BUENOS AIRES. Después de años de espera, la Justicia brasileña envió a la Argentina pruebas de cómo la multinacional Odebrecht y sus socios en el proyecto para soterrar las vías del tren Sarmiento, pagaron sobornos al círculo íntimo del entonces ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, con el lobista Jorge “Corcho” Rodríguez como intermediario.

Según publicó La Nación, este lunes, las evidencias que remitió la Justicia brasileña incluyen la “delación premiada” del exvicepresidente para América Latina de Odebrecht, Luiz Antonio Mameri. Asimismo, incluyen registros de transferencias bancarias que se canalizaron a través de sociedades offshore y cuentas en paraísos fiscales.

Varias de esas transferencias tuvieron como destino las cuentas de “Sabrimol Trading”. Se trata de una firma radicada en la zona franca de Montevideo. La misma pertenece a “Corcho” Rodríguez, según informó el citado diario, en base a un análisis de testimonios, registros bancarios y documentos oficiales de Uruguay durante los últimos años.

El material llegó a las manos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y del fiscal a cargo de la investigación, Franco Picardi.

Cabe recordar que el soterramiento del Sarmiento, es una de las obras públicas más importantes del país. Está valuada en 1.500 millones de dólares.

La confesión de los sobornos – Soterramiento I

Ese material se encontraba en Brasil, a disposición de la Justicia argentina desde 2017. Sin embargo, trabas burocráticas y ciertas incompatibilidades en las legislaciones de ambos países complicaron el envío formal de todas las pruebas. Ahora, Picardi logró sortear esas trabas y convertirse en el único integrante del Ministerio Público Fiscal argentino que logró acceder al material sobre los sobornos pagados por Odebrecht en la Argentina.

“Yo autoricé retornos identificados hasta el momento por el valor de 2,9 millones de dólares”, admitió Mameri sobre el pago de sobornos, que consta en los videos de su confesión que datan de Mayo del 2018. Según lo que se desprende de las confesiones de Mameri, si Odebrech quería operar en argentina debía acatar las reglas locales. Entre otras cosas, aceptar la cartelización y pagar coimas.

En esas confesiones, Mameri identificó a dos argentinos como supuestos intermediarios. Ellos son Javier Sánchez Caballero, un ejecutivo de la constructora Iecsa, por entonces de Ángelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri. Y el lobbista Jorge “Corcho” Rodríguez. Ambos siempre negaron tales roles ante la consulta de los medios.

Sin embargo, Mameri confesó ante la justicia brasileña, nombres, fechas y cifras con la ayuda de documentos de la empresa que entregó al Ministerio Público brasileño el 1º de diciembre de 2016. Es decir, 12 días antes de sentarse frente a un micrófono.

Dinámica de cobro de certificados de avances y pagos de coimas

Según Mameri, el mensaje que recibieron de los argentinos fue que “no bien el consorcio (ganador del soterramiento del Sarmiento) empezase a recibir pagos por los servicios prestados, el consorcio debía realizar esos retornos”, en una dinámica de ida y vuelta entre los cobros de los certificados de avances de la obra y los pagos de las coimas.

El ex CEO identificó a un alto ejecutivo de Iecsa, Javier Sánchez Caballero, como el primer encargado de comunicarle las condiciones imperantes en la Argentina al entonces número uno de Odebrecht en el país, Rodney Rodrigues. Este, a su vez, le consultó si las aceptaban.

Ante los fiscales brasileños, sin embargo, y lejos de esquivar culpas, Mameri confesó que él autorizó esos retornos. También buscó documentación interna y encontró evidencias por 2,9 millones de dólares, que entregó a los investigadores brasileños del equipo “Lava Jato”. Y verificó con su subalterno en Buenos Aires.

Las coimas en el Soterramiento II

Tras la muerte de Néstor Kirchner, en octubre de 2010, sin embargo, y al igual que pasó con las coimas del proyecto para extender las redes troncales de gasoductos, Odebrecht informó a la Justicia brasileña que detuvo los retornos hasta verificar cuál sería la impronta que seguiría el gobierno de Cristina Kirchner.

Fue entonces cuando, según Mameri, apareció en escena “Corcho” Rodríguez. Se presentó como “interlocutor” del Ministerio de Planificación, para retomar el ida y vuelta entre certificados y retornos, según reveló Mameri.

Las consecuencias penales en Argentina

En abril de 2019, en tanto, el juez Martínez de Giorgi procesó a De Vido, Roberto Baratta y José López, pero dictó la falta de mérito de Calcaterra y “Corcho” Rodríguez, entre otros. Y sobreseyó a familiares de otro intermediario, Manuel Vázquez, resolución que apeló el fiscal Picardi.

Cuatro meses después, en agosto de 2019, los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia anularon la resolución de Martínez de Giorgi. Los entonces camaristas concluyeron que el juez no había desarrollado un análisis profundo de la investigación. Le ordenaron que redoblara sus esfuerzos para acceder a las evidencias que seguían en Brasil.

Desde entonces, todos los acusados quedaron sin una definición procesal, a la espera de una nueva resolución de Martínez de Giorgi. Ahora, una vez que se complete la traducción del portugués del material que llegó de Brasil, el fiscal Picardi dará otro paso. Pedirá sus procesamientos por sobornos.

Sin embargo, la confesión de Mameri tiene otras ramificaciones. Como supervisor general de las operaciones de Odebrecht en el hemisferio, Mameri también autorizó el pago de sobornos en otro de los proyectos que la empresa tenía en la Argentina. Se trata de la construcción de una planta potabilizadora para Aysa en Paraná de las Palmas. Y allí también aparece “Corcho” Rodríguez como uno de los intermediarios.