”. Estas declaraciones apuntan directamente a la responsabilidad de la “camporista” Raverta.
Fuertes cuestionamientos a Raverta
Ocaña argumentó que Raverta no podía desistir porque no tenía facultades para hacerlo. Y además, destacó que al no a recurrir la sentencia entendió que no da motivos para su decisión. Asimismo, enfatizó que “nadie podría considerar válido que un funcionario en ejercicio de dicha facultad, autorice el desistimiento de una apelación con el objeto de favorecer a su líder política o a su hermano o a un amigo”.
Según La Nación, Ocaña planteó que no era competencia de Raverta el desistimiento, sino de su superior, que es la Secretaría de Seguridad Social. Y subrayó que la jefa de la Anses debió haberse excusado dado que “ha obrado priorizando a su líder política por sobre los intereses de su país”.
“En vez de defender el dinero de los argentinos, cuya administración se le encomendó, la Directora Ejecutiva decidió disponer de esos fondos en beneficio de su líder política Cristina Kirchner. Así, incumplió indudablemente con sus deberes de funcionaria pública e incumplió en una grave falta al Código de Ética”, sentenció.
